Con la publicación provincial de los procedimientos para cultivo e industria, el sector del cannabis medicinal avanza con la idea de ampliar la matriz productiva de Mendoza. Si bien los rendimientos son tentadores, se quiere asegurar que las reglas del juego sean claras para arriesgar una inversión elevada.
Ricardo Córica, presidente de la Cámara de Empresarios de Cannabis Mendoza (Cecam), explicó que ya hay ocho proyectos de entre 4 y 7 hectáreas que esperan afinar detalles para pedir las autorizaciones. El primer año, destinado a probar variedades, abarcaría sólo 40 hectáreas en la provincia, pero proyectan que, si funcionan bien, el sector podría llegar a 2.000 hectáreas en cinco años, incluyendo plantaciones en Santa Rosa, Valle de Uco, San Rafael y General Alvear.
Se calcula que una hectárea de cannabis medicinal podría emplear a 16 personas, por lo que el potencial en cinco años es de contratar a cerca de 32.000 trabajadores. “Es una producción muy intensiva en mano de obra, por eso los jardines cannábicos en general son chicos. La planta requiere de mucho cuidado: desde el trasplante hasta la cosecha y el secado”, describe Córica.
Si bien de momento son sólo números, la posible cantidad de empleos y el efecto “derrame” en la zona son unas de las motivaciones para impulsar el sector. El costo de instalación y de producción del primer año se estima en U$S 120 mil por hectárea (exceptuando personal de seguridad), considerando una infraestructura para 3 has. con riego por goteo y un reservorio.
Aparte se debe calcular la inversión en el secadero, dentro del mismo predio cerrado (en principio, no se comparte entre los campos). Un secadero de 400 metros cuadrados, más la infraestructura y los anexos como comedor, oficinas y baños, tiene un valor estimado de U$S 400.000.
Córica dio más detalles sobre los números del negocio: “En los dos primeros años estimamos plantar 6.600 plantas por ha., lo que nos daría una producción de 1.320 kilos por hectárea. El precio del comodity de la flor premium de cannabis es U$S 300 el kilo y estimamos que ese valor se mantendrá. A ese precio, el pago sería de U$S 396 mil por hectárea en bruto, sin contar los costos del proceso ni los impuestos”.
Esos cálculos son moderados y, considerando un rendimiento conservador de 200 gramos por planta. Se estima que, con experiencia en el manejo, el rendimiento podría llegar a 500 gramos por planta, aumentando más que el doble los ingresos brutos calculados. Vale recordar que la variedad es para uso medicinal y no serviría para efectos psicotrópicos.
Cannabis para la matriz productiva
La provincia de Mendoza ya contaba con leyes propias, tanto para la investigación científica (Ley 8.962) como para la producción de Cannabis con fines medicinales (Ley 9298). En marzo de este año se reglamentó esta última ley con la idea de sumar la actividad a la matriz productiva, y la semana pasada salió el procedimiento correspondiente.
Sergio Moralejo, subsecretario de Agricultura y Ganadería, explicó que, después de la ley provincial y el decreto reglamentario, faltaba esta publicación de los protocolos: “De este modo quedaron regulados todos los requerimientos y se habilitó la página web a los efectos de dar transparencia y trazabilidad a todas las consultas”.
El incentivo a la producción de cannabis medicinal en la provincia se toma con dos ejes centrales: el productivo y el sanitario. Quien se hace cargo es la Unidad de Control de Cannabis, que está integrada por tres ministerios. En principio, los proyectos se deben presentar en la Subsecretaría de Agricultura, que es la que va a determinar si el cultivo es apto o no en una zona determinada.
“El Iscamen va a verificar la salubridad vegetal, porque se trata de una planta con uso medicinal. El Ministerio de Salud hará las evaluaciones correspondientes y el de Seguridad tiene que controlar los predios, como también el transporte entre la finca y el laboratorio productor o el sitio de venta”, aclara Moralejo. El funcionario espera que los pequeños productores se asocien y se facilite su integración en la cadena de valor.
Virginia Coraglia, flamante encargada de la Unidad de Control y Programa Provincial de Cultivo de Cannabis, considera que lo más importante es entender qué es lo que se produce y a quién se lo va a vender el empresario. “Uno debe garantizar la trazabilidad de todo: desde la semilla hasta a quién se lo vende. Básicamente, no se puede cultivar sin saber el destino final de esa plantación”, afirma la funcionaria.
En ese sentido, Coraglia cree que “entender que es un medicamento cambia el eje de la discusión”. La variedad que se autoriza a cultivar no es útil para hacer psicotrópicos. La funcionaria remarca que Iscamen y Seguridad trabajarán conjuntamente en cultivo y transporte. Además se exigirá un doble “cero de seguridad” y deberá cultivarse lejos de escuelas y centros urbanos.
