El Gobierno nacional descarta que la investigación que impulsa contra el macrismo para ver qué hizo con el dinero del crédito del FMI vaya a empantanar la renegociación con el organismo y mantiene en pie su intención de cerrar un acuerdo antes de mediados de año.
Son irreconciliables las posturas del Gobierno y del macrismo en torno a cómo se administró el préstamo entre 2018 y 2019. Mientras, entre que empezó la Asamblea Legislativa y hoy los bonos siguen en picada y el riego país escaló 3%, a 1.560 puntos.
La gestión de Alberto Fernández está decidida a avanzar con la investigación sobre cómo se administraron los 44.500 millones de dólares. Aún no está segura si hubo delito, por eso le pidió a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que lo establezca.
En la Asamblea, Fernández izó esta causa como una bandera de la campaña electoral del Frente de Todos mientras sigue el diálogo con el organismo y se prevé que Martín Guzmán, ministro de Economía, viaje a Washington en dos semanas.
Ante la consulta de este medio, en el Gobierno no le ponen plazo al acuerdo, pero apuntan a “mediados de año” como máximo. El encargado es Guzmán, quien tiene una buena relación con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo, a pesar de la pirotécnica local.
En esta historia hay un entendimiento tácito: el gobierno denuncia públicamente a las ex autoridades del Fondo, pero no lo hará en la Justicia. Sólo buscará, si es que hay delito posible de comprobar, ir contra los ex funcionarios macristas por el destino que le dieron al préstamo.
Incluso Fernández ordenó a Economía que todo lo que vaya surgiendo de las investigaciones sea informado a la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo, que está elaborando su propio documento autocrítico, apuntado sólo a montos y plazos de repago en cuatro años.
Fernández cuestionó el lunes “el desdén” de funcionarios políticos del FMI que “privilegiaron” la continuidad de Macri en el poder. Fue un lamento medido buscando también incidir en la relación de fuerzas para el tramo final de la negociación.
En el Fondo están más que tranquilos, pues no hubo violación de sus estatutos a la hora de darle a la Argentina el mayor crédito de sus hasta entonces 74 años historia. Y el Gobierno está confiado, pues sólo le falta el apoyo de Estados Unidos (que conseguiría en abril) para cerrar.
El Gobierno no quiere pagar, pero tampoco ir a un default. Y por eso apunta a un acuerdo este año. Argentina debería abonarle al FMI 5.175 millones de dólares. El 1 de febrero pagó 315 millones por intereses. Restan 1.052 millones por intereses y 3.807 por capital, en septiembre.
Dónde está la plata
En ese contexto, Fernández decidió una querella criminal contra Macri, Nicolás Dujovne, Luis Caputo, Guido Sandleris y Federico Sturzenegger. Antes, espera el informe de la Sigen. El coro oficialista dice que con el crédito sólo se financió la “fuga de capitales”.
En concreto: en el año en el que entró el préstamo, la formación de activos externos fue de 45.100 millones, según el Banco Central. Se fue del país el equivalente de lo depositado por el organismo.
Las diferencias están en el enfoque. Para el Gobierno, fue premeditado: se buscó darle salida a los que vinieron a especular con las tasas de interés que les ofreció el macrismo. Para el macrismo, no fue así sino que se financió el déficit. Hay un poco y un poco.
¿Qué es puntualmente lo que recrimina el albertismo? Matías Kulfas, economista y ministro de Desarrollo Productivo, reconoce que el crédito fue destinado, en gran medida, a cancelar deuda “intrasector público”, es decir, deuda del Tesoro con organismos como Anses.
Para financiar sus déficit, esos organismos se daban vuelta y vendían los dólares en el mercado libre de cambios. Los que habían venido por tasas de hasta 85,99% nominal por instrumentos en pesos (como Lebacs), querían irse y compraban esos dólares.
Para Kulfas y el Gobierno, eso fue digitado para “financiar los niveles récord de dolarización de portafolio”. Por ello, la gestión Fernández asegura que “el endeudamiento irresponsable entró por una puerta y salió por la otra”.
Sandleris, uno de los apuntados, responde que la plata del FMI fue para pagar vencimientos de bonos soberanos y explica que por eso la deuda pública a fines de 2019 era sólo tres mil millones de dólares mayor a la de fines de 2017.
Para Kulfas, ese endeudamiento fue “irresponsable”, dado que –dijo- el macrismo hubiera emitido deuda en pesos. Un problema que había por entonces es que el mercado de capitales local era muy pequeño producto de tasas reales negativas que imperaron hasta 2015.
Otra parte de la historia es relatada por Betina Stein, actual directora del Banco Central. Cuando Macri fue al Fondo hacía 18 meses que gobernaba y también 18 meses que había eliminado los controles de capitales en una economía en la que escaseaban los dólares.
Eduardo Levy Yeyati, economista y decano de la Universidad Di Tella, indica que los gobiernos emiten deuda en dólares o pesos para pagar déficit fiscal o deuda vieja. Por lo que el crédito con el FMI se inscribiría en esos parámetros.
“La única manera en que el dinero de una emisión termine fugado en una cuenta Suiza es si el déficit incluye sobreprecios, desvíos o dádivas que luego son lavadas y transferidas al exterior”, refirió el también investigador del Conicet.
