El Gobierno cerró el mes de marzo con la reglamentación de la Ley N.º 27.705, conocida como “la nueva moratoria”, o el plan de pago al que podrán acceder al menos 800.000 personas en edad de jubilarse pero que no han cumplido con la totalidad de los 30 años de aportes.
Desde entonces, la Anses ha estado emitiendo turnos y atendiendo a miles de jubilados, y se espera que el número inicial de beneficiarios aumente, porque, a los nuevos jubilados se les sumarán quienes quieran convertir la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) en una jubilación, para mejorar sus ingresos.
Así, lo explicó Carlos Gallo, jefe Regional Cuyo de Anses, y destacó que los 30.000 mendocinos o los 10.000 sanjuaninos que se comunicó que podrían jubilarse gracias a la nueva moratoria, comprende solamente a los ciudadanos que cumplirán 60 o 65 años este año y no han podido completar sus años de aporte, pero “serán muchos más”. “Hay personas que superan la edad que dice la ley, y no han podido jubilarse, y que gracias a esto, van a poder acceder a un plan de pago”, agregó.
Gallo accedió a una entrevista con Los Andes para despejar de todas las dudas que puedan existir en torno a este “plan de pagos”, por el que, según advirtió, “no se está regalando dinero”, sino que se le está dando la posibilidad, a un adulto mayor que de una u otra forma aportó toda su vida, de “jubilarse”.
-Finalmente se aprobó la ley, pero no sin polémicas, ¿qué dirías a quienes creen que de esta forma se le reduce la jubilación a quienes sí tienen los 30 años de aportes registrados?
-Eso es parte de un discurso ‘antivalores’ que construyó la oposición porque no existe el jubilado no aportante. El sistema previsional argentino se compone de aportes de los trabajadores activos, pero también por el sistema tributario, por lo que, incluso los jubilados continúan aportando. Es un sector que realmente aporta, casi el 100% de lo que gana se vuelca nuevamente al consumo, vuelve en forma de IVA, Ingresos Brutos, y demás impuestos.
Esta no es una prestación universal, es una jubilación ordinaria a la que se accede por medio de un plan de pagos; y fomenta más el carácter contributivo que lo que podría hacer una prestación universal, porque el jubilado paga en hasta 120 cuotas por el tiempo que no pudo aportar.
Lo que aumentaría el gasto, desfinanciaría el sistema y afectaría la posibilidad de jubilar personas sería no jubilar, porque ahí es cuando sufre el comerciante. Es un concepto keynesiano, pero los jubilados destinan sus ingresos al consumo, lo que sí generó que hoy las personas cobren menos es el endeudamiento que propició el Gobierno anterior y con el que todavía no sabemos qué se pagó o a dónde se fue.
La obra pública y el sistema previsional son dos factores que aumentan el consumo y colaboran con una salida de la crisis, pero la oposición potencia ese discurso antivalores, cuando es deber del Estado cuidar a su gente.
-Entonces, si la jubilación es un derecho, ¿por qué se somete a los posibles beneficiarios a una evaluación económica, no debería estar disponible para todos?
-Las moratorias siempre tuvieron restricciones. Lo que está en estudio es el pago en cuotas, pero la moratoria está disponible para todos los que deban completar aportes. El plan de pagos es lo que se estudia, pero no modifica ni la edad jubilatoria ni los años de aportes necesarios.
Además suma incompatibilidades, no se puede acceder si se tiene, por ejemplo un “Potenciar Trabajo” u otra asignación de ese tipo. Se da de alta un beneficio pero se baja el otro.
-¿Cómo será esa evaluación, qué causales alejan a una persona de poder acceder al plan de pagos?
Para aprobar la evaluación sociopatrimonial el solicitante deberá pasar todos los siguientes puntos:
El ingreso bruto promedio mensual de los últimos 12 meses anteriores a la fecha de la evaluación, no puede superar el límite vigente para el derecho a la percepción de la asignación familiar o piso salarial de Ganancias, hoy de $404.062 brutos.
Esto significa que hay que sumar todos los ingresos que tuvo el jubilado en un año (solo, no de su grupo familiar), y al resultado, dividirlo por 12. El número que resulte, deberá ser inferior a $404.062.
Además, en el análisis se tendrá en cuenta que el posible jubilado no haya declarado impuestos a los bienes personales por más de $11.635.200 ((2,4x404.062)x12). -Se tendrán en cuenta los sueldos brutos en relación de dependencia, los haberes previsionales brutos y los ingresos declarados en el impuesto a las ganancias y/o el rango de ingresos brutos anuales declarados en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)-.
El análisis también tiene que ver con los bienes registrados. En automotores, no deben superar los $4.849.744 (según el valor que informa la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, que resulta ser más bajo que el de mercado). En este caso, si una persona tuviera más de dos autos, por la razón que fuere, se considera que le podría convenir más vender uno y pagar los años que adeuda, y jubilarse que mantenerlos.
Además, la persona no puede registrar la tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil, ni tampoco la tenencia de embarcaciones de más de 9 metros de eslora informada por la Prefectura Naval Argentina.