La parte industrial
Además del cultivo y el secado, otra parte de la cadena es elaborar el extracto de cannabis. Uno de los empresarios interesados en el tema es Joaquín Barbera, CEO de Grupo Broda, para quien es una industria verde desde el punto de vista del consumo del agua y se puede realizar de forma orgánica. “Es un cultivo muy noble y que permite el ingreso de divisas, que es lo que Argentina tanto necesita”, analizó.
“Para el proceso de extracción se pueden usar diferentes tecnologías. La que utilizamos nosotros es el dióxido de carbono súper crítico. Hacer algo de calidad requiere de una inversión grande y un equipo de trabajo importante”, explicó Barbera. Una inversión razonable para instalar un laboratorio de CO2 súper crítico puede ser de U$S 5 millones. Por eso es clave contar con garantías de que efectivamente se pueda exportar.
“Para que una empresa decida hacer eso y tenga la capacidad para hacerlo, tiene que haber reglas de juego claras. En Mendoza esas reglas están y en la Nación parecen tener intenciones de que estén, pero, hasta que no haya una reglamentación clara a nivel país, que permita a Mendoza exportar tanto la flor como el extracto, es muy riesgoso hacer una inversión, afirmó el CEO de Grupo Broda.
La reglamentación local
Barbera señaló que Mendoza ha elaborado una reglamentación que implica ciertas medidas de seguridad: “No se puede hacer en cualquier campo ni en forma tan fácil, porque es un cultivo especial. Hay que controlarlo y está bien que así sea. Lo importante es que las reglas sean claras y que cuando hagás la inversión y te controlen, sea como te han dicho”.
Desde la Cámara local de cannabis, Ricardo Córica opinó que lo ideal sería que en Mendoza se pudiera trabajar desde el cultivo hasta la resina, y después, que un laboratorio de especialidades medicinales haga las aplicaciones. En ese caso, el laboratorio no debería estar dentro de una plantación y seguiría regulaciones de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).
“La intención es instalar algo así en Santa Rosa, si el departamento aparece como un polo local de producción.
Además, tendría la ventaja de estar sobre el corredor bioceánico. La idea es que el laboratorio no esté dentro de ninguna plantación, pero sí cerca. Hablamos de una inversión de más de un millón de dólares”, detalló.
Finalmente, Barbera agregó que hay una gran variedad de precios según el tipo de flor que se exporte y si se exporta la flor o el extracto. Si bien la inversión es costosa, porque implica riego por goteo y especificaciones de terreno, cree que vale la pena por el alto valor del producto en el mercado y, si la reglamentación es viable, las inversiones van a sobrar.
“Hay que buscar exportar para conseguir divisas. Es un producto que incluso se puede vender con valor agregado cuando se elabora extracto y permitiría a Mendoza diversificar la matriz productiva”, cerró el CEO de Grupo Broda.
Afinar los procedimientos
La semana pasada el Gobierno de Mendoza presentó el procedimiento para la producción de cannabis medicinal. Ahí se establece, entre otras cosas, cómo se podrá cultivar, conservar y producir la planta. Desde la Unidad de Control y Programa Provincial de Cultivo de Cannabis explicaron que hay cuatro protocolos a seguir (agricultura, fiscalización, seguridad y salud) y dos instructivos, uno para la licencia de cultivo y otro para la licencia de industrialización.
“El instructivo más complejo es el de industrialización, ya que requiere cumplimiento de normativa de la Anmat respecto de las Ifas (Ingredientes farmacéuticos activos). El proyecto debe venir integrado. Acá en Mendoza pretendemos que se instale la otra etapa de la cadena de valor”, explicó Coraglia. La idea del gobierno es que esto colabore con otras industrias de la provincia, como la metalmecánica.
En la Cámara de Empresarios de Cannabis Mendoza consideran que el procedimiento se ha elaborado a conciencia, pero creen que se deben ajustar algunos puntos. El gobierno aceptó a volver a reunirse con ellos esta semana.
Ricardo Córica adelantó que el principal reparo es que las licencias son por dos años, aun cuando los proyectos incluyen inversiones que pueden demorar 10 años en amortizarse. “Nosotros entendemos que las licencias deben ser de 10 años. Esto no quita que si un productor hace mal el trabajo, le puedan cancelar la licencia, pero el permiso debe ser más extenso. El primer año va a ser experimental. No se recupera la inversión rápido”, afirmó.
Por otro lado, el presidente de la Cecam agregó que hay una contradicción porque, para inscribirse como viverista, se debe tener un contrato con un agricultor con licencia, pero, para ser agricultor hay que tener el contrato con un viverista que ya tenga licencia.
