Con reiteradas críticas a los “tarifazos” aplicados en la gestión de Cambiemos, el Frente de Todos firmó dictamen favorable sobre el proyecto de ley que amplía las “zonas frías” y buscará tratarlo en la sesión de la semana próxima para que 3,1 millones de nuevos usuarios tengan descuentos en la tarifa del gas en el inicio del invierno.
La iniciativa avanzó en un plenario de comisiones de Energía y Presupuesto con la participación del interventor del ENARGAS, Federico Bernal, que respondió a cada planteo de Juntos por el Cambio con datos sobre la política energética del gobierno de Mauricio Macri.
Los senadores de ese interbloque plantearon dudas sobre el proyecto y en el recinto volverían a votar divididos en función de sus provincias, tal como sucedió en la Cámara de Diputados.
Una vez sancionada la ley, a los 849.965 beneficiarios actuales de la Patagonia, la Puna y Malargüe se sumarán 2,8 millones que tendrán un descuento del 30% y otros 374.000 que gozarán del 50%. En síntesis, casi cuatro millones de usuarios de todo el país pagarán una tarifa diferencial.
Las dudas de la oposición volvieron a centrarse en el financiamiento de la ley. El radical Julio Cobos, autor de un proyecto previo para incluir a todo el sur de Mendoza, advirtió que “el gasto para atender esta demanda es mayor” al aumento del recargo del fondo fiduciario que financiará la ampliación, que pasará este año del 4,46% al 5,44%.
Bernal explicó que este año el fondo recaudará 23.000 millones de pesos y, como el universo actual insume 13.000 millones, sobran 10.000 millones. Y a su vez, se requieren 16.000 millones para llevar el beneficio a los nuevos 3,1 millones de usuarios. Por eso, el Gobierno estima que necesitará un adicional de 5.000 millones que será afrontado con el incremento del recargo, que “por eso se explica que sea tan bajo”.
Cobos respondió que “todo se basa en que se mantenga la misma cultura del consumo”, pero Bernal aclaró que se parte de “un sub-consumo producto de lo que fue la política tarifaria del Gobierno anterior” y ejemplificó que en Mendoza el consumo residencial cayó un 15% entre 2016 y 2019.
Desde el Norte también hubo planteos. El chaqueño Víctor Zimermmann (UCR) advirtió que “en el NEA no hay gas natural” y acompañó un proyecto de Cobos para declarar al GLP como servicio público, “porque es la forma de garantizar el suministro a un precio acorde, porque los índices de pobreza más importantes del país están en el Norte”.
Sin embargo, Bernal contestó que en Chaco, así como en Formosa, Misiones y Corrientes (provincias que no cuentan con gas de red) “fue preocupante la paralización que tuvieron las obras de infraestructura en materia gasífera” durante el gobierno de Macri.
De todos modos, en la misma sintonía que Zimmermann, el formoseño José Mayans adelantó que reclamarán otro tratamiento diferencial para las “zonas cálidas”. “En nuestra región la energía eléctrica y el tema del aire acondicionado son un salvavidas, no un tema de lujo. Tenemos días tremendos en materia de temperaturas elevadas”, observó el jefe del bloque oficialista.
Por otra parte, ante una consulta del kirchnerista Oscar Parrilli, Bernal precisó que la deuda total de usuarios residenciales por no poder pagar la tarifa se incrementó “un 1283%” entre 2015 y 2019, terminando ese año con “3.160.000 usuarios morosos”, esto es, “cuatro de cada diez hogares”, y también “cinco de cada diez pymes”.
Hacia el final, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti cerró con un mensaje a Juntos por el Cambio: “Tienen la enorme oportunidad de desandar un tremendo desatino y una terrible política tarifaria. Tienen la posibilidad de votar esta ley que propone el Frente de Todos y de remendar con su voto lo que hicieron cuando fueron gobierno”.
La mendocina recordó que “la sociedad se movilizó espontáneamente” contra los tarifazos. “Macri vino a instaurar la pobreza energética con su política, donde se dolarizó la tarifa,se llevó a la pobreza energética a más de tres millones de personas y hubo una transferencia fenomenal del bolsillo de los argentinos a las grandes empresas, que además fugaron al exterior esos dólares que hoy nos faltan”, remató.
Con la ley, quedarán alcanzadas distintas localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza (en su totalidad), Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán y Jujuy. Se abarcan zonas bioambientales fijadas por el ENARGAS de acuerdo a la Norma Iram 11.603, que data de 2012 y que relevó las temperaturas de los últimos diez años.
Nevada en Córdoba
Al exponer ante los senadores, Bernal mostró imágenes de la nevada en Córdoba capital y “también en el sur de Punilla”, donde reside el senador Carlos Caserio.
El funcionario reconoció que esa última zona “hoy no entra en la ampliación”, pero aclaró que “ya se está trabajando” en actualizar la norma Iram “para que no ocurran estas diferencias que tenemos que pulir”, porque “ya lo está pidiendo la naturaleza”.
Además, destacó que el artículo 8 del proyecto (modificado en Diputados) faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el territorio alcanzado, y ponderó que en Córdoba el beneficio llegará a unos 644 mil usuarios, “el 85%” del total. La tarifa diferencial se aplicará en 13 departamentos: la Capital, Calamuchita, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión.
“La provincia es una de las grandes beneficiadas de esta ampliación. Estamos muy agradecidos. Córdoba es una provincia que siempre sintió que la postergaban, y nuestro gobierno demuestra permanentemente la calidez con la que trata a los corbodeses”, resaltó Caserio.
