El 2023 será, para muchos, un año marcado particularmente por la incertidumbre. Desde agosto en adelante, la sucesión de elecciones presidenciales -PASO, generales y balotaje- provocó detenciones en la actividad, a la espera de mínimas certezas. Finalmente, el martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló cuáles serán las primeras medidas económicas que aplicará la nueva gestión, pero, lejos de disiparse las dudas, se levantaron diversos interrogantes sobre cuál será el impacto en la vida cotidiana de los argentinos.
En las primeras horas del miércoles, diversos rubros se vieron paralizados porque no sólo se llevó el dólar a $800, cuando se había anticipado que podía llegar a $600 o $650, sino que se volvieron a fijar retenciones para las exportaciones, del 15% para las no agrícolas, y se estableció un impuesto PAÍS del 17,5% a las importaciones (sobre un tipo de cambio más elevado), lo que tendrá impacto en los costos. Poco después, se produjo una fuerte suba en el precio de los combustibles y en el de diversos alimentos.
Por otra parte, también se confirmó que se reducirán los subsidios a las tarifas de servicios públicos, sin aportar demasiadas precisiones; que se eliminará la fórmula de movilidad jubilatoria y que, en su lugar, se fijarán aumentos por decreto, pero que los haberes subirán por debajo de la inflación; y que se volverá a establecer el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.
Nicolás Aroma, director del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, planteó que, dentro de los tres precios que el presidente Javier Milei planteaba que estaban atrasados -dólar, tarifas y salarios-, “evidentemente el ajuste venía por el lado de liberar el tipo de cambio y las tarifas, y los salarios, sin novedad”, lo que implica que van a quedar muy rezagados.
El también asesor del Partido Justicialista señaló que el dólar a $800 implica un salto devaluatorio bastante más fuerte de lo que se preveía, pero, como no se termina de levantar el cepo, habrá un ajuste de precios, que producirá una transferencia a un sector de la sociedad, fundamentalmente el agroexportador (aun con retenciones), mientras otros, como los asalariados y la clase media, se quedarán sin medidas compensatorias.
Agregó que la Asignación Universal por Hijo -cuyo monto se duplica- y la Tarjeta Alimentar (que tendrá una suba del 50%) apenas alcanzan al 60% del decil de la población de menores ingresos.
“En términos generales, no es un plan de estabilización, sino un shock recesivo. Hace que la economía caiga tanto, que se frenen los precios. Aunque puede funcionar, hay un rezago y los valores están volando hoy”, analizó. Esto, porque no se ha previsto ningún tipo de anclaje de precios, ya que se considera que los va a regular el mercado. Pero Aroma advirtió que no se está teniendo en cuenta que, cuando aumentan los combustibles y las tarifas, y se eliminan los subsidios al transporte, el costo de los productos va a aumentar, por lo que, aunque se frene la emisión, la inflación seguirá alta.
El economista resaltó que, aunque se hablaba de un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, para reducir el déficit, no se aplicó solamente una reducción del gasto público, sino que se hizo una mezcla con aumento de impuestos, como los derechos a las importaciones, las retenciones y un retorno de Ganancias. Indicó que estas medidas tienen un “dudoso” componente antiinflacionario, porque asegura una caída de la actividad, pero no que empiecen a bajar los precios.
Y acotó que se deberá ver qué efecto tiene la caída de la actividad sobre el empleo, en particular porque, además, se confirmó que se frenará la obra pública (sólo se continuará con las que estaban en marcha, pero no se licitará nueva ni se iniciará la que ya estaba licitada pero no había comenzado).
Caída en la actividad
El economista Sebastián Laza manifestó que la caída de la actividad va a ser fuerte en todas las provincias, porque un ajuste de 5 puntos del PBI en materia fiscal es muy alto y superior al que esperaba el mercado y pedía el Fondo Monetario Internacional. “Va a haber un freno fuerte”, sentenció.
