No hay paz entre patronal y gremio docente. El Gobierno recibió los reclamos de sindicatos que no paritan y que quedan bajo la órbita del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). La decisión del Estado fue otorgar un aumento, por decreto, a docentes y no docentes respetando la última oferta salarial, que constaba de una suma fija no remunerativa ni bonificable de $ 54.000 en doce cuotas y un incremento del 20% al salario básico en tres tramos: un 7% en marzo y julio, y el 6% restante en octubre. Desde el gremio docente calificaron la resolución del conflicto como “una imposición” y ratificaron que no iniciarán las clases el 1 de marzo.
La oferta, que había sido rechazada por el SUTE, fue bien vista por la Unión Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato Único de Celadores No Docentes de Mendoza (Sucend), docentes autoconvocados y celadores autoconvocados. Luego de reunirse ayer con el mandatario provincial, Rodolfo Suárez, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez y el titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas, quedaron conformes por el anuncio.
De la ronda también formaron parte Roberto Macho, Adriana Iranzo, y Susana Matas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y Cristian Galdeano y Gustavo Allub por UPCN, respaldando de alguna manera la decisión de los gremios minoritarios y del Gobierno.
“Por decreto vamos a dar este aumento y consecuente bono a celadores, al personal no docente y a todos aquellos que quedaron afuera de la negociación paritaria, porque sería muy injusto que no lo recibieran”, expresó Suárez, considerando que “no es justo que por culpa de algunos dirigentes, (los trabajadores) se queden afuera de este aumento”.
El Gobernador reconoció que este aumento “no es el ideal”, pero aseguró que es el que se puede otorgar “dentro de la crisis tremenda que vive Mendoza, Argentina y el mundo”. Destacó también que “después de un año muy duro como fue 2020 y gracias a la comprensión de la mayoría de la dirigencia gremial de la provincia, de 17 gremios se llegó a un acuerdo salarial con 14”.
Críticas y reclamos
En donde no cayó para nada bien la oficialización del incremento fue en el SUTE. “Esto no es un acuerdo, es un decreto. Un decreto es una imposición en el marco de que cerraron la paritaria, que no quisieron seguir negociando cuando todos los trabajadores y trabajadoras de la educación en asamblea, dijeron que no iban a aceptar una propuesta miserable por parte del Gobierno”, enfatizó Laura Espeche, secretaria adjunta del gremio en diálogo con Los Andes.
“El SUTE escuchó. Se hicieron asambleas y plenarios y escuchamos que los trabajadores no querían un aumento que es mucho menor a la inflación proyectada para 2021 y que no recompone nada en 2020. Además, es un retroceso histórico para todo el sector por los montos en negro y lo que esto significa en nuestro salario”, agregó en referencia a la suma de $ 54.000 que irá en concepto de “No Remunerativo”.
En función de este escenario, Espeche confirmó lo que ya había avisado el gremio tiempo antes: que no iniciarán el ciclo lectivo. “No iniciamos las clases. Eso fue votado por el plenario. El decreto es lo mismo y los motivos son los mismos”, indicó.
“Tenemos mucho más para pelear. Estamos iniciando 2021 con una pérdida salarial del 36%, es una locura. Hay mediciones que indican que la inflación ronda el 50%. Nos están condenando a un 36% de pérdida para 2020 y quizás un 30% más para 2021. Es realmente muy lejano. La relación sigue tensa”, manifestó.
Por su parte, Miguel Sosa, secretario general de Sucend, comentó que la reunión mantenida con Suárez y parte de su gabinete “ha sido justa” porque, a través de los petitorios de los distintos gremios, ha comprendido el mensaje. “La pirámide comienza de abajo hacia arriba, y nosotros, con lo que ganamos, estamos por debajo de la línea de pobreza, algo que hoy el Gobernador entendió. La realidad es que el gremio de docentes nunca nos representó y nunca nos va a representar”, disparó el gremialista.
Los gremios díscolos irían a la vía judicial
Dos gremios quedan sin aumento, con o sin decreto porque, al igual que el SUTE, rechazaron la propuesta inicial: la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (Judiciales) y la Unión Personal de Juegos y Casinos de Mendoza (UPJC).
Ante la decisión del Ejecutivo en relación al gremio docente, el secretario gremial de UPJC, Martín Caín aseguró que el Gobierno, con estas medidas los está “presionando y acorralando”. El decreto respecto de estos dos gremios no saldrá aún pero, de no aceptar, se quedarán sin la suma de $ 54.000.
El aumento propuesto sólo impacta sobre la mitad del salario de los trabajadores de Casinos ya que está compuesto por una mitad del régimen 05 y otra por adicionales específicos vinculados a la recaudación. “No estamos discutiendo sobre el 100% de nuestros ingresos, sino sólo sobre el 50%”, aclaró Caín.
“En caso de que el Gobernador saque un decreto para los trabajadores del instituto que no refleje la última oferta que se nos hizo (el aumento y la suma fija), vamos a llevar adelante una acción judicial”, indicó.
Adriana Domínguez, representante gremial de los judiciales, opinó: “El accionar del Gobierno es discriminatorio y cruza todos los límites posible de la ética, de la democracia. Juegan de una manera sádica con la necesidad de las compañeras y los compañeros y no aceptan la democracia sindical”.