El oficialismo en el Senado buscará este miércoles el dictamen de mayoría para tratar la semana que viene en el recinto los dos proyectos de ley para cobrarles impuestos a los que “fugaron” divisas y evadieron tributos en los últimos tres años, con la idea de usar ese dinero para pagarle al FMI.
Desde las 14, las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda debatirán por última vez –en principio- sobre la iniciativa, para terminar de consensuar los cambios acordados ya de palabra para alcanzar los votos necesarios para la aprobación.
Hay dos proyectos sobre la mesa: la ley que crea el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI; y la que modifica la Ley de Entidades Financieras, para “actualizar y modificar las excepciones” en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.
Estas iniciativas son rechazadas por la principal fuerza política de la oposición, Juntos por el Cambio, que tiene al economista Martín Lousteau como vocero de las críticas en el debate de comisiones.
“Es un blanqueo de aquellos que no declararon lo que tienen en el exterior, y además es un blanqueo sin limitantes: se puede blanquear a alguien con origen ilícito de fondos o a alguien que estuvo lavando”, advirtió Lousteau en una de las reuniones previas.
Oscar Parrilli, impulsor de la iniciativa que cuenta con el pleno respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, admitió que el oficialismo está dispuesto a hacer cambios que considera oportunos para avanzar la semana próxima.
Pero rechazó el senador oficialista el planteo de Lousteau; “Esto no es un blanqueo porque esto no es voluntario, esto es persecutorio, es intimidatorio y coercitivo, porque estamos yendo sobre los fugadores”.
Los cambios al proyecto original
Uno de los primeros cambios al proyecto de ley consiste en que ya no se le dará al Poder Ejecutivo la facultad para prorrogar la vigencia del blanqueo de capitales y que todo lo que se recaude será pura y exclusivamente para abonarle la deuda al Fondo.
“El objetivo aquí es sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional. A lo mejor, a algunos les interesa y a otros no, porque están cómodos con el Fondo encima nuestro. Nosotros no estamos cómodos con el FMI mirándonos los números todos los meses”, dijo Parrilli.
Para realizar los cambios, el oficialismo aceptó los pedidos de un sector de la oposición y también de los expositores que pasaron por las jornadas de debate en comisiones de la iniciativa.
Por otro lado, se amplían las facultades de la AFIP, sobre todo para dictar los procedimientos que necesita para aplicar esta ley en cuanto a la documentación respaldatoria de las investigaciones que se lleven adelante.
Otra de las novedades pasa también por la forma de pago de lo que se determine como impuesto evadido: la ley le dará a la AFIP la posibilidad de cobrar en efectivo en un solo pago o de ofrecer un plan de hasta doce cotas mensuales.
Otro cambio consiste en que si el o la investigada no colabora para la exteriorización del capital y el pago de todos los impuestos evadidos, se le cobrará además el 20% de penalización establecido en el proyecto.
Esta ley solo exime las sanciones establecidas por la Ley Penal Tributaria y la Ley de Evasión Fiscal. Nada contempla el proyecto sobre lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, contrabando o terrorismo, por lo que si hay investigaciones en este sentido, las mismas deberán seguir su curso.
Por otro lado, el Frente de Todos aceptó “perfeccionar” la redacción sobre las funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP de acuerdo a los convenios internacionales celebrados por la Argentina.
A su vez, como los bancos son los agentes recaudadores, se establecen duras penalizaciones para las filiales locales de las entidades que no colaboren por más que el dinero hallado esté en una sucursal del exterior.
“A veces los bancos que están en otras jurisdicciones y donde están depositados esos fondos no colaboran. Por eso, se establece que la AFIP le puede pedir al Banco Central aplicar las sanciones a la filial local de ese banco. Y esto va hasta la revocación de la autoridad para funcionar”, dijo Parrilli.
Sobre la figura del “colaborador” para hallar fondos “fugados”, se precisará en la ley que quien se adhiera a la misma para cobrar los beneficios establecidos tiene que dar “una información que sea veraz, confiable, contundente y sincera”.
El colaborador no tendrá que ir a la AFIP para hacer la denuncia. La ley crea un nuevo programa dentro del Ministerio de Justicia por el que el colaborador pueda ir y garantizarse el anonimato.
El ministerio de Justicia remite la información a la AFIP. El organismo recaudador hará la investigación y si recauda dinero, la recompensa del 30% la gira a Justicia y finalmente al colaborador le paga el escribano general del Gobierno.
Ahora, si el colaborador da una información que se confirma como falsa, se considerará esto como un delito y la persona deberá ser sometida a un enjuiciamiento por ello.
El 80% de los colaboradores en otros países provienen de vínculos familiares o societarios, por lo que la información suele ser fidedigna en ese porcentaje.
Por otro lado, el oficialismo aceptó modificar el monto mínimo para colaboradores, para evitar las “denuncias por denunciar”. El monto mínimo que tiene que denunciar el colaborador es 500.000 dólares.
La recompensa será del 30% en dólares y no estará sujeta al impuesto a las Ganancias.
También se decidió por consenso político que la cuenta que se va a crear es en dólares, porque los billetes que se descubran como “fugados” tendrán que ser repatriados.
“Son los dólares que se fugaron y que tienen que traer. No se va a permitir que sean los dólares que salgan de funcionamiento de la economía argentina, porque eso nos sigue haciendo daño”, dijo Parrilli.
La ley releva del deber de confidencialidad a los bancos para que colaboren con información sobre aquellos que tienen dinero fugado y por el que no se pagó impuestos.
Pero no releva del deber de confidencialidad a contadores, abogados y escribanos, por lo que estas personas no pueden ser colaboradores y deben mantener la confidencialidad con su cliente.
“Esto último evita la generación de desconfianza entre una persona y el ejercicio de los profesionales, porque si un contador, un abogado o un escribano es relevado de la confidencialidad, el cliente poca confianza le tendrá para darle los datos”, dijo Parrilli.
