El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, anticipó que se producirán cortes de electricidad durante el verano en diferentes puntos del país, debido al incremento del consumo residencial a causa del confinamiento. Desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) de Mendoza reiteraron la recomendación que realizan cada año, de hacer un uso eficiente de la energía eléctrica, y coincidieron que, por la pandemia, podría haber una mayor presión sobre el sistema.
Es que son muchas las personas que están trabajando desde sus hogares y es de esperar que se reduzca considerablemente el número de familias que se vaya de vacaciones, tanto por temor al coronavirus como por la caída en los ingresos. Desde el EPRE señalaron que los equipos de climatización producen un considerable aumento en la demanda, en los días de altas temperaturas.
Esto podría compensarse, en parte, por la caída en la actividad, que ha provocado que las industrias trabajen bastante por debajo de su capacidad instalada. A esto se suma que las empresas han reducido sus consumos de energía eléctrica, debido a que sus empleados no están trabajando de forma presencial. Pese a eso, desde el ente regulador consideran que el hecho de que las personas estén más horas del día en sus hogares, podría aumentar los inconvenientes con el servicio, por lo que resaltaron la importancia de hacer un uso eficiente.
El informe mensual de demanda eléctrica de Mendoza muestra que, en agosto, se produjo una baja de 4,5%, respecto al mismo mes de 2019. La caída se atribuye principalmente a lo ocurrido con los grandes usuarios, que consumieron un 18% menos de energía que en el octavo mes del año pasado. De todos modos, estos últimos tuvieron una recuperación de 9% con respecto a julio de 2020, y es de esperar que cuando comience el verano, el consumo en los hogares se incremente por el uso del aire acondicionado.
Multas por mal servicio
A las distribuidoras de toda la provincia se les ha aplicado sanciones por deficiencias en la calidad del servicio en el semestre agosto 2019-enero 2020, por un total que asciende a casi 19 millones de pesos. Sin embargo, este monto podría incrementarse considerablemente cuando se termine de procesar la sanción para Edemsa. Es que esta empresa es la que mayor cantidad de usuarios tiene y, en los dos períodos anteriores, las multas ascendieron a $ 70,6 y 80,8 millones respectivamente.
Desde el EPRE detallaron que las sanciones aplicadas hasta el momento son: $ 10.887.644 para Alto Verde, $ 3.439.956 a Edestesa, $ 1.657.542 a Cecsagal, $ 1.574.119 a la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, $ 623.049 a Bowen, $ 362.610 a Rivadavia, un monto de $ 207.479 a Sud Río Tunuyán y $ 72.508 a Santa Rosa.
Por otra parte, ya se están analizando los datos del semestre 23, que concluyó el 31 de julio. El proceso suele involucrar presentaciones, por parte de las distribuidoras, en las que alegan que algunas interrupciones en el servicio se produjeron por razones de fuerza mayor. El ente regulador debe analizar la situación particular de cada cado y recién entonces calcular el monto de las multas.
Las sanciones a las distribuidoras por deficiente prestación del servicio se empezaron a aplicar en 2009 y en 2018 se estableció que el monto de la multa debía ser reintegrado a los usuarios que se vieron perjudicados por las interrupciones en el suministro de la energía eléctrica. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, y de modo excepcional, el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Natalio Mema, propuso que, en lugar de bonificarle parte de la próxima factura al usuario, las distribuidoras destinen el dinero a realizar mejoras estructurales en las zonas donde se produce mayor cantidad de cortes de electricidad. Como esta medida deberá ser analizada en la próxima audiencia pública, que se estima se realizará antes de que termine el 2020, las bonificaciones no se han aplicado por el momento.
Actualización de la tarifa
Aunque la revisión tarifaria se realiza cada cinco años, las distribuidoras pueden solicitar ajustes en la tarifa por inflación. Las empresas o cooperativas presentan ante el EPRE su análisis de costos, el organismo los evalúa y se define el porcentaje de actualización del VAD (Valor Agregado de Distribución), que puede –o no- autorizar el Ejecutivo Provincial.
La última audiencia se desarrolló en febrero, en la que las distribuidoras solicitaron un incremento del 70%. Como el VAD representa el 25% del monto final de la factura, para el usuario significaría una suba del 17,5%. Finalmente, se decidió un aumento del 14% en promedio para los usuarios residenciales. Sin embargo, éste no se aplicó porque el gobernador Rodolfo Suárez estableció el congelamiento de la tarifa de la luz, para compensar la caída del poder adquisitivo de los salarios en el marco de la pandemia. Esta medida se extenderá hasta fin de año.
Pese a eso, se ha comenzado el proceso para llamar a una nueva audiencia, como establece la normativa, y en este contexto se discutirá la posibilidad de que el monto de las sanciones sea destinado, de modo excepcional, a realizar obras de infraestructura para mejorar el servicio. Aunque Los Andes intentó comunicarse con el secretario de Servicios Públicos para conocer por cuántos semestres se aplicaría esta medida, no fue posible contactarlo.
Desde el EPRE informaron que las multas de los semestres anteriores ya han sido bonificadas a los usuarios y que sólo han quedado en suspenso las de agosto 2019, enero 2020 y las que se están analizando en este momento, de febrero a julio de este año.
“Por los conocidos motivos de aislamiento y pandemia se está analizando la posibilidad de que las sanciones aplicadas a las distribuidoras sean utilizadas para realizar obras en zonas donde la calidad del servicio está más comprometida. No obstante, se informa que las sanciones por deficiencia en la calidad del servicio se han y se continúan aplicando a las distribuidoras, pero por las razones antes descriptas no se han bonificado en esta oportunidad”, aclararon desde el ente regulador.
Favorecer inversiones
En agosto, cuando se anunció la iniciativa, Mema explicó que existe un atraso de casi dos años en el valor de la tarifa de luz, ya que la última vez que se aumentó el valor de la distribución (VAD) fue en junio de 2019 y resaltó que esto fue con los valores de 2018 (que presentaron las empresas). Aún más, reconoció que seguirá postergándose a causa de los congelamientos realizados en el marco de la pandemia. Como este desajuste podría causar una pérdida en la calidad del servicio, desde el Gobierno concluyeron que la mejor decisión es redireccionar el monto de las sanciones.
En caso de aprobarse la propuesta de la Secretaría de Servicios Públicos, las obras más importantes se concentrarán en las zonas donde se ha detectado la mayor cantidad de fallas: Aeroparque, San Agustín (Capital); Corralitos, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno (Guaymallén); Las Tortugas, Benegas (Godoy Cruz); Zapallar, El Resguardo, Plumerillo (Las Heras); La Pega, Costa Araujo, 3 de Mayo (Lavalle); Mayor Drumond, Potrerillos (Luján); Gutiérrez, Rodeo del Medio (Maipú); Villa Bastías, El Zapal (Tupungato); La Consulta, Chilecito (San Carlos); Cuadro Nacional, Cuadro Benegas y Rama Caída (San Rafael). A estas se suman espacios rurales de Rivadavia, San Martín, Junín, Santa Rosa, La Paz, Malargüe, General Alvear y Tunuyán.
