Mendoza atraviesa una sostenida crisis que incide en el desarrollo de sus instituciones e instrumentos normativos. El supuesto modelo de gestión hídrica que se pregona se encuentra desfasado de los requerimientos de la sociedad.
Atrás quedaron, sin continuidad, las políticas, normativas y estructuras creadas por la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (2009), que sentaron las bases del desarrollo territorial-ambiental, socio-económico y político institucional para el siglo XXI, mediante el Plan Estratégico de Desarrollo (PED) de Mendoza 2030, que previó un territorio equilibrado, equitativo y sustentable, con un enfoque en la gestión integral del recurso hídrico como herramienta básica para el desarrollo estratégico para la preservación, conservación y el uso sustentable de los bienes naturales y culturales.
En este marco político institucional nos encuentra la crisis hídrica actual. Se trata, así, de una crisis de manejo que no es atribuible sólo a fenómenos climáticos externos, como se pretende justificar, Mendoza históricamente ha sufrido flagelos climáticos de todo tipo y ha salido adelante.
Así planteadas las cosas, aparecen desde distintos sectores gubernamentales, sociales y empresarios distintas propuestas para abordar el problema. Se anuncian planes B a Portezuelo del Viento; un Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico en la comisión de Agua y Saneamiento del CEAS; la elaboración de un Plan Maestro de Conservación y Gestión del Agua con financiamiento nacional y la empresa israelí Mekorot; pedidos de autorización para endeudamiento para obras de agua y saneamiento en la cota 1190, lo que posibilitaría un gran acueducto para el piedemonte. El sector empresario también propone planes, hormigón y más subsidios a los productores. Desde distintos sectores sociales se plantea el tema del cuidado de los humedales y la negativa al uso del recurso hídrico en cualquier actividad extractivista.
De lo único que podemos estar seguros los mendocinos, a partir de todos estos anuncios y pedidos, es que no tenemos un plan ni una estrategia en materia hídrica. Instrumentos técnicos e institucionales para construirlo nos sobran. Hay un muy buen diagnóstico técnico y científico, hay un plan de agua de 2020, están los balances hídricos realizados, los planes directrices de cuencas, un observatorio del agua, y numerosas maestrías y especializaciones en temas hídricos, etc.
Ahora bien, ¿es posible un gran acuerdo por el agua en Mendoza?
Consideramos que sí, es muy posible, pero sujeto a tres condiciones esenciales: un gran liderazgo político con una visión integral de Mendoza; la participación real de todos los actores que puedan aportar ideas y soluciones a la problemática; y la consideración y abordaje de algunas dimensiones específicas.
Es claro que el liderazgo es responsabilidad del gobierno provincial. La participación real de todos los actores dependerá de que se ponga en funcionamiento la dimensión institucional en donde se puede canalizar un verdadero diálogo político maduro y representativo. Para ello es necesario que funcionen o haya representatividad de la oposición en la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, en el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial, en la Agencia de Cambio Climático, en el Consejo Provincial de Ambiente, en los Consejos de Cuencas, en el Consejo Consultivo Científico Técnico del Agua, en el Comité Consultivo del EPAS, en el Honorable Tribunal Administrativo del DGI, etc.
Además de las dimensiones políticas e institucionales consideradas, para avanzar en una clara visión conjunta de una geopolítica del agua para Mendoza, proponemos trabajar además sobre estas siguientes dimensiones:
Legal: reformulación participada y consensuada de la Ley de Aguas en aquellos aspectos que no estuvieron contemplados desde su promulgación (manejo conjunto de agua superficial y subterránea, temporalidad concesional, caducidad, tecnificación para el uso, regularización, incentivos, nuevos usos, reasignación, ahorro y eficiencia, uso integral incluyendo el caudal ambiental), bajo los principios de inherencia y equidad social.
Económica: articulación público-privado con incentivos para inversiones en sectores con fragilidad ambiental; reconversión productiva e hídrica priorizando el rendimiento del agua y el valor agregado de los productos obtenidos para generación y distribución de la riqueza; creación de banco de tierras aptos para producción de zonas irrigadas y en ambientes no irrigados; colonización agrícola y productiva; implementación de huella hídrica y del agua en las distintas actividades productivas e industriales; titularización de la tierra; cumplimiento de leyes de Colonización y Arraigo.
Financiera: gestión de financiamiento climático para adaptabilidad a los nuevos escenarios hídricos de la región; reglamentación ley 8152 para obtención de regalías hidroeléctricas para inversión en obras hidráulicas bajo la priorización de las inspecciones de cauces; reconstrucción de las relaciones con organismos multilaterales de crédito a través del Estado Nacional para acceso a subsidios y crédito blandos; Reglamentación de la ley 8051 de ordenamiento territorial a los fines de aplicar los instrumentos financieros previstos en la misma como la plusvalía; creación de un sistema fiduciario público privado para financiamiento de obras de abastecimiento, saneamiento, riego y control aluvional de áreas urbanizables.
Técnica: banco de proyectos evaluados, ponderados y analizados en proceso técnico, socio - ambiental, listos para elevación a obra. Donde se incluirá el “total de las obras” que sean necesarias; banco de propuestas tecnológicas para riego, agua potable y saneamiento; reestablecer la relación y coordinación entre organismos públicos provinciales y nacionales de investigación del ambiente y el agua
Ambiental: tratamiento integral de residuos; determinación de los caudales ambientales para humedales y ecosistemas asociados; reúso de efluentes industriales y sanitarios. control, corrección y aprovechamiento de aguas aluvionales piedemontanas, urbanas y suburbanas; proyecto de Ley Agencia de Control y Protección Ambiental.
Dimensión socioeducativa: reformulación de estrategias de comunicación y acceso a la información ambiental; implementación del Programa de Ciudadanía de Agua establecido por Ley 8629; fomentar y consolidar la participación de jóvenes en mesas de cuidado del ambiente desde ámbitos culturales que permitan visibilizar el ambiente
La verdadera adaptación a la realidad hídrica que nos toca es política y mental, no podemos seguir pensando de manera unidimensional, si queremos un modelo de desarrollo provincial y nacional con equidad social y sustentabilidad ambiental.
