A contramano de los trascendidos que circularon en las últimas horas, el Gobierno debió reconocer que no tiene en agenda efectuar un cuarto pago de $ 10.000 a los más de 8,8 millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto al inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) como suerte de respuesta a la abrupta caída de ingresos que provocaron las restricciones de circulación en los sectores más desprotegidos.
Este lunes, el Gobierno convocó a representantes del mundo empresarial, sindicalistas y referentes de organizaciones sociales y movimientos populares a una reunión ampliada del gabinete económico que semanalmente sesiona en la Casa Rosada para mostrar que el Pacto Social planteado en diciembre pasado sigue vivo, y exhibir así el apoyo de los sectores productivos y los trabajadores luego de varias semanas con malos resultados para la gestión de Alberto Fernández, tanto en materia económica como por los encontronazos con la Corte Suprema de Justicia, el campo, la oposición e incluso los medios de comunicación.
El fin de semana había circulado que la convocatoria al Pacto Social definiría los detalles de la cuarta ronda de acreditación del IFE. Sin embargo, la propia ANSeS debió aclarar que no era así. De hecho, el organismo que encabeza Fernanda Raverta dejó entrever días atrás que el “IFE 4”se diluiría al comunicar el cronograma de pagos de este mes, que empieza este jueves 8 de octubre, sin un calendario con pagos para los monotributistas categoría A y B, empleadas domésticas, trabajadores informales o desocupados, y beneficiarias de la AUH que forman el universo de beneficiarios.
Las razones que llevan a postergar cualquier mecanismo de asistencia en lo inmediato son de dos índoles: una económico-fiscalista, por la tremenda erogación que esto ocasiona (se estima que un mes de IFE equivale a tres del ATP dedicado a empresas), y otra de naturaleza epidemiológica y sociolaboral: muchos funcionarios entienden que tal como fue diseñado, ahora no tiene sentido continuar el IFE porque en muchas zonas donde se regrese a la (nueva) normalidad, los beneficiarios han retomado su actividad y ya cuentan con ingresos propios.
A la vez, el Gobierno reconoce que no tiene los elementos metodológicos, el tiempo ni los recursos para “peinar” la base de beneficiarios y discriminar entre los que sí pudieron volver a trabajar y aquellos que no. La situación sanitaria en cada provincia también incide, y de allí que se deba trabajar minuciosamente para llegar al más vulnerable. De allí que necesiten la connivencia de los sectores sociales para garantizar paz mientras se resuelve el asunto.
La contrapropuesta de la Casa Rosada pasa, en cambio, por poner cuanto antes en marcha las transferencias dinerarias que impactan fuertemente en el empleo de mano de obra a través de proyectos de infraestructura, rutas y más, y que implican una contraprestación del ayudado.
Para esto, apuntan a fortalecerlos programas “Argentina Hace”, “Argentina Construye” y “Potenciar Trabajo”, que ejecutan los ministerios de Obras Públicas, Desarrollo Territorial y Desarrollo Social, respectivamente, casi $ 90.000 millones -el costo aproximado de una ronda del IFE, y alentar al empresariado local a invertir en proyectos o instrumentos financieros como los que fueron presentados la semana pasada para desinflar la presión sobre el dólar.
Apoyo de cara a la negociación con el Fondo
Tras levantar el peso a su gabinete, el presidente Alberto Fernández arrancó la semana poniéndose en la primera línea a coordinarlos esfuerzos para reasegurar el apoyo de actores empresariales, sindicales y sociales al rumbo adoptado por el Gobierno, tras semanas de malas noticias acumuladas por los pésimos índices económicos y las dificultades que sigue provocando la pandemia de coronavirus.
Fernández recibió en su despacho de la Casa Rosada al empresario Luis Pérez Companc, CEO de Molinos Río de la Plata, hijo del magnate Gregorio y uno de los 9.000 millonarios que quedarían afectados por el Aporte Extraordinario Solidario (AES) o “impuesto a la riqueza”.
Según supo este diario, el presidente también recibió en la última semana a otros empresarios de renombre, como Roberto Murchison, presidente de IDEA, para confirmar su asistencia al coloquio anual de la entidad; Sergio Kaufman, de Accenture; Martín Migoya, del unicornio Globant; Javier Madanes Quintanilla, de Fate y Aluar; Roberto Urquía, de Aceitera General Deheza (AGD), y Luis Betnaza, director de Techint y mano derecha de Paolo Rocca. Ante todos ellos, Fernández buscó llevar calma y “despejar rumores que aparecen en los medios”.
Más tarde, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, junto con los titulares de Economía, Martín Guzmán; Trabajo, Claudio Moroni, Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y los titulares del Banco Central, Miguel Pesce, y la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont, buscaron hacerse con el apoyo de empresarios nucleados en la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba) y la Asociación de Bancos Argentina (ABA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Construcción y la CGT, CTA y movimientos sociales.
A todos ellos, el equipo del presidente les pidió “defender los intereses de la Nación”, justo el día previo a la llegada de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que da puntapié a una discusión que el Gobierno busca ganar y posponer por tres años los vencimientos de deuda por más de u$s 42.000 millones.
