Con la Emergencia Económica, los empleados del Casino de Mendoza perdieron la “bonificación compensatoria” y “mayor productividad”. Estos ítems que tenían que ver con los ingresos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (pero con un piso mínimo), y que con el cierre de las salas quedó sin efecto.
Ahora, el Gobierno le hizo una oferta a la Unión del Personal de Juegos y Casinos para recomponer ese salario, y esta fue aceptada.
El proceso para llegar a este acuerdo, por 90 días o hasta que reabra el Casino, comenzó con una demanda de “inconstitucionalidad” que presentó la Unión del Personal de Juegos y Casinos de Mendoza (UPJCM) por la pérdida salarial.
Según explicó Martín Caín, secretario del gremio, el lunes el Gobierno hizo una propuesta que incluye un bono hasta agosto, y en el mes de setiembre se reunirían las partes para darle continuidad (en caso de que el Casino permanezca cerrado), o “que se vuelva a respetar el pago de todos los conceptos”, si las salas abren al público.
"Tenemos acuerdos paritarios que garantizan el ingreso salarial, el Gobierno aduciendo que el Casino no produce, nos pagaba una parte, y la otra parte no. Nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad, y la Corte llamó a conciliación. El Gobierno hizo una oferta para compensar el recorte, a través de un bono mensual hasta septiembre, y se aceptó", resumió Caín.
Esto implica que “los trabajadores que menos ganan pasarán a cobrar entre el 75% de sus salarios y el 100%, y los que más ganan entre el 60% y el 65%. Hasta ahora estuvieron cobrando el 50%”.
El salario de los trabajadores del casino se compone en un 50% por el salario de la Administración Central, y el resto varía según la recaudación del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (con un piso garantizado) y como el juego se suspendió durante el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", el pago también se detuvo.
Según explicó Caín, el bono garantizaría que se pague al menos ese piso mientras dure la pandemia.
De esta forma, se alcanza un acuerdo similar al que llegó la Confederación General del Trabajo (CGT) con la Unión Industrial Argentina (UIA) por el que se habilitaron las suspensiones temporarias y el pago del 75% del salario neto para los empleados que se encuentre temporalmente inactivos, producto de la cuarentena.
