Durante la campaña electoral, una propuesta polémica de Juntos por el Cambio (UCR, PRO y Coalición Cívica, entre otros) fue eliminar las indemnizaciones por despido, cambiándolas por un seguro o fondo nacional. La semana pasada el tema volvió a ganar notoriedad y hasta el presidente Alberto Fernández se sumó a la discusión. Los Andes dialogó con economistas, sindicalistas y empresarios mendocinos, para ver los acuerdos y conflictos frente a este tema.
Vale recordar que en mayo de 2020, en medio del aislamiento, empezó a regir la prohibición de despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. La medida se extendió en 2021. Además, si se despide, se debe hacer con una indemnización “doble”, sumando hasta máximo $500 mil (artículo 6 del decreto 39/2021).
Hay cierto acuerdo en que con el tiempo se quite esa doble indemnización, pero la propuesta de Juntos por el Cambio incluye cambiar la indemnización simple por un seguro o fondo nacional de desempleo, con aportes mensuales como una jubilación. Hoy la indemnización equivale a un mes de sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor de tres meses, considerando la mejor remuneración del último año.
La economista Carina Farah no ve con buenos ojos la propuesta: “Creo que no se va a lograr reactivación suprimiendo derechos de los trabajadores. Son conquistas sociales que llevaron muchos años de lucha en Argentina, que de hecho nos puso como ejemplo en el mundo”. Una duda es qué valor de póliza deberá pagarse para acceder a una indemnización como la actual, además de quién corresponde que lo pague, si empleado o empleador.
“Sí creo que con las indemnizaciones hay una distorsión, que por ahí son mucho más pesadas o recaen mucho más en proporción en las empresas más chicas. Es cierto que en muchos casos pueden hacer tambalear, incluso hacer quebrar a muchas empresa, pymes o emprendedores chicos”, analizó esta economista.
Para Farah la discusión se da porque desde hace años hay recesión económica, pero si los números generales fueran buenos, no sería una preocupación: “Creo que antes de ir contra los derechos de los trabajadores habría que replantearnos otros pesos y obligaciones que hacen más difícil el clima de negocios”.
Por su parte, el economista Pablo Salvador ve difícil plantear el debate en una época electoral porque “hay mucha puja político gremial. Es un tema muy controversial”. Hay malos recuerdos en las reformas de los ‘90, que terminaron con un desempleo tras la crisis de 2001 en cerca de 22%, durante 2002. Por lo general, se asocia “reforma laboral” a “flexibilización laboral” (con la idea de despedir sin protección ni derechos), aunque una no tiene por qué implicar la otra.
De hecho, opina Salvador, si hubiera cambios deberían ser para los nuevos puestos de trabajo, y se tendrían que mantener las reglas de hoy para los actuales. En el caso de países nórdicos como Dinamarca, hay subsidios de desempleo con una duración determinada, por ejemplo cobrar el 90% durante seis meses, que incluyen recursos y herramientas para que la persona sea empleable en otro sector, lo que implica reformas más profundas.
“Si uno quiere instalar el debate de una reforma laboral, primero hay que hacer docencia, hay que convocar a expertos de diferentes sectores para que hablen de qué se trata la reforma laboral, cuáles son las ventajas y desventajas, quiénes serían los favorecidos y los desfavorecidos. Sin docencia, difícilmente podría llegar a implementarse”, concluyó Salvador.
La mirada sindical
Desde el punto de vista de los sindicatos, la quita de la indemnización representa una vulneración a los trabajadores y no es una medida que genere más puestos de trabajo, además de atacarse el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que establece la “protección contra el despido arbitrario”.
Fernando Ligorria, secretario General del Centro de Empleados de Comercio (CEC), consideró: “La eliminación de la indemnización por despido significa cercenar o restringir la estabilidad de los trabajadores. Se flexibiliza la relación de trabajo, quedando el trabajador a la voluntad del empresario”.
Si bien algunos mencionan de ejemplo los seguros en el rubro de construcción, Ligorria cree que “es una falacia, porque la construcción es una modalidad contractual laboral casi eventual sin ánimo de continuidad”, ya que la relación concluye cuando la obra o tarea se termina. “Eliminar la indemnización por despido, en definitiva, destruye el principio de la indeterminación de los contratos de trabajo. Inadmisible para el movimiento obrero”, apuntó.
