El gobierno de Alberto Fernández y los equipos técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron que los aumentos de las tarifas de gas y de electricidad se ajustarán a la evolución de los salarios, por lo que este año las subas serán de hasta el 42,7 por ciento. Para los usuarios de mayor poder adquisitivo será mayor porque perderán la totalidad de los subsidios.
En la Casa Rosada explicaron que la segmentación tarifaria, que se aplicará hasta 2023, contemplará tres niveles y que los precios se actualizarán según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Y recordaron que el mismo esquema promovió la Ley N° 27.443 “frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior”.
En el primer nivel figuran las personas que dejarán de percibir los subsidios por contar con “plena capacidad de pago”. Se trataría de un 10% del total de los usuarios, tal como lo indicó el presidente Fernández al inaugurar las sesiones ordinarias.
La segunda categoría incluye a los beneficiarios de la tarifa social y establece que los incrementos en ese segmento serán equivalentes “al 40% del CVS del año anterior”.
El resto de los usuarios residenciales de luz y de gas integrarán la escala restante, donde los aumentos anuales no podrán superar el equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.
Si se toma en cuenta que el CVS acumuló un salto del 53,4% en 2021, los incrementos de este año no podrán superar el 21,36% para los beneficiarios de la tarifa social, y el 42,72%, para los que integran la tercera categoría.
En tanto, se indicó que “la propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública”.
“Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago, e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de los servicios”, resaltaron en el Poder Ejecutivo.
El futuro de las tarifas expuso grandes diferencias en el tramo final de las negociaciones con el FMI, no sólo entre Martín Guzmán y los equipos técnicos del organismo multilateral de crédito, sino también dentro del Frente de Todos, donde los sectores identificados con la vicepresidenta Cristina Kirchner promovieron la resistencia.
La tensión se desató cuando el Fondo pidió que los aumentos sean del 60% anual para ganarle la carrera a la inflación. Las proyecciones indican que este año los precios acumularán un avance mayor al 54%. El planteo chocó con las intenciones del gobierno, fundamentalmente de los sectores del kirchnerismo, que pretendían que las actualizaciones se mantengan en torno al 20%.
Por lo pronto, las tarifas tendrán que volver a moverse este año para alcanzar las metas que fijó el Gobierno nacional: hasta ahora, el gas tuvo una actualización del 20% a nivel nacional y la electricidad se incrementó 22% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el comunicado que difundió el FMI para oficializar el acuerdo con la Argentina, se remarcó la importancia de emprender un camino que achique la masa de subsidios destinados al sector de la energía.
Al respecto, se indicó que será determinante “el énfasis del programa en mejorar de manera creíble las finanzas públicas” y que eso se “basará en un conjunto equilibrado de políticas de ingresos—con énfasis en la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento tributario— al igual que políticas de gastos, que reduzcan los subsidios energéticos no focalizados y reorienten el gasto hacia inversiones sociales y de infraestructura más productivas, para fortalecer la sostenibilidad de la deuda y al mismo tiempo apoyar la recuperación”.
Pero la nueva fórmula de actualización tarifaria no tardó en activar dudas y recibir críticas. “No alcanza a reducir el nivel de subsidios, solamente hace que no crezcan. La reducción del déficit primario planteado, entonces, viene o por mayor recaudación (retenciones por precio) o suba de impuestos”, apuntó el economista Santiago Bulat.