En la evaluación, no se tiene en cuenta la vivienda familiar. Esto significa que si, por ejemplo, una persona vive de rentas, porque tiene varios inmuebles y supera ese valor, el Estado no le va a financiar la deuda previsional, pero sí puede jubilarse, lo que no podrá hacer es pagarla en cuotas.
-En cuánto a los gastos con tarjeta de crédito y débito, ¿cómo se controla y qué pasa si una persona tuvo un consumo excepcional un mes, quizás un débito que provino de un crédito que tuvo que pedir y no de sus ingresos, como tal?
-Para evitar esos problemas, porque la jubilación se otorga por sistema, y cuando se exceden los límites salta que la persona no puede acceder a la moratoria, se tuvieron en cuenta los promedios de los últimos 12 meses.
Es decir que los gastos y consumos no pueden superar el 80% del tope de ingresos que se toma en cuenta para el sistema de asignaciones familiares ($404.062), es decir, no puede superar los $323.200.
Esto qué significa, que si un mes, una persona compró un televisor, una heladera, o generó cualquier gasto que exceda ese monto, pero los otros meses no, en el promedio va a dar que gasta menos. Se toma en cuenta solo el dinero que se debita, informado por las entidades financieras a AFIP.
-¿La moratoria reemplaza a la PUAM?
La Prestación Universal del Adulto Mayor sigue vigente, pero si un jubilado decide acceder a la moratoria, pasaría a cobrar más. Existen personas que quizás tienen 28 años de aporte, pero sin este plan de pago, debieron recurrir a la PUAM (80% de una jubilación mínima), cuando, quizás pagando solo dos cuotas, tendrían la jubilación que les correspondería según el trabajo que realizaron cuando estaban en actividad.
La jubilación ofrece más beneficios que una PUAM, porque la jubilación se deriva (al cónyuge o hijo con discapacidad), una vez pagadas las cuotas, se cobra el 100% del haber jubilatorio y además genera voluntad contributiva, porque la persona paga su deuda previsional.
En mayo, cuando se reglamente la posibilidad de que los trabajadores en activo adelanten aportes para llegar con sus 30 años al momento de la jubilación, se va a ver con más fuerza cómo esta ley fomenta la voluntad contributiva y fortalece al sistema previsional.
-¿Cuánto dinero se le restaría a cada jubilado por la moratoria?
Dependerá de cuántos años de aportes registrados tenga, de 0 a 29 y 10 meses. El plan de pago permite optar entre 2, 6, 15, 30, 45, 60, 90 y 120 cuotas. Cada unidad de pago es un mes de aporte, y es el 29% de la Remuneración Mínima Imponible (el 29% de $19.758, es decir, $5.729,97).
Es el 29% porque es igual al 11% de aportes y 18% de contribuciones que aporta cada trabajador y su empleador.
Así, en caso de regularizar 15 años, el jubilado debería pagar por 180 meses (180x $5.729,97) y tendría una deuda de $1.031.394,60 que, en 120 meses serían $8.595 por mes. Ese valor se descontaría de la jubilación.
-¿Qué significa que se regularicen aportes hasta diciembre de 2008? ¿Eso limita las posibilidades?
Todas las moratorias tiene vencimientos, por eso dejaron de tener sentido las anteriores, eran muy pocos los jubilados que hoy pueden acudir a las moratorias hasta 1993 o la de hasta diciembre de 2003.
Pero si hoy consideramos que una persona que hoy tiene 65 años en el 2008 tenía 50, se van a contar los aportes que tiene registrados hasta ese momento. Esto es porque quien se jubila hoy con 65 años (hombres) o mujeres, con 60 años, hasta 2008 tuvieron 32 años o 27 años en los que pudieron haber aportado y la cantidad de años a regularizar es menor.
-¿Se requieren intermediarios para gestionar una moratoria?
No, el trámite es muy simple, e incluso se adaptó el sistema (informático e interno de la Anses), para que resulte todavía más simple.
Un jubilado puede llevar toda su información, sería óptimo que revisara cuántos años de aporte tiene antes de acudir a las oficinas el día del turno para simplificar las cosas y, en el caso de las mujeres, llevar las partidas de nacimiento de sus hijos para obtener el reconocimiento por tareas de cuidado (1 año de aportes por hija/o; 2 años de aportes por hija/o adoptada/o; y un año adicional por hija/o con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses).
La nueva moratoria, punto por punto:
-Se trata de un plan de pagos, de hasta 120 cuotas, para completar los 30 años de aportes;
-se toman los aportes registrados hasta el año 2008;
-las mujeres pueden sumar años por tareas de cuidado (1 por cada hijo o 2 por hijo con discapacidad);
-cada unidad de pago o mes que se adeude, equivale a $5.729,97;
-para acceder a la moratoria, un jubilado no puede tener gastos en la tarjeta de crédito o débito superiores a $323.200 (promedio en 12 meses). Tampoco barcos, areonaves, o vehículos valuados en más de $4.849.744 (según DNRPA).
-la edad jubilatoria no se modifica y el nuevo jubilado cobrará al final del plan lo mismo que hubiera cobrado con los 30 años de aporte (en menor o mayor medida, según cada rubro y actividad).
