A través del decreto 892/2020 que firmó el presidente Alberto Fernández, el ejecutivo nacional puso en marcha el Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino (Plan Gas.Ar) con el que busca llevar la producción a 30.000 millones de metros cúbicos en cuatro años, para generar un ahorro fiscal de US$ 2.500 millones y evitar la salida de divisas por US$ 9.200 millones (sustituyendo importaciones por producción local). Desde el Gobierno Provincial se mostraron de acuerdo con el objetivo que persigue el programa, pero advirtieron que, tal como está diagramado, podría desincentivar a las empresas a invertir en Mendoza.
Puntualmente, el Plan Gas se basa en un sistema de subastas de 70 millones de m3 diarios, que las empresas inyectarán a los gaseoductos desde mayo de 2021. Cada compañía hará una oferta, que en ningún caso podrá exceder los U$S 3,70 el millón de BTU. La que presente la mejor propuesta ganará la licitación del día y tendrá prioridad de despacho en el verano, cuando la cantidad producida supera considerablemente a la demanda.
Cabe aclarar, que el Estado cubrirá la diferencia entre el valor que paga usualmente la demanda (menos de U$S 2,40 por millón de BTU) y lo que cobrarán las empresas dentro del Plan Gas (máximo de U$S 3,70). Esa diferencia, que a grandes escalas representa valores millonarios, es el incentivo que tendrán las compañías para ampliar su producción.
La preocupación de Mendoza
Desde el Gobierno Provincial mostraron preocupación por la implementación del Plan Gas, debido a que la producción de ese hidrocarburo se concentra en las cuencas Neuquina (solo en la parte de Neuquén), Austral y Noroeste. Mendoza no tiene reservorios de gas y quedaría excluida del programa.
El problema concreto, entonces, es que el incentivo a la extracción de gas en otras provincias podría desviar la atención de las empresas hidrocarburíferas de Mendoza. De hecho, algunas voces del sector llegaron a hablar de una nueva “promoción industrial”, como la que afectó a la provincia durante años.
Estanislao Schilardi, Director de Hidrocarburos de Mendoza, opinó que es positivo se ponga foco en incentivar una actividad, pero advirtió que “no puede ser en desmedro de otra”. A modo de ejemplo, recordó como el incentivo a la explotación no convencional derivó en la llegada masiva de inversiones para la extracción de gas en Vaca Muerta (Neuquén), dejando a otras provincias con una participación mucho menor en negocio hidrocarburífero.
“Esta nueva medida otorgará beneficios a las empresas que presenten planes de inversión para obtener gas. Está claro que a la hora de planificar sus movimientos, las empresas priorizarán destinar recursos a donde obtendrán mejores beneficios. Por eso es que este plan podría afectarnos”, lamentó.
Para intentar contrarrestar el efecto negativo del Plan Gas, el Gobierno Provincial avanzó con “Mendoza Activa Hidrocarburos” y con otros beneficios puntuales para las empresas del sector. “Usando las facultades que nos da la Ley de Hidrocarburos, hemos fomentado la realización de proyectos de crudo extrapesado otorgando reducciones en regalías. Sirve de ejemplo el caso de YPF, con la concesión de Yancanello. La petrolera presentó un plan de inversión de U$S 102 millones. También hubo una reducción de regalías a El Trébol en Puesto Rojas, por una inversión con un monto de más de U$S 70 millones”, explicó Schilardi.
El impacto en las tarifas
El nuevo Plan Gas fue observado por el Instituto Argentino de la Energía (IAE) Enrique Mosconi y en un comunicado alertó sobre las posibles implicancias tarifarias, además de las fiscales y productivas que llegan de la mano del actual proyecto de explotación.
El exsecretario de Energía de la Nación y presidente del Instituto Mosconi, Jorge Lapeña sostuvo que el plan carece de un programa que lo sustente y por lo tanto esconde un aumento de las tarifas de gas y de energía eléctrica, que en buena medida se genera con gas. “También habrá un aumento de los subsidios, porque el presupuesto habla de U$S 200 millones, pero estimo que no van a ser menos de U$S 1500 millones”, apuntó.
El documento del IAE, al profundizar sobre el tema tarifario, explica que habrá mayores erogaciones fiscales a través de los subsidios a Cammessa por medio de un incremento en el precio del gas para la generación eléctrica, que podría llevar el costo fiscal total del plan a unos 2.000 millones de dólares en 2021. “Los precios de referencia del Plan implican el aumento de un 40% en dólares del precio del gas que hoy paga la demanda prioritaria y de un 30% que pagan las usinas. Estos aumentos tendrán efectos en el volumen de subsidios de los próximos años y en la evolución de tarifas finales de gas natural y energía eléctrica”, puede leerse en el texto del instituto.
Según la IAE la producción de gas natural en Argentina estaba en crecimiento antes de la pandemia de manera desigual: mientras caía estructuralmente la producción convencional, la no convencional crecía reemplazándola. Para Lapeña “el gobierno presenta la caída en la producción como un hecho catastrófico cuando en realidad está asociada a la caída de la demanda por la pandemia”. El ex funcionario de Alfonsín agregó que “si miramos qué pasó por empresa vemos que cinco firmas elevaron su producción y dos, Tecpetrol e YPF la bajaron”.
