El miércoles se realizó una reunión entre los representantes de las entidades que confirman la Mesa de la Producción y el Empleo, y el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, junto con su equipo técnico. Desde las asociaciones y cámaras se planteó la necesidad urgente de contar con un plan hídrico integral, que no solo defina directrices y acciones, sino que también contemple un plan de obras alineado con el marco normativo vigente y futuro.
Durante el encuentro se discutió en profundidad la naturaleza y el alcance del anteproyecto del Código de Aguas y se abordaron tanto los aspectos generales, como su potencial incidencia en los derechos que éste modificaría. Desde la mesa emitieron un comunicado en el que destacan que algunos artículos específicos, según el análisis que han desarrollados, representan cambios sustanciales respecto a las normativas vigentes.
Subrayaron que es fundamental que la normativa hídrica refleje y apoye adecuadamente esta propuesta integral. “Modificar las normas sin un conocimiento claro del plan hídrico a largo plazo (elaborado participativamente) podría resultar inapropiado o contraproducente, comprometiendo la seguridad jurídica y la efectividad de la gestión del recurso más valioso de nuestra provincia”, manifestaron.
Preocupación
Por otra parte, expresaron su preocupación por el impacto negativo que ciertas disposiciones del anteproyecto podrían tener en el desarrollo de Mendoza. Entre los temas abordados, destacaron:
- Modificación de prioridades en el uso del agua: La propuesta de incluir el “arbolado público” como uso prioritario por encima de otros, junto con la potestad otorgada al gobernador para requerir el cambio de las prioridades a favor de usos de menor preferencia sobre otros con base en un supuesto “beneficio económico-social notoriamente superior”, genera una profunda incertidumbre. Estas decisiones podrían derivar en conflictos en la asignación de recursos hídricos, afectando negativamente a sectores clave de la economía provincial.
- Innecesaria intervención legislativa en concesiones de agua subterránea: Se cuestionó la necesidad de que la concesión de agua subterránea sea tramitada a través de la Legislatura, lo cual podría burocratizar un proceso que requiere agilidad y criterio técnico.
- Inseguridad jurídica: Advertimos sobre la inseguridad jurídica que podrían generar algunas disposiciones del anteproyecto, especialmente en lo referente a la duración de las concesiones de agua y la introducción de nuevas unidades de medida para su asignación. Estas medidas podrían violar los principios de igualdad y de inherencia, generando asimetrías en el sector y desincentivando la inversión.
- Confusión en la aplicación de los principios rectores de la política hídrica nacional: La inclusión de estos principios en el código podría generar confusión en su interpretación y, por ende, en su aplicación, y complicar la administración de las aguas interjurisdiccionales.
En el texto que compartieron resaltaron que, durante la reunión, hubo apertura y una actitud receptiva por parte de Marinelli y su equipo técnico. “No obstante, reiteramos la necesidad de que este proceso se lleve a cabo con mayor participación y reflexión, permitiendo un debate exhaustivo que garantice la solidez y la legitimidad de cualquier cambio en la legislación hídrica, considerando que su vigencia se extenderá por las próximas décadas”, indicaron.
Consenso
Originalmente, se había previsto un plazo de un mes para la instancia de participación y aportes por parte de la comunidad en general, que se extendió a tres; periodo que termina el 15 de octubre. A partir de ese momento, los redactores incorporarían las sugerencias que consideren apropiadas, para entregar el anteproyecto final del Código de Aguas al superintendente, quien, a su vez, lo enviará al gobernador, para que pueda remitirlo a la Legislatura. La meta del Gobierno es que la iniciativa llegue a este ámbito antes de fin de año, pero diversas entidades vienen reclamando más tiempo para poder analizarlo y que la propuesta surja de un consenso más amplio.
La Mesa de la Producción y el Empleo está integrada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE); Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza (Acovi), Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM); Consejo Empresario Mendocino (CEM), Federación Económica de Mendoza (FEM); Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) y la Unión Industrial de Mendoza (UIM).
El propósito de este espacio es visibilizar los principales temas que impactan en nuestra economía y son factores de crecimiento y desarrollo; propiciar ámbitos de consensos para el intercambio de ideas que se transformen en propuestas concretas en temas prioritarios y estratégicos para la provincia; contribuir desde cada una de nuestras instituciones a la recuperación sostenible de nuestra economía e incidir en los organismos e instituciones de gobierno para que la voz del sector privado sea considerada en la agenda pública.
