Al día siguiente de ser procesada como "jefa de una asociación ilícita" en la llamada "causa de los cuadernos", Cristina Fernández acercó un escrito en los tribunales federales, en relación a otro, el expediente conocido como "Ruta del dinero K".
Con su presentación de ayer, la dos veces Presidenta de la Nación sumó ocho indagatorias judiciales desde abril de 2016. Calificó a Comodoro Py como el "lugar donde ya no rige ni la Constitución ni los códigos de fondo ni de forma".
"El juez (Sebastián Casanello) reconoció en cuatro oportunidades que no hay ningún hecho ni prueba que me vincule con la causa a su cargo. Pero tuvo que llamarme a indagatoria porque se lo ordenó la Cámara a pedido de la UIF (Unidad de Información Financiera), que por decisión de Mauricio Macri está a cargo de Mariano Federici, ex asesor letrado del FMI; es una indagatoria a pedido", declaró en su descargo escrito.
Por esta causa, hace dos años que está detenido con prisión preventiva el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, a la espera del juicio oral que se iniciará el 30 de octubre próximo.
"Por fin nos conocemos", le dijo la senadora nacional a Casanello. Se trató de una ironía: una denuncia había indicado que el juez estuvo en la quinta de Olivos cuando Cristina Fernández era Presidenta.
En el escrito, básicamente, negó los hechos que se le adjudican y sostuvo que el proceso judicial forma parte de "la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses".
La senadora nacional afirmó que que no hay pruebas que la vinculen con las maniobras de lavado de dinero que se le imputan a Báez.
En el descargo, Cristina Fernández aludió a los resonantes operativos judiciales que implicaron, entre otras cosas, la búsqueda con retroexcavadoras de bóvedas y contenedores, presumiblemente enterrados con dinero en las estancias patagónicas de Báez.
“Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito”, afirmó.
"Jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas", replicó la expresidenta.
También negó que su familia tuviera "sociedades offshore en paraísos fiscales" y dijo que la prueba de esto era que "en ninguna de las reconocidas investigaciones llevadas a cabo a nivel mundial (Panamá Papers y Paradise Papers)" fue mencionada.
Y agregó que "jamás" fue "cliente de 'La Rosadita' (SGI) como sí lo fue, según se consta, la empresa IECSA, por entonces conducida por Ángelo Calcaterra (primo del Presidente Mauricio Macri)".
"Esta causa debió haber tenido un cambio de carátula: en lugar de 'La ruta del dinero K' debió ser denominada La ruta del dinero M", agregó.
Negó también tener alguna relación con la compra de cinco inmuebles en Tunuyán, Mendoza, (comprados por Leonardo Fariña en 2010, cuya venta ventiló Los Andes en abril de 2013), ni haber comprado o utilizado "autos de alta gama".
"El único rodado que poseo se lo acaba de llevar Bonadío de mi casa de El Calafate: se trata de una camioneta Honda CRV del año 2009", aclaró.
En la imputación figura "la aplicación de fondos de procedencia ilegal para solventar gastos de la fiesta de casamiento entre Leonardo Fariña y Karina Jelinek".
"Conozco a los nombrados sólo por referencias que se hacen de ellos en los medios de comunicación. No fui invitada a su fiesta de casamiento y de haberlo sido no hubiera concurrido, ya que jamás ha sido mi costumbre participar de eventos de la farándula", dijo.
