No se trata únicamente de ordenar el crecimiento de las ciudades hacia zonas agrícolas periféricas o hacia el piedemonte, como ocurre en Área Metropolitana de Mendoza. También, es necesario cuestionarnos y debatir sobre cómo debemos tratar las áreas de alto valor ambiental al interior de la trama urbana.
Tal es el caso del Parque General San Martín. El ingenio llevó a Carlos Thays a diseñar y construir este espacio que es una de las más preciadas herencias que tenemos los mendocinos/as. El conocimiento certero sobre nuestra realidad árida hizo que Daniel Ramos Correas lo interviniera con un sólido criterio.
Hoy podemos disfrutar de este pulmón verde gracias a la visión coherente de alguien que, accionando sobre un espacio ya proyectado, entendió la importancia del oasis en zonas áridas, que actuó sobre ese sitio a través de un plan que fue dado a conocer a la opinión pública y consensuado políticamente. Una acción con visión a futuro.
Los parques urbanos nos brindan la oportunidad de recordar que la vida puede tener un ritmo diferente, uno en sintonía con la naturaleza. Los parques son estructuras que forman parte integral de nuestra propia ciudad. Además, destacan por ser herramientas poderosas para alcanzar la sustentabilidad, entendida como la armoniosa y continua interacción entre las dimensiones sociales, económicas y ecológicas.
En el mundo actual, la contaminación, el enfoque exclusivo en la ganancia económica a cualquier costo, la falta de empatía hacia la naturaleza y el patrimonio, entre otros problemas, nos están conduciendo hacia escenarios de daños irreversibles. En este contexto, los parques urbanos son aliados para mejorar la calidad del aire, regular la temperatura y actuar como refugios para la biodiversidad. Desde una perspectiva social, ayudan a combatir el estrés y reducir la segregación. En términos económicos, promueven un turismo diferente al interior de las ciudades (siempre y cuando esté cuidadosamente gestionado) y contribuyen a reducir los problemas de salud que suponen un enorme gasto público. Los parques desempeñan un papel crucial en la prevención de enfermedades al fomentar la práctica deportiva y el ejercicio físico.
Sin embargo, a pesar de los numerosos beneficios que ofrecen, son sumamente frágiles en cuanto a su composición ecosistémica, especialmente en tierras secas donde la aridez subyace de forma permanente.
El Parque General San Martín, en este sentido, se alza como un bastión frente al desierto y por ello, fue declarado en 1996 como Área Ambiental Protegida mediante la ley Provincial N°6.394/96. Este tipo de declaratorias tienen como objetivo salvaguardar y orientar el mantenimiento e intervención de espacios que son especiales e invaluables para una comunidad. Años más tarde se lo reconoció, además, como Parque Histórico (Decreto n° 2307 / 17). Norma que reconoce los valores de sus componentes materiales e inmateriales como resultado de los procesos históricos que lo fueron afectando positivamente y obliga a los funcionarios a bregar por la preservación de ese espacio.
¿Cómo se protege nuestro Parque?
Es fundamental disponer de un Plan de Manejo Integral, una herramienta que de pautas para actuales y futuras intervenciones (y que cuente con consenso, incluso con carácter de ley), además de que deben activarse mecanismos legales, profesionales y científicos para el estudio de las intervenciones a realizar (Consejo Provincial de Patrimonio, Asociaciones Profesionales, ONGs, especialistas). Incluso, sería muy acertado contar siempre con un informe de impacto ambiental, independientemente de la envergadura que ostente la intervención, justamente por ser patrimonio y por su fragilidad ecosistémica.
El Parque es un paisaje único dentro del Área Metropolitana de Mendoza. Al hablar de la gestión de un paisaje, aparecen ciertas consideraciones en cuanto se trata de un entorno dinámico. Los paisajes son construcciones sociales, lo que implica generar adaptaciones de acuerdo con las necesidades que surgen a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay que tener precaución para no alterar sus cualidades de forma irreversible. Es decir, no todas las actividades son apropiadas en estos paisajes vivos, ya que su valor ambiental debe prevalecer por encima de cualquier rédito económico.
