El Gobierno reiteró hoy sus cuestionamientos a la ley de Movilidad Jubilatoria por entender que genera una “pérdida del poder adquisitivo” para la clase pasiva. Así lo señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina, en la que reiteró conceptos que había formulado anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, en cuanto a que las medidas anunciadas son “un paquete de emergencia” y que en el Gobierno no están “cómodos” ni “de acuerdo” con muchos de sus puntos.
Ante la posibilidad de suspender la vigencia de la ley de Movilidad Jubilatoria, Adorni dijo que “en los cálculos técnicos” que realizó el Ministerio de Economía, se comprobó que con la actual normativa “se espera que el jubilado tenga una gran pérdida del poder adquisitivo”.
”No podemos permitir que un jubilado pierda un 40% de su poder adquisitivo en el corto plazo, eso efectivamente hay que corregirlo”, sentenció, aunque prefirió no dar precisiones sobre qué modalidad se tomará como reemplazo de la ley vigente: “Hablamos sobre verdades y hechos ciertos, no sobre especulaciones y deseos”, manifestó, para agregar que informará al respecto “cuando tengamos cada una de las precisiones”.
Cómo se calculan los aumentos en jubilaciones
En un nuevo capítulo de la gestión de Javier Milei, el Gobierno ha anunciado planes para modificar la actual fórmula de movilidad jubilatoria, un mecanismo clave en la determinación de los haberes de los beneficiarios. La propuesta se enmarca en los esfuerzos por reducir el déficit fiscal hacia finales de este año.
La fórmula vigente, aprobada por el Congreso en diciembre de 2020 y aplicada desde 2021, establece que los haberes se determinan mediante un índice compuesto por el 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y el 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se considera el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec. El cálculo se realiza sobre el trimestre anterior.
En comparación, la ley de movilidad jubilatoria anterior, implementada durante el Gobierno de Mauricio Macri en 2017, seguía un enfoque diferente, contemplando el 70% del incremento de la inflación del trimestre y el 30% del aumento de los salarios privados en ese mismo período. Los lineamientos de este último es el que adoptaría el nuevo Gobierno.
La propuesta de modificación de Milei busca ajustar la actual fórmula con el objetivo de optimizar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal. Este anuncio seguramente generará debate y discusión en el ámbito político y social, ya que la movilidad jubilatoria es un tema de gran sensibilidad y repercusión en la sociedad.
Qué es la ley de Movilidad Jubilatoria
La Ley de Movilidad Jubilatoria ha experimentado transformaciones significativas a lo largo de los últimos años, reflejando distintas visiones y enfoques de diferentes administraciones.
En el año 2008, durante la primera presidencia de Cristina Fernández, se sancionó la “Ley de Movilidad Jubilatoria”. Esta legislación establecía la actualización semestral de los montos jubilatorios, basándose en una fórmula que tomaba en cuenta tanto la variación de los salarios como la recaudación impositiva.
Sin embargo, en el año 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, se introdujo un cambio sustancial mediante la aprobación de la Ley 27.426. Esta nueva normativa modificó el cálculo de la movilidad jubilatoria, pasando a considerar la inflación y los salarios como principales variables. La intención declarada era vincular los haberes previsionales de manera más directa a la situación económica del país.
La última modificación relevante ocurrió en enero de 2021, cuando se implementó un nuevo régimen de movilidad. Desde entonces, los haberes previsionales experimentan ajustes trimestrales, marcando un cambio en la frecuencia de las actualizaciones.
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