Quienes pasan o trabajan de manera habitual en la Terminal de Mendoza y de otros departamentos de la provincia comienzan a ver cómo en esta época del año comienzan a llegar obreros rurales a trabajar en la cosecha. Se trata de los llamados trabajadores golondrina que se mueven por todo el país en función de los requerimientos de las distintas temporadas. Se trata de una práctica habitual que –pese a los controles y los planes sociales- no ha sido erradicada y que en los últimos años se ha agravado por distintos motivos. Aunque en el campo mendocino hay realidades diferentes, no está al margen de prácticas de trabajo informal y condiciones poco dignas de vivienda que, en muchos casos, o son trata de personas o la rozan.
En este contexto desde la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunciaron que esta temporada la situación de muchas de estas personas se ha complejizado en Mendoza. Es porque, según explicó Sebastián Bustos –subdelegado de UATRE en Mendoza- han comenzado a llegar unos tres colectivos por día desde Tucumán con personas para trabajar en la cosecha. Serían cerca de 100 personas por día que se suben a esta movilidad que dispone, según el referente sindical, el gobierno de Tucumán de manera gratuita para los cosechadores.
En este marco, Bustos solicitó tanto a las autoridades de esa provincia como a los trabajadores que se informen bien antes de venir. En temporada, se calcula que suelen llegar a la provincia unas 5.000 personas para trabajar en la cosecha. Sin embargo, este año –según explicó el referente- las economías regionales se comportaron de manera diferente a la usual. Por diversas razones, además de las tormentas que recientemente azotaron diversas zonas, este año se adelantó la cosecha de la fruta de carozo con el Valle de Uco como la región que más concentra. Por este motivo, quienes han comenzado a arribar lo hacen tarde ya que las tareas no solo comenzaron sino que están más cerca de finalizar.
En este marco, los trabajadores quedan a la deriva y son blancos fáciles para o trabajar con condiciones deplorables, con mala paga (o sin ella) y situaciones de vivienda indignas que rozan la trata de personas. Además de oriundos de Tucumán también llegan ciudadanos de Santiago del Estero que quedan a expensas de los llamados cuadrilleros que los “ubican” en distintas fincas. Esta práctica se hace de manera informal y en muchos casos atraviesan situaciones de explotación laboral y abusos de poder. Guillermo Zone, delegado regional del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE), explicó que el “cuadrillero” es una figura muy visible que funciona como una suerte de agencia de colocación de mano de obra, ilegal y que es importante visibilizar para que se regularice.
“Lamentablemente, en estos ámbitos se normaliza el trabajo informal porque también se pierde la asistencia en caso contrario”, contó Bustos. Y esto para quienes logran acceder a la cosecha o al trabajo, pero debido a que ya es poco el personal que se necesita, se ven muchos trabajadores sin un techo en las terminales tanto del Valle de Uco como de San Rafael o Mendoza. “La gente que llega a trabajar lo hace tarde y los pocos finqueros que tienen establecimientos para viviendas ya no las tienen disponibles”, relató el subdelegado de UATRE. Agregó: “Trabajamos de manera conjunto con Renatre y la fiscalía federal cuando se detectan casos de trata de personas”.
Personas sin amparo
Guillermo Zone recordó que el RENATRE nació en 1999 con la Ley 256091 que, entre otras cosas, obliga al uso de la libreta de trabajo para estos sectores que realizaban aportes con sus ingresos (en blanco), pero no recibían seguro de desempleo llegado el momento. De este modo, este organismo tiene poder de fiscalizar la utilización de esta libreta que en cierto modo garantiza el registro de los obreros. En las inspecciones, sin embargo, constatan que la mayoría de los cosechadores están de manera informal. Zone sumó que los operativos se hacen en conjunto con la Subsecretaría de Trabajo de la provincia y –en función de los casos- migraciones, fiscalía nacional, etc.
En este sentido, no es mucho lo que desde el Renatre pueden hacer más allá del control de la libreta. Sin embargo, tanto ellos como los integrantes de la UATRE buscan dar apoyo a las personas que han quedado “boyando” sin cosecha y sin vivienda. Desde hace unas semanas, la mayoría se quedará en estas condiciones hasta el inicio de la cosecha de la uva, lo que convierte la situación en una grave problemática social. “Hace unos días enviamos en colectivo a dos personas oriundas de Santiago del Estero de manera particular como sindicato porque no pudimos conseguir alternativas”, relató Bustos. Es que si bien existen refugios para estas personas, muchos no quieren ir allí por diversos motivos y engrosan la lista de personas sin techo.
Hay que tener en cuenta que la temporada de cosecha recién comienza y que estas situaciones no son nuevas. En este sentido, desde el RENATRE explicaron que el año pasado la situación fue similar en este sentido y que, por fortuna, hasta el momento los casos de explotación y trata detectados este año no han implicado a niños. “Nos ocupamos de las denuncias y del trabajador en está en la finca que es nuestra competencia. De todas maneras, cuando los vemos deambular por terminales o plazas les sugerimos que llamen al 145 (línea por trata de personas) o busquen los refugios”, apuntó Zone.
El objetivo tanto de estos dos organismos pasa por visibilizar esta problemática que no es nueva ni se terminó más allá de las quejas de muchos de que hay poco personal para hacer las duras tareas del campo en condiciones muy precarias, como ellos mismos denuncian. “Creemos que la logística está mal armada porque envían a los micros desde Tucumán y las personas no tienen donde trabajar acá”, resumió el dirigente del sindicato que a nivel provincial responde a Víctor Hugo Guerra y a nivel nacional a José Voytenco. Así, pidió que evalúen las economías regionales antes de enviar gente. El subdelegado sindical agregó que esperan que, en conjunto, se pueda armar un protocolo y que las municipalidades reactiven sus oficinas de empleo para que, el que queda desamparado, pueda saber dónde conseguir trabajo sin la mediación poco feliz del cuadrillero. “Incluso, que los mismos municipios tengan áreas de contención para estas personas”, solicitó Bustos.
