El art 75 inc 28 dispone que tanto el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional, como la salida de tropas nacionales deben tener, obligatoriamente, la autorización del Poder Legislativo, hecho que en los casos que citamos en esta nota, no ocurrió.
Viola el decreto del Sr. Presidente la prohibición constitucional de que el Congreso (y menos aún el Poder Ejecutivo, como es este caso) no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta (en sentido amplio de libertad de expresión) ni que impongan la jurisdicción federal sobre ella y el art. 14 de la Ley Fundamental en cuanto se concede a los habitantes de la Nación el derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa.
Le deseamos el éxito al nuevo gobierno, pero por un imperativo moral debo expresar la gravedad que el RIGI representa para éstas y las nuevas generaciones de argentinos.
El propósito del presente trabajo es rescatar del olvido a un legislador nacional mendocino, Lorenzo Soler de extracción radical lencinista quien presentó el proyecto para el voto femenino que fue transformado en ley de la Nación 13.010 (sancionada por unanimidad de peronistas y radicales).
Mientras no se sancione la ley convenio que establece la reforma constitucional de 1994 sobre la coparticipación federal las provincias deben retomar su potestad tributaria que le otorga el propio art. 75 inc. 2 de la Carta Magna federal en materia de contribuciones directas (impuesto a las ganancias, IVA, capitales, al cheque, etc.) y las contribuciones indirectas (impuestos al tabaco, yerba mate, etc.) que deben ser recaudadas directamente por las provincias.
Es imposible recurrir a esta iniciativa de dolarizar que sólo existe en algunas afiebradas mentes que, tristemente, ignoran la Ley Fundamental de los argentinos.
La opción entre continuar en la gestión o pedir licencia para emprender una campaña electoral es un grave vacío legal que enluta al sistema republicano. No se puede ni se debe hacer ambas cosas a la vez.
Si bien tengo una postura crítica con respecto a los funcionarios del Pro desde hace tiempo, ello no me impide señalar que este pedido de juicio político revela una improvisación y sobre todo una ausencia total de pruebas por lo que debe rechazarse in límite.
El columnista analizó las declaraciones de la flamante ministra de Economía en relación a la posibilidad de viajar al exterior y de la ‘colisión’ de ese derecho con la generación de trabajo.
Sorprende que el Comité Nacional de la UCR, recientemente constituido no repudió enérgicamente estas desviaciones e irresponsabilidades que, como han sido consentidas, seguirán repitiéndose en el tiempo
Estimo que el Comité Nacional de la UCR debe enviar los antecedentes de los 12 diputados rupturistas al Tribunal de Conducta para su expulsión o eventual suspensión de la afiliación.
Asistimos a la falta de vergüenza al mezclarse los intereses de la sociedad con los de una fracción política con total impunidad.
