En la antesala del debate sobre la ley de alquileres en la Cámara de Diputados, representantes de las asociaciones de inquilinos, cámaras inmobiliarias y propietarios coincidieron este jueves en la necesidad de terminar con los contratos de tres años y con el ajuste anual, que se ejecuta en base a los índices de inflación y de variación salarial.
Los actores involucrados fueron recibidos por diputados del interbloque Juntos por el Cambio en una audiencia pública en la Sala 2 del Anexo. Allí se empezaron a tejer los primeros consensos de cara a la discusión, que comenzará el martes en la Comisión de Legislación General, luego del acuerdo alcanzado este miércoles entre oficialismo y oposición.
Los expositores coincidieron en pedir que se deroguen los artículos 3 y 14, que dispusieron que los contratos de locación sean de tres años en lugar de dos; y que establecieron un mecanismo de actualización de los alquileres cada doce meses. Fueron las dos principales modificaciones de la ley sancionada en 2020, que no dio el resultado esperado.
Esta posición choca con la del reciente proyecto presentado por el oficialista José Luis Gioja, que propone mantener la vigencia de esos artículos y avanzar con otras “mejoras”, como topes para los aumentos a la hora de renovación de los contratos, beneficios para monotributistas y un impuesto a las viviendas ociosas.
“Todas las partes coincidieron en que la ley actual tiene dos grandes problemas: el plazo de tres años de los contratos y la periodicidad de un año en actualización de los montos, porque con la inflación, lejos de dar previsibilidad, estas cláusulas generaron más incertidumbre”, sostuvo Mario Negri, jefe del bloque radical, al término de la reunión.
Por su parte, Cristian Ritondo (PRO) señaló que “Juntos por el Cambio busca darle previsibilidad al mercado inmobiliario, para que inquilinos y propietarios tengan un marco legal acorde a la situación crítica que estamos atravesando”. “Comprendemos y sabemos las dificultades que hoy tienen los inquilinos para acceder a una vivienda de alquiler”, añadió.
Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, se mostró cauteloso. “Con la inflación galopante y la incertidumbre que mete el oficialismo, lo que salga del Congreso sólo será un paliativo”, consideró, aunque destacó que “en un Congreso paralizado y que tiende a simplificar los temas, hoy tenemos una visión más clara para avanzar rápido en la parte que nos toca”.
Desde Evolución Radical, Rodrigo De Loredo criticó la iniciativa de Gioja sobre el impuesto a las viviendas ociosas: “Es inadmisible y muy difícil de instrumentar. Se trata de un instituto exportado de Alemania donde la realidad inmobiliaria nada tiene que ver con la nuestra. En Argentina los sectores medios que tienen un departamento no son especuladores, lo hacen en refugio de sus ahorros en una economía que no les da garantías”.
Qué dijeron los actores involucrados
Durante la audiencia, José Griselli, presidente de la Asociación Defensa del Inquilino, advirtió que “cuando se sancionó la actual ley, lo que se vio fue el aumento nocivo e inmediato de las locaciones por no tener libertad de negociación, por ligar los juicios de desalojo a la registración del contrato ante la AFIP. Nadie ofrece inmuebles en locación”.
Desde la Asociación de Defensa del Consumidor e Inquilino, Exequiel Vergara dijo que “hay que dar confianza y previsibilidad” y remarcó que “la indexación siempre fue una pésima idea” porque “con la inflación más alta del mundo, era obvio que los alquileres iban a subir”.
“Hoy hay falta de inmuebles para alquilar y lo que hay es carísimo. La respuesta es que haya un precio claro y transparente desde el principio”, sostuvo Vergara, quien pidió concretamente derogar los artículos del plazo de tres años y de la actualización anual.
Emilio Caravaca Pazos, de la Federación Inmobiliaria Argentina, aseveró que “la modificación de la ley no va a normalizar el mercado per se” porque “hay falta de oferta y una demanda creciente”, y por otra parte observó que en el interior del país “hay una mayor flexibilidad para sostener las relaciones contractuales”, con lo cual “mayor libertad de contratación genera mejores resultados”.
Por la agrupación de corredores inmobiliarios “Unidos por la Profesión”, Federico López Castromil respaldó los proyectos presentados por el diputado del PRO Alberto Asseff y rechazó el de Gioja. “Es inadmisible, es un disparate. El impuesto a la vivienda deshabilitada fracasó antes y lo hará ahora”, advirtió.
Finalmente, por el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI), Norberto Acervo se mostró de acuerdo con la derogación de los dos artículos más problemáticos, y en cuanto a la actualización consideró que debe ser semestral.
A pesar de las críticas, los expositores también destacaron que hay aspectos de la ley actual que deben continuar, como el pago de las expensas extraordinarias por parte del propietario y no del inquilino, según establece el artículo 8.
En paralelo a la audiencia, la diputada cordobesa Soledad Carrizo (UCR) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el estado de implementación del Programa Nacional de Alquiler Social, creado en la ley vigente. La legisladora pidió saber, entre otras cosas, cuántos beneficiarios están alcanzados y qué acciones se están ejecutando.
“Dadas las dificultades para acceder a información oficial sobre este tema y la ausencia de datos que permitan llevar adelante un trabajo legislativo de rigor en materia habitacional, solicitamos a través de este proyecto que el Ejecutivo brinde el mayor detalle posible para conocer los resultados de esta ley”, afirmó Carrizo.
