Las Cámaras de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear y San Rafael han unido sus voces para solicitar la derogación de la Ley 9133, que regula los contratos de compra y venta de materia prima, específicamente uva y fruta. Desde su promulgación, la normativa ha presentado una serie de dificultades que afectan la operatividad del sector agrícola y industrial.
“Esta Ley presenta dificultades desde su concepción”, reza el comunicado. Las principales críticas a la ley, que fue promulgada en 2019, se centran en la falta de alineación con los tiempos de producción y las restricciones que impone.
Una de las mayores trabas es la imposibilidad de celebrar contratos antes de la recepción de la materia prima en el establecimiento industrial, lo que genera incertidumbre sobre la cantidad y calidad del producto. Además, la fijación de precio definitivo antes de la disponibilidad del producto es considerada inviable.
“El precio depende de la demanda y cualquier estimación previa se convierte en mera especulación”, sostienen las especificas desde el texto. Desde su implementación, esta norma ha provocando más bien pérdidas de tiempo y costos adicionales para el sector comprador debido a las cargas administrativas y los recursos humanos necesarios para cumplir con los requisitos del contrato
Desde 2019, la Ley 9133 no ha cumplido eficazmente con sus objetivos de regulación, provocando un aumento de los costos adicionales para las empresas compradoras. Las cargas administrativas y los recursos humanos necesarios para cumplir con los requisitos del contrato han incrementado los costos operativos y reducido la competitividad de las empresas mendocinas.
Ambas Cámaras consideran que la ley, lejos de beneficiar al sector, ha generado mayores costos y reducido la competitividad de las empresas. Por este motivo, solicitan su derogación total para optimizar los tiempos de producción y eliminar cargas innecesarias que afecta tanto a productores como a industriales.
Recordemos que el 6 de junio, el Gobierno presentó una iniciativa en la Legislatura para derogar la Ley 9133. El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó que la ley se promulgó con la mejor intención, pero que “no ha funcionado como se esperaba. En los últimos cuatro años, se realizaron 43 mil contratos y solo 397 han tenido multas, y estas fueron por errores formales, no por denuncias de los productores contra industriales”.
El ministro de Cornejo también señaló que se pueden implementar medidas más efectivas sin imponer costos adicionales a la actividad privada, como lo han sido los sellados de contratos y las multas. La derogación de la Ley 9133 se presenta, entonces, como una medida necesaria para mejorar la competitividad y eficiencia del sector agrícola en Mendoza.
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