El Fondo Monetario Internacional (FMI) cuestionó la recompra de títulos de deuda pública por U$S 1.000 millones que está realizando el gobierno argentino dado el escaso nivel de reservas con las que cuenta el Banco Central.
La advertencia resonó en el Palacio de Hacienda dado que en pocos días una nueva misión del organismo llegará a Buenos Aires para realizar la auditoria correspondiente al cierre de 2022 y de la cual depende la llegada de U$S 5.400 millones.
Además, dejó mal parados a los funcionarios del Ministerio de Economía, que habían dejado trascender que el FMI estaba al tanto de la operación y que no había interpuesto objeciones.
“Tenemos metas de reservas en el programa. Las reservas son escasas y preferiríamos no tener acciones que minen la acumulación de reservas que estamos asumiendo en el programa”, dijo Nigel Chalk, subdirector del departamento del Hemisferio Occidental del FMI en una entrevista que concedió a la agencia de noticias internacional Reuters.
Al momento de comunicar la operación, funcionarios del equipo económico dijeron “no era necesario” algún tipo de aprobación o de visto bueno del FMI porque estaba fuera de los alcances del acuerdo. Sin embargo, apenas un día después la versión fue modificada y sostuvieron que el organismo estaba al tanto y que no tenía objeciones.
Finalmente, este miércoles quedó claro que el FMI rechaza la decisión porque considera más oportuno cuidar las reservas internacionales en un escenario cada vez más complejo.
“El equipo ha estado trabajando con las autoridades argentinas sobre este plan con la recompra de deuda. Primero sobre la escala, cómo está siendo operado, y luego sobre cómo se ajusta al programa”, dijo Chalk. En el Ministerio de Economía optaron por no hacer comentarios sobre el reclamo del FMI.
La recompra de deuda tiene un fondeo de U$S 1.000 millones provenientes de un presunto ahorro –respecto de lo ya presupuestado- que la Argentina logrará durante 2023 por menores gastos en energía.
Los bonos recuperar son los de vencimiento más corto, y según fuentes del mercado se estaría realizando preferentemente sobre los GD30 con vencimiento en 2030. De acuerdo a los operadores ya se habrían aplicado U$S 500 millones del total asignado, que representaron adquisiciones por U$S 1.200 millones de valor nominal.
Chalk dejó en claro que el próximo equipo técnico que desembarque en Buenos Aires pondrá la lupa en cómo se está llevando a cabo esta operación y los efectos que tendrá en el futuro.
“Obviamente, esa revisión tiene un elemento de visión a futuro en ella y queremos tener alguna tranquilidad de que las reservas también se cumplirán a futuro”, afirmó.
Si bien aún no está definida la fecha, el staff técnico del organismo llegaría al país durante la primera quincena de febrero para verificar el cumplimiento de las metas al 31 de diciembre del año pasado.
Según el equipo económico se sobre cumplió la pauta de acumulación de reservas en U$S 400 millones y el déficit primario fue de 2,4% contra el 2,5% firmado. De allí que no debieran aparecer obstáculos para su aprobación y el posterior giro de U$S 5.400 millones.
Pero la queja de Chalk, como mínimo, le impone otro clima a la auditoría, fundada además en las contradicciones de los discursos oficiales.
Durante 2023 Argentina debe acumular reservas por U$S 4.000 millones y dado el panorama de ingresos por la sequía y que el saldo de pagos y desembolsos con el FMI tiene saldo neto negativo (-U$S 3.500) el objetivo luce por demás exigente.
Por otra parte, vías de financiamiento adicionales como el Banco Mundial o el BID se encuentran agotadas. La recompra de deuda también fue cuestionada por economistas locales que criticaron el momento para realizarla, la metodología elegida, y el monto aplicado.
Por otra parte, marcaron que desviar U$S 1.000 millones para el mercado de deuda sobre un pasivo global cercano a los U$S 400.000 millones resulta insignificante y subrayaron que contrasta con los pedidos del propio gobierno argentino por fondos adicionales que compensen el costo que significó para el país la guerra entre Rusia y Ucrania.
La consultora internacional Moody’s fue mucho más dura con el análisis de la operación dado que la consideró un “intercambio peligroso” equivalente a una cesación de pagos. En un sentido similar se pronunció la calificadora de riesgo Standard & Poor’s.