Sumó que mantiene la esperanza de que, más allá de los anuncios, cuando ejecuten el presupuesto, lo analicen y decidan, para que no se produzca un descenso tan marcado, reducir el recorte a 3 puntos del producto bruto, que consideró sería adecuado. Sobre todo, porque cuando el ajuste fiscal es muy significativo, la economía cae más, ya que el gasto público se vincula con un buen número de sectores y tiene efectos indirectos, que podrían hacer que la actividad caiga hasta el doble, aunque prefirió no dar un número.
De todos modos, Laza rescató que Mendoza tiene a favor los fondos de Portezuelo, que alcanzan los US$ 1.000 millones y que van a ayudar a compensar la caída en la actividad económica provincial, especialmente asociada al rubro de la construcción.
Qué sucederá en Mendoza
Lisandro Vergara Amodeo, del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, planteó una primera cuestión para tener en cuenta: estudios que se han realizado sobre la matriz productiva y la economía mendocinas muestran una tendencia sostenida en los últimos 10 años a que, cuando a la Argentina le va bien, Mendoza queda un poco rezagada con respecto a ese crecimiento; mientras que, cuando al país le va mal, a la provincia le va un poco peor. De ahí que, si se anticipa un contexto recesivo, algo que se ha planteado como esperable desde la misma gestión nacional, se puede pensar que localmente habrá un freno un poco mayor.
El licenciado en Ciencias Políticas, con un posgrado en Economía y Finanzas, añadió que otro aspecto negativo de las primeras medidas se vincula con que la provincia tiene un alto endeudamiento en dólares, lo que implica que, si hasta el lunes debía pagar los vencimientos de la deuda a un tipo de cambio de $365, ahora debe hacerlo a uno de $800. Recordó que Alfredo Cornejo, en su gestión anterior, emitió un bono que vencía en 2024 y Rodolfo Suárez lo reestructuró para 2029, por un total de US$ 500 millones; con el agravante de que, por la caída de la actividad, la gestión provincial tendrá menos ingresos.
Otro punto que consideró preocupante es que los nuevos impuestos que ha agregado el Gobierno nacional, como las retenciones a las exportaciones de las economías regionales y el impuesto PAÍS para las importaciones, van a generar un incremento recaudatorio importante para Nación -sobre todo, porque la base imponible será la de un dólar a $800-, pero no son coparticipables.
Como contraparte, la recaudación más importante de Mendoza es la de Ingresos Brutos, que va a caer por la reducción del nivel de actividad. Y esto provocará que si, históricamente, la relación entre recursos nacionales y provinciales era 50%-50%, y en los últimos años venía siendo de 60%-40%, ahora podría haber una mayor dependencia con respecto a Nación. Pero no porque se reciban más fondos nacionales, sino porque habrá una merma en los que ingresen a la provincia.
En cuanto a la reinstauración de las retenciones para las economías regionales, Vergara Amodeo señaló que recién se eliminaron para la vitivinicultura hace tres meses, por lo que consideró que más bien se trató de una ventana, que no alcanzó a modificar la tendencia de las exportaciones (que para el vino vienen a la baja durante todo 2024).
Como un factor positivo, planteó que el tipo de cambio actual es, en términos reales, el más alto de los últimos años y que se parece mucho al del gobierno de Néstor Kirchner, que fue muy competitivo y permitió incrementar considerablemente las exportaciones y la recaudación, y, con ello, recomponer las reservas.
Por otra parte, resaltó que hay dos actividades a las que un dólar alto les puede resultar beneficioso. Una de ellas es el turismo y, en este sentido, indicó que, si hoy se ven muchos brasileros y chilenos, que van a bodegas y restaurantes, con este tipo de cambio el destino va a resultar muy atractivo para venir y consumir, y la actividad turística debería incrementarse. La otra es la vitivinicultura que, aun con las retenciones, la cotización alta les permitiría ganar competitividad en el mercado externo.
Asimismo, resaltó que el dinero de Portezuelo del Viento, que Cornejo mencionó hace poco que Nación ha transferido US$ 950 millones, puede hacer un contrapeso muy importante a todo este panorama complicado para la provincia, ya que permitirá destinarlo a obras públicas y beneficiar también a otras actividades.
