El Gobierno nacional acordó con los gobernadores de 21 provincias suspender por 45 días el cobro de capital de los préstamos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) correspondientes al año 2016, cuyos vencimientos operan desde este mes.
Y les anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para enmendar los alcances de la denominada Ley de Reparación Histórica dictada en 2016. Ahora el gasto para cubrir las obligaciones que indica esa norma pasará a ser responsabilidad del Tesoro (ver aparte).
El objetivo del Gobierno es que la Anses les refinancie a 21 provincias vencimientos de capital e intereses que operan entre 2020 y 2022, por un pasivo de unos 113.000 millones de pesos con el Fondo de Garantía.
Con el refinanciamiento, se frenan los descuentos de Coparticipación Federal que se habían empezado a ejecutar para que la Anses pudiera cobrar las cuotas de créditos otorgados entre 2016 y 2019, en la gestión de Mauricio Macri.
Es un gesto de Alberto Fernández en medio de la crisis y cuando el Presidente busca apoyo político para avanzar con iniciativas que han generado el rechazo opositor como la reforma judicial que está cerca de naufragar en Diputados.
Datos reportados por el FGS hasta abril indican que las provincias le deben 113.991 millones de pesos por dinero que tomaron en préstamos. Además, en la cartera de este fondo hay unos 71 millones de pesos en bonos y letras que emitieron las provincias.
El endeudamiento de las provincias comenzó en mayo de 2016. Como los gobernadores reclamaban recursos en medio del ajuste fiscal, se les sugirió endeudar a las provincias con la Anses. Las únicas sin deuda son Córdoba, Santa Fe y San Luis.
Los créditos que otorgaba la Anses en el macrismo estaban garantizados por la Coparticipación Federal de Impuestos. En febrero hubo un acuerdo político para suspender por seis meses los descuentos a cambio de apoyo opositor al proyecto de reestructuración de la deuda externa.
Con el impacto de la pandemia, todos los gobernadores daban por hecho que no habría descuentos una vez que venciera ese pacto, pero las retenciones comenzaron a manos de la Anses. De hecho, el gobernador Rodolfo Suárez hizo público el descuento de una cuota sobre el viernes de la semana pasada.
Es porque este mes se terminan los 150.000 millones de pesos recaudados con el Blanqueo de Capitales impulsado por el macrismo con lo que se venía financiando la “reparación histórica”.
El Ejecutivo mandará un proyecto de ley que tiene como objetivo transformar el mutuo financiero en un bono con plazos y “condiciones blandas” para las provincias, refinanciando vencimientos que operan entre 2020 y 2022.
Por ello, ayer 21 mandatarios provinciales se reunieron en videoconferencia con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; la titular del Anses, Fernanda Raverta; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el presidente del bloque de Diputados oficialista, Máximo Kirchner.
Sólo este mes operaban vencimientos por 25.500 millones de pesos, una cifra colosal para las provincias en medio de la sequía de recursos que prevalece por la caída de la recaudación propia y nacional a causa del impacto de la pandemia en la economía.
El saldo de la deuda de Mendoza con la Anses al 31 de marzo (último dato publicado disponible) ascendía a los 4.827 millones de pesos. De ese monto global, unos 1.817 millones (37,6%) de amortización más intereses vencen este año.
Hay otros distritos claramente más comprometidos con Anses como por ejemplo Buenos Aires, que tiene una deuda de 25.422 millones con el FGS; Jujuy debe 12.000 millones; Tucumán adeuda 9.800 millones; la Capital Federal, 7.348 millones; y Santa Cruz, 7.178 millones.