Por su parte, Sergio Giménez, secretario general de la Asociación Bancaria Mendoza, afirmó que “los pueblos que crecen son aquellos que empoderan de derechos a sus ciudadanos, no aquellos que les quitan derechos”. En ese sentido, sostuvo que entre 2003 y 2015 se enriquecieron los derechos de trabajadores y creció el empleo con nuevas Pymes.
“Lo de la doble indemnización entiendo que es una medida de protección del empleo en momentos especiales. Entiendo que en algún momento se quitará como cuando se implementó antes (por Eduardo Duhalde, en 2002) y después la quitó Néstor Kirchner en 2007 cuando el desempleo bajó a un dígito”, recordó el representante de La Bancaria.
Tanto Ligorria como Giménez concuerdan en mirar la experiencia de la década de los 90′ para señalar que la flexibilización laboral no es sinónimo de nuevos empleos. “La ley de empleo 24.013 de los ‘90, con las modalidades contractuales flexibles, no generaron ninguna fuente de trabajo. Todo lo contrario, sirvieron para destruir los derechos de los trabajadores y por eso se los denominó contratos basura”, remarcó Ligorria.
El lado empresarial
Desde la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), su presidente, Daniel Ariosto, comentó que la comisión de asuntos laborales de su entidad considera que, en esta época de crisis, incluso la indemnización simple es una traba: “Mucha gente nos quiere hacer ver como que esto de la pandemia fue una gripe y ya nos recuperamos. Si estás en el fondo del pozo y subís cinco escalones, hay una reactivación, pero seguís en el pozo”.
“El Gobierno nacional cree que los empresarios somos cretinos y queremos despedir a la gente. Formar un equipo de trabajo cuesta mucho tiempo. Yo tengo gente que hace 30 años trabaja conmigo ¿Vas a deshacer un equipo para llamar a alguien que no sabes cómo va a funcionar?”, declaró el presidente de UCIM.
El presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), Federico Pagano, también se mostró a favor de eliminar la indemnización por despido para generar nuevos empleos: “En los últimos 11 años, la Argentina y la provincia no han generado empleo formal registrado. Es más, se ha perdido empleo formal. Las actuales condiciones del mercado laboral expulsan al empleado”.
De todos modos, Pagano aclaró que la eliminación debería aplicarse a los nuevos puestos, mientras que los existentes deberían mantener la legislación actual. “Argentina tiene una deuda con toda la gente que está fuera del mercado laboral. A esa gente hay que buscarle condiciones mucho más flexibles para que ingresen al empleo formal registrado, que da estabilidad, proyección, seguridad”, agregó.
En el sector empresarial destacan que además de la indemnización se deben revisar otros factores de la contratación. Para Pagano, por ejemplo, un dato clave es que “del 100% que paga una empresa a un empleado, en promedio, llega al bolsillo del empleado el 57%, esto significa que el 43% se lo lleva el Estado”. Otro punto que menciona Pagano y donde coincide Ariosto es la llamada “industria del juicio”, con casos de Pymes que debieron cerrar.
Un debate nacional
Después de las PASO, con una victoria nacional de la oposición, Juntos por el Cambio retomó su propuesta de campaña de cambiar el sistema de indemnizaciones. El 15 de octubre, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, acompañada por la firma de legisladores mendocinos como Omar de Marchi (PRO) y Federico Zamarbide (UCR).
El proyecto plantea instituir el Seguro de Garantía de Indemnización (SIG) como instrumento y fondo de capitalización. Eso permitiría indemnizar a los trabajadores ante eventuales despidos o cese de actividades. Si se cambia de trabajo, no habría pérdida de antigüedad sino que se trasladaría de trabajo en trabajo. La duda está en si ese aporte no se descontaría del pago actual de los salarios.
Otra iniciativa similar en el Senado de la Nación es la del legislador porteño Martín Lousteau (UCR), con la idea de un Fondo de Cese Laboral que funcione de un modo parecido a las jubilaciones. Una diferencia con la indemnización actual es que también podría cobrarse en caso de renuncia y quiebra (porque va a un fondo nacional), pero hay dudas en cuanto al cálculo de los aportes.
El martes pasado, la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a plantear el tema en un acto en Neuquén, donde declaró que “las cargas sociales son insoportables” y “la prohibición del despido con doble indemnización impide el trabajo”. Además, ejemplificó con dos empleadas domésticas a las que debió pagar indemnizaciones por despidos. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió públicamente no pensar en lo que cuesta pagar esa compensación, sino en generar trabajo.