Variación por regiones
Por su parte, Jorge Day, economista del Ieral (Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea), señaló que una buena parte de la producción local se vende en el mercado interno y va a caer el poder de compra, por lo que 2024 será un mal año en materia de ventas. En cambio, es posible que el mercado externo tenga mejores condiciones por la suba del dólar, por más que hayan retornado las retenciones. De todos modos, resaltó que estas son las primeras medidas económicas implementadas por la nueva gestión y que hay que esperar otras adicionales.
En cuanto a cómo impactarán en cada provincia, estimó que las más exportadoras, como Santa Fe y Córdoba, que tuvieron una mala cosecha en 2023 y deberían tener una buena en 2024, se verán menos afectadas por la recesión. Lo mismo debería suceder en Neuquén, con Vaca Muerta, si sigue mejorando el precio del petróleo. Mendoza, precisó, tiene una posibilidad con la vitivinicultura, por lo que debería estar en el promedio. En cambio, las provincias del Norte, que no exportan y dependen mucho de los fondos nacionales, sentirán más el efecto del freno de la actividad.
Contradicciones
Un informe del Centro de Economía Política Argentina analiza las medidas anunciadas por el Gobierno de Milei y, entre otros puntos, plantea que, aunque se anunciaba que el ajuste de 5 puntos del PBI iba a pagarlo la “casta”, el reordenamiento de las estructuras ministeriales -la reducción a 8 ministerios, 50 secretarías y 42 subsecretarías- representa el 0,0014% del PBI. En cambio, el 67% de la reducción del gasto lo pagarían los trabajadores activos, pasivos y pymes.
En cuanto a los trabajadores activos, se verán impactados por la reversión de la eliminación del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, el recorte a las transferencias a las provincias que afectaría partidas del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la suba de tarifas y de transporte, el congelamiento de los planes Potenciar Trabajo, la destrucción de puestos de trabajo de la obra pública y la afectación a trabajadores estatales por recortes en gastos de funcionamiento. Ese ajuste representa el 43,5% del total.
Por otra parte, los trabajadores pasivos asumirían el 0,5% del recorte, a partir de la suspensión de la fórmula jubilatoria, si eventualmente se aprobara en el Congreso, o a través de la eliminación o congelamiento de los bonos. El ajuste a los pasivos significará el 9,3% del total.
Las pymes, en tanto, se verían afectadas por la suba del Impuesto PAIS a la importación de bienes (de 7,5% a 17,5%), lo cual les incrementa el costo de la importación de insumos a un dólar de $940.
Perspectivas
Lisandro Vergara Amodeo detalló que, en cualquier parte del mundo, una devaluación tiene un efecto expansivo en la economía, porque se vuelve más competitiva para exportar. Sin embargo, en Argentina, por la fuerte indexación, ese incremento del dólar se traslada a precios en forma inmediata, con lo que la medida pierde el efecto de política económica. En este sentido, consideró que la devaluación fue tan fuerte, porque se buscó que funcione como ancla cambiaria.
Pero advirtió que, si el traslado a precios es equivalente a la suba del dólar, en tres o cuatro meses el Gobierno se verá forzado a devaluar nuevamente y habrá fracasado el plan. Si, en cambio, la inflación diluye en parte el efecto, pero después de alcanzar un 20% o 30% los próximos dos o tres meses cae, porque no hay motivo para seguir subiendo para alcanzar un dólar, habrá sido efectivo. En gran medida todo dependerá, planteó, de que la retracción del consumo frene la escalada.
De todos modos, señaló que, en su opinión, lo ideal hubiera sido apelar tanto a herramientas ortodoxas como heterodoxas; es decir, que se hubiera aplicado algún programa de control de precios. Es que, si bien una de las formas tradicionales para bajar la inflación es inducir una recesión de manera que, cuando la gente deje de comprar y caiga la demanda, no puedan seguir subiendo los precios, reconoció que Argentina es muy particular.
