El presidente Alberto Fernández defendió este lunes las restricciones parciales a las exportaciones de carne hasta el 31 de octubre y analiza qué hacer el día después, un escenario en el que no se descarta la suba de retenciones a ese producto.
La restricción parcial a la exportación de carne estará vigente, como mínimo, hasta el 31 de octubre. No obstante, podría haber una nueva prórroga hasta después de las elecciones del 14 de noviembre.
El Gobierno no quiere dictar una medida que dispare la conflictividad política antes de que se defina la contienda electoral que podría reconfigurar la relación de fuerzas en el Congreso para la segunda mitad del mandato de Fernández.
Actualmente, las exportaciones de carne bovina pagan una alícuota del 9% en derechos de exportación. Un porcentaje más alto podría, evalúan en el Gobierno, oficiar de amortiguador ante el alto precio internacional, para que no haya presión sobre la inflación interna.
Esa sería la forma de liberar en forma total las ventas al exterior para no perder mercados y en paralelo “regular” el precio interno de este producto que es protagonista en la mesa de los argentinos pero se encuentra en uno de los niveles de consumo más bajo de la historia.
Claudio Moroni, ministro de Trabajo, aseguró en las últimas horas que el Gobierno quiere proteger a la industria para que exporte más, pero aclaró que no lo hará en desmedro de una disparada del precio interno.
“El mercado local se está acomodando y cuando veamos que está plenamente estabilizado serán abiertas las exportaciones en su totalidad”, dijo el funcionario. Mientras tanto, la Mesa de Enlace agropecuaria analiza con las bases la posibilidad de un cese de comercialización.
A horas de las elecciones primarias en el Gobierno no quieren anticipar nada, pero afirman en off the récord que si los precios internacionales siguen altos, es imposible pensar en una reapertura total sin otro “amortiguador”.
Esas mismas fuentes señalan que la suba de retenciones es una alternativa en análisis. Y aclaran que no lo es por un sentido recaudatorio, dado que al Estado este año le quedarán unos 250 millones de dólares (dos días de intervención del Banco Central), sino sólo por los precios locales.
La defensa de Fernández
En declaraciones a la radio porteña El Destape, Fernández dijo que el cepo parcial contra la carne fue una de las medidas que el Gobierno puso en marcha con el único fin de contener la inflación, que este año será un 23% más alta que la del año pasado.
“Hemos trabajado con el tema de la carne. Ayer veía un informe del CEPA que daba cuenta cómo los precios de la carne empezaron a ceder desde que nosotros cerramos las exportaciones”, dijo.
Según ese informe, el precio de la carne vacuna en el mostrador de las carnicerías y supermercados se redujo 1,4% en agosto. Así, acumuló una baja del 6% en la hacienda y del 2,3% mostrador.
Para la Sociedad Rural Argentina, integrada mayoritariamente por grandes productores ganaderos, en 135 días de restricciones, la cadena de ganados y carnes acumuló pérdidas por 1.084 millones de dólares.
Fernández aseguró que a él no le gustó tener que cerrar exportaciones, porque de hecho el país necesita divisas. Pero defendió la medida porque con ella, según afirmó, se ha frenado la suba de precios que había para este producto en el mercado interno.
“Me encantaría que en los productores y frigoríficos entendieran que en la Argentina no se debe pagar la carne al mismo precio que se paga en Beijing o París porque no les cuesta lo mismo producir que en esos lugares del mundo”, sostuvo el Presidente.
Por lo tanto, agregó, hacia adelante tendrían que saber “discriminar” el precio argentino del precio internacional. “Muchas veces la avaricia genera estas cosas. Y muchas veces también muchos pícaros ven momentos de oportunidad y se meten a hacer desordenes que si el Estado no se pone duro, todo se complica”, expresó.
Según Fernández, cuando se anunció el cierre de exportaciones el Gobierno hizo un cálculo y concluyó que el precio local por kilo de carne tenía un nivel de 600 pesos y el de exportación no superaba los 229 pesos.
“Eso era producto de subfacturación de casi medio centenar de exportadores que aparecieron de la noche a la mañana. Entonces, no es tan simple como a veces se plantean las cosas. En la construcción de un sistema de precios cuidados y razonables necesita de todos los sectores” dijo.
La conflictividad política
En una entrevista reciente con este medio, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que el Gobierno quiere un sector que tenga más capacidad para invertir, para producir, generar empleo, comercializar y exportar, pero aclaró que el Estado no puede no regular.
También ocurre, dijo, que por la historia que ha tenido la Argentina hay instrumentos que parecieran estar “vetados” y se termina recurriendo a herramientas “subóptimos para evitar una mayor conflictividad a nivel político”.
“Debemos, como sociedad, trabajar para entendernos mejor y que aquellos instrumentos que por razones históricas parecieran generar mucha conflictividad puedan ser utilizados cuando resulta que su utilización termina siendo beneficioso para todos los sectores con respecto a usar otros instrumentos”, planteó.
