Sin duda en este tema estamos ante un atropello a los usuarios de servicios públicos y contribuyentes. Resulta incongruente que se me exija cuando compro algo, que pida factura al vendedor, a riesgo de ser sancionado con una multa si no lo hago. Pero el mismo “multador” no me manda el boleto del impuesto al automotor o del inmobiliario. Por cierto hacen lo mismo otros proveedores de servicios.
Primero el abuso y atropello a los derechos, suponer que todas las personas de cualquier edad y condición puede “sacar la factura de internet”. Muchos de quienes nos acercamos a los 80 años no estamos con conocimientos y habilidades para hacerlo. Es humillante que al concurrir a las oficinas que deberían mandar las facturas, un empleado/a, con gesto sobrador, nos diga: “abuelo, pídale a su nieto que se lo haga, ellos saben”. Respuesta imbécil que supone que todos tienen nietos y que aun teniéndolos no quieran depender de ellos. Que aún a esta edad queremos arreglarnos por nosotros mismos.
Es falaz el "ahorro de papel", lo ahorra el cobrador que le traslada la impresión y el gasto al que paga. Es un atropello a nuestros derechos. En el peor de los casos deberíamos ser los que pagamos quienes decidan si queremos o no recibir las facturas y boletas en nuestro domicilio. Me pregunto, la Dirección de Defensa del Consumidor a ¿quién defiende?
José Esteban Onofri
LE 6.891.454
