De no convertirse en ley alguno de los proyectos que reemplazarían a la 26.970, vigente hasta el 31 de julio de este año que establece moratorias, “31.724 mendocinos y mendocinas no van a poder jubilarse en los próximos dos años”.
Sin embargo, las sucesivas moratorias funcionan como “parches” para un sistema que presenta la dificultad de que se trata de adultos que, si bien trabajaron, posiblemente más de 30 años, no efectuaron los aportes correspondientes; y no se les puede negar el derecho constitucional, establecido en el artículo 14 bis que determina que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable”, y que “la ley establecerá jubilaciones y pensiones móviles”.
En este sentido, el jefe regional Cuyo de Anses, Carlos Gallo, explicó que en la actualidad conviven la Ley mencionada anteriormente, que incluye solo a las mujeres (personas de entre 60 y 65 años, pero los hombres se jubilan después de la edad tope), con vencimiento a fin de mes; y la ley 24.476, que no tiene vencimiento, pero que toma aportes comprendidos entre 1995 y 1993.
Esta última abarca a muy pocos casos porque, por ejemplo, un varón que cumple 65 años en 2022, podría regularizar periodos desde sus 18 años (cumplidos en 1975), y necesitaría tener 12 años de aportes posteriores a 1993 para poder jubilarse. “Va a llegar un momento en que el propio paso del tiempo va a hacer que sean cada vez más los años de aportes que se van a tener que tener y menos los que se podrán regularizar”, explicó Gallo.
Así, ante una ley que solo contempla a las mujeres y que vence en pocos días, y otra que ha quedado desactualizada, es que se discute un mejor sistema para garantizar el acceso a jubilaciones dignas, con un sistema previsional en el que los activos aportan por los pasivos pero que, además se complementa con aportes vía impuestos y que, por lo tanto, debe ser sustentable.
-¿Cómo se renuevan las moratorias sin desfinanciar el sistema?
-Quizás habría que rediscutir ese concepto, porque lo contributivo va a seguir existiendo, los trabajadores activos aportan por quienes no pueden trabajar en la Argentina, ya sea por que alcanzaron la edad jubilatoria o por discapacidad, son derechos constitucionales que el Estado debe garantizar, es por eso que el sistema es de “Reparto asistido”, es decir que se complementa con aportes y también con recursos tributarios (IVA, impuestos sobre bebidas alcohólicas, etc.)
Incluso hoy quien recibe una prestación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) aporta, a través de impuestos, y quienes se dice que “no aportaron en toda su vida”, en realidad lo hicieron, y lo siguen haciendo, porque todos compran.
Cuando se habla del financiamiento del sistema se habla de una decisión política que se tomó en Argentina, frente a lo que eran las AFJP, que redistribuye los ingresos para garantizar que nadie quede sin protección social. Es una decisión política que fue necesaria, y quienes la discuten, tienen que tener en cuenta que la alternativa puede ser que alguien se quede sin esa protección social.
Justamente la última moratoria redujo la edad máxima hasta cuando se podía pedir moratoria como una forma de “achicar la caja”, y en lugar de jubilaciones algunos accedieron a la PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor), pero eso no fomenta el carácter contributivo, porque para una persona que está por jubilarse, pero le faltan años de aportes, ¡para qué le serviría regularizarlos si pase lo que pase no va a cobrar más que esa pensión? (hasta el 80% de una jubilación mínima). Entonces, la última moratoria que se hizo tuvo como objetivo reducir la caja, no incluir.
-¿Pero entonces cómo se hace más sostenible al sistema?
-Es cierto que se tiene que financiar el sistema, por eso se valoran distintos proyectos (desde el Frente de Todos), uno de la diputada Gisela Marziotta, que implica una prórroga de la moratoria con la posibilidad de que durante un año se incluya también a los hombres (se modificaría el tope de hasta 65 años por un periodo); y otro que, para mí, implica una solución de fondo, porque no solo la prorroga, sino que sí fomenta el carácter contributivo.
El proyecto de Anabel Fernández Sagasti -con Mariano Recalde-, que ya tiene media sanción, suma una solución de fondo, que es que un trabajador al que le quedan 10 años para jubilarse, puede pagar cada mes el equivalente a los aportes que le quedan hasta la edad tope.
Se pagaría una unidad por mes y equivale al 29% de la base mínima a partir de la cual se comienzan a pagar aportes. Este sistema contribuye a reducir la informalidad laboral, permitiendo que un trabajador, sin importar cuánto falte para jubilarse quiera estar en blanco, aportar a través del salario y, también, adelantar lo que le falte para luego no recurrir a una moratoria (o que esta no sea tan larga).
-Más allá de Anses, se discute mucho el monto que alcanzan los titulares de planes sociales y hasta se asegura que es una de las razones por las que ‘la gente no quiere trabajar’, ¿qué opina al respecto?
-Yo no creo que exista nadie que no quiera trabajar, pero además, se estigmatiza a quienes encima que no encuentran trabajo, tienen un aporte que es para los hijos, y se equipara las asignaciones, que son para los niños a planes que manejan algunas organizaciones que sí están mal y que hay que rediscutir. Hay que diferenciar lo que tiene que ver con asignaciones familiares o universal por hijo, que la cobran todos los niños de Argentina, sin importar si sus padres tienen trabajo o no (la AUH equivale al salario familiar pero se le retiene a sus titulares un 20% hasta la presentación de la Libreta Familiar para garantizar que los niños accedan a servicios de salud y educación); y los llamados planes sociales que sí pueden estar mal y que manejan grupos de poder de muchos partidos políticos.
Hay que rediscutir los planes, y quizás pensar en un salario básico universal, porque en lo universal no hay discrecionalidad, ni manejos políticos, es para todos, y no se les pregunta color político ni ideología, como ya sucede con las AUH.
Plan de pago de deuda provisional con media sanción
El proyecto de la senadora nacional del FDT-PJ Anabel Fernández Sagasti (autora junto al senador Mariano Recalde) que obtuvo media sanción busca regularizar períodos faltantes de aportes jubilatorios hasta diciembre de 2008 inclusive con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio y que, de acuerdo a la cantidad de años a cancelar, serán 1, 30, 60 o 120 cuotas.
En lo que queda de 2022 cerca de 500 mil personas en edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional contemplada en la ley. Además, otras 300 mil estarían en condiciones de adherir en 2023. Se trata de personas que no han podido adherir a las moratorias jubilatorias anteriores por las restricciones que acumularon a partir de 2016.
El plan de pago tiene una duración de dos años y puede ser prorrogado por el gobierno nacional. Tiene una mirada a mediano plazo y la idea es “crear una conciencia previsional en todos y todas para que puedan prever hacia el futuro cómo estarán sus aportes cuando lleguen a la edad jubilatoria. Estamos siguiendo la agenda de 800 mil familias que esperan una respuesta urgente”, resaltó.
La senadora nacional analizó las distintas crisis socioeconómicas y del mercado de trabajo que atravesó la Argentina, fundamentalmente a partir de la década del noventa en donde los niveles de informalidad y de desempleo fueron enormes y explican la situación en la que se encuentran los argentinos que no reúnen hoy las condiciones para jubilarse. “Estos trabajadores no es que no aportaron porque no estaba en su voluntad, aportar al sistema previsional. No aportaron porque sobrevivieron a las diferentes crisis económicas que se dieron en la Argentina, como la hiperinflación del 89′, los picos de desocupación de los 90′, el 2001, y ¿qué vamos a hacer con esa gente?¿Los vamos a dejar sin jubilación, sin acceso a derechos?”, reflexionó.