En este marco, el proyecto de remodelación del predio de la calesita (que se suma a la construcción de otras unidades de servicios en el Cerro de la Gloria, en las inmediaciones de la Fuente de los Continentes y sobre la calle Vizcacheras), que ya está en etapa de licitación y que involucra una millonaria inversión para generar un sector gastronómico resulta preocupante.
Esa suma, podría dirigirse a muchas otras acciones que el Parque necesita como mejorar el sistema de riego, adaptándolo a las necesidades de cada sector, plantar nuevos ejemplares de árboles adaptados al estrés hídrico o reemplazar aquellos que están enfermos o incluso, comenzar a incorporar nuevas áreas de vegetación autóctona hacia el oeste.
Debemos ser conscientes de que la creación de un nuevo sector gastronómico conlleva más impactos en términos de residuos, ruido, tráfico vehicular y tratamiento de aguas grises, alteraciones en la flora y fauna, entre otros aspectos. A esto se suma que ya existen otros lugares próximos dentro del parque, ya mencionados, y cercanos a él a los cuales se puede acceder a pie, como la calle Arístides Villanueva o la Av. Emilio Civit, donde ya se realizaron fuertes inversiones (ampliación de veredas, cobertura de acequias- esas que también marcan nuestra identidad urbana, pero que no eran funcionales a la actividad comercial-) para adecuarlos al uso gastronómico.
Si bien reconocemos la necesidad de nuevos mobiliarios, como son los juegos infantiles o la accesibilidad universal, e incluso de servicios sanitarios, entendemos que la creación de otro sector gastronómico atenta contra la sustentabilidad y la esencia misma del Parque. Muchas veces la acción necesaria es sacar, reducir, simplificar, limpiar y no seguir sumando. La particularidad del Parque es su paisaje, su ambiente, no los servicios comerciales asociados, que en todo caso son auxiliares (y por ello deberían ser mínimos y miméticos) y no tienen, ni deben, cobrar mayor importancia que el espacio portante.
Además, nos preocupa la propuesta de acondicionar el estacionamiento contiguo a un club que históricamente no ha requerido tal servicio y que podría continuar en las mismas condiciones o incluso eliminarse. Si escasea el estacionamiento, entonces se motiva el uso de transportes alternativos, eso es lo que promueven las teorías de movilidad urbana sustentable. Es fundamental considerar opciones que promuevan la preservación del entorno natural y la biodiversidad, en lugar de realizar cambios que afecten negativamente la belleza y los beneficios que el Parque ofrece a la comunidad.
¿Será que perdimos la vivencia de lo que significa salir a tomar mate o hacer un picnic con los amigos y familia y preferimos aumentar el ruido y la contaminación?, ¿somos conscientes de lo afortunados/as que somos como sociedad al tener un parque del calibre del San Martín dentro del contexto de aridez que caracteriza a Mendoza?, ¿realmente entendemos lo que significa el patrimonio como herencia colectiva o estamos entregando los elementos que nos identifican a una mera tendencia de renovación estética/comercial/turística?
El Parque no requiere más añadidos gastronómicos ni más hormigón. Ese tipo de adiciones no representan al progreso en este tipo de espacio público, sino todo lo contrario. La gestión de este Área Ambiental Protegida/Parque Histórico se debe realizar de manera adecuada y pensada, siguiendo principios interdisciplinarios e interinstitucionales y adecuándose a las leyes.
Es crucial que los tomadores de decisiones prevean políticas públicas con una perspectiva a largo plazo: urge que el Estado comience a realizar acciones que promuevan de forma seria y coherente la sustentabilidad de este espacio, es decir la forma en que el mismo perdure en el tiempo y para futuras generaciones conservando su calidad ambiental, paisajística y patrimonial.
Como lo expresaba Yolanda Ortiz, en cuya memoria se ha instrumentado la Ley Yolanda (*) hace unas décadas: “es necesaria y urgente una revolución mental. Hay que buscar nuevos modelos de producción y de consumo, y mejorar las relaciones de la sociedad con la naturaleza”.
(*) Esta ley exige la formación integral en ambiente, desarrollo sostenible y cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública.
*Los autores pertenecen al Grupo Historia y Conservación Patrimonial/ INCIHUSA- CONICET.
