El entramado judicial de la causa por la muerte de la empresaria del Valle de Uco Norma Carleti no da respiro: ahora el Tribunal Penal Colegiado ha solicitado que se investigue a los propios pesquisas del resonante caso.
En la última audiencia en la que se le negó la prisión domiciliaria al imputado y esposo de la víctima, Leonardo Hisa, el tribunal interviniente ordenó que se inicie una investigación para ver si existió privación ilegítima de la libertad de dos de los imputados y detenidos por el caso: Juan Carlos Guerrero y su mujer, Susana Hurtado.
El lunes pasado los jueces Marcelo Gutiérrez del Barrio, Gabriela Urciuolo y Eduardo Martearena ordenaron una compulsa para que se investiguen los posibles delitos de privación ilegítima de la libertad o prevaricato.
A la vez, notificaron al procurador Alejandro Gullé, por lo que la cuestión determinará que se abra un sumario administrativo que podría derivar -si se comprueba algún tipo de falta- en una sanción, apartamiento o hasta en un pedido de Jury.
¿Veinte horas?
El 28 de agosto pasado la jueza de Tunuyán Teresa Di Bari ordenó la inmediata libertad del mayor de los Guerrero involucrados en la causa y de su mujer. Pero los fiscales intervinientes dieron curso a la medida tardíamente.
La pareja habría vivido una suerte de limbo judicial las 20 horas siguientes al pedido de libertad.
Es que al día siguiente, el Ministerio Público Fiscal habría efectivizado la libertad, al tiempo que los volvió a imputar y ordenó una nueva detención.
La situación fue denunciada por el abogado de la pareja, Pablo Cazabán, ante el juez de Tunuyán Oscar Balmes, quien observó que podría haber algún tipo de falta administrativa e incluso un delito.
Guerrero y Hurtado fueron acusados de ser partícipe necesario primario y partícipe necesario secundario, respectivamente, del crimen.
