La expresidenta y actual senadora Cristina Fernándezde Kirchner denunció hoy "gravísimas irregularidades" en la causa que investiga la existencia de una presunta red de sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios durante el kirchnerismo (2003-2015).
"Reitero mi negativa de manera categórica y terminante de haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así como también de haber cometido delito alguno", señaló la exmandataria (2007-2015) en un escrito presentando ante el juez del caso, Claudio Bonadio, en los tribunales federales de Comodoro Py.
Asimismo, denunció que la investigación "dirigida deliberadamente" en su contra no ha conseguido ni una "mínima prueba" que acredite los delitos que "calumniosamente" se le atribuyen" y aseguró que pese a los "abusos judiciales" que sufre, se mantiene a disposición de la Justicia.
Fernández acudió hacia las 11.00a los tribunales, donde había sido citada por Bonadio para ampliar su declaración indagatoria por los nuevos datos aparecidos desde que se presentó ante el mismo juez por esta causa a mediados de agosto.
En su escrito de este lunes, la expresidenta denunció "gravísimas irregularidades" en el proceso judicial, al señalar que este se originó "a través de una prueba obtenida de manera ilícita" y "en contra de la voluntad" de su autor.
Hizo referencia así a las fotocopias de los cuadernos en los que Oscar Centeno, un chófer del Ministerio de Planificación, contaba cómo supuestamente llevaba bolsas con dólares de parte de empresarios a funcionarios durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández y que hicieron que saliera a luz esta causa.
"Se desarrolló un procedimiento que resulta inédito y de características escandalosas para cualquier persona: quienes confiesan supuestos delitos que habrían cometido se van a su casa y quienes defienden su inocencia quedan presos", agregó por los numerosos empresarios y funcionarios que se han acogido a la figura del arrepentido durante la investigación.
La expresidenta denunció que "ni siquiera en tiempos de la inquisición se atrevieron a tanto" y aseguró que se vulneró "de manera descarada" la regla constitucional que "prohíbe perseguir a una persona dos veces por el mismo hecho".
"En mi caso, tal violación se ve multiplicada pues soy perseguida simultáneamente en cuatro causas por la misma supuesta asociación ilícita", aseguró antes de criticar que está siendo juzgada por "un juez enemigo" o "un no juez".
Además, cuestionó que haya sido citada a declarar "en medio de las peores noticias económicas" y cuando la moneda local afronta una fuerte devaluación e hizo hincapié en el "carácter de persecución política" de esta causa.
La expresidenta señaló que la causa se dirige contra dirigentes de una agrupación política -el kirchnerismo- que "nada tienen que ver" con esos hechos y que "resultan un blanco predilecto para los medios de comunicación concentrados afines a este gobierno".
"Estamos en presencia de una supuesta investigación que carece de todo contenido jurídico, que se desarrolla con fines que nada tienen que ver con un servicio de administración de justicia y que, de manera torpe, busca distraer la atención de la opinión pública frente a una debacle política, económica y social que ya nadie puede ocultar", sentenció.
Bonadio también citó a otra decena de acusados para que declaren en los próximos días, entre los que están el ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio de Vido (ya en prisión preventiva por otra causa), el secretario de Coordinación y Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, y Gerardo Ferreyra, de la empresa Electroingeniería.
Además, el juez convocó por primera vez y para finales de septiembre a los militantes kirchneristas Eduardo "Wado" De Pedro, José Ottavis y Andrés "Cuervo" Larroque, así como al empresario Sergio Szpolski.
