El fondo de inversión estadounidense BlackRock le exige al gobierno argentino que mejore la oferta para el canje, tanto en precio como en las cláusulas legales del contrato, pero el ministro de Economía, Martín Guzmán, asegura que al menos con lo segundo no cederá.
Son tres los grandes grupos de bonistas. Con los dos primeros “Ad Hoc de Bonistas del Canje” y “Exchange Boldholder Group” se está más cerca de un acuerdo. Y con el tercero, “Ad Hoc Bondholders” aún hay fuertes diferencias económicas y legales.
BlackRock y otros grandes fondos como Alliance Bernstein, Fidelity y Ashmore que conforman el grupo Ad Hoc Bondholders y tienen bonos argentinos por 14.000 millones de dólares quieren que en la operación de canje se apliquen las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs) de las reestructuraciones de 2005 y 2010.
En un Foro Internacional organizado ayer por Bloomberg, Guzmán dijo que ese pedido a la Argentina significaría “volver atrás con los estándares legales” que están vigentes desde 2014 con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del G20.
La CACs aplicadas en 2005 y 2010 por la Argentina (y también por Grecia y Uruguay) permitían alcanzar una reestructuración con el apoyo del 66,67% del monto total de capital de cada serie de bonos elegibles (tomados en forma individual) pendientes de pago.
Pero el ministro quiere aplicar los prospectos jurídicos de los títulos emitidos a partir de 2016, con las nuevas normativas globales. Con ello, necesitaría el consentimiento del 50% del monto de capital total de cada serie.
A su vez, las CACs elaboradas en 2014 por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) imponen un blindaje antibuitre dado que posibilita al país atar a todos los inversores a las decisiones acordadas con la mayoría.
Así, si Guzmán alcanzara los umbrales de votación, el canje sería concluyente, extendido y vinculante para todos los tenedores de dichas series, ya sea que hayan prestado su consentimiento o no.
La ICMA (de mayor peso real en Europa, pero con aval del G20 que lidera Estados Unidos) produce documentación estándar para transacciones como emisión de acciones y deuda en todo el mundo. Y en 2014 actuó justamente por la multimillonaria batalla judicial entre Argentina y los fondos buitre liderados por Paul Singer.
“Argentina es miembro del G20 y del FMI y cumpliremos con el lenguaje contractual que ahora se ha convertido en estándar”, aclaró el ministro.
En precio, la propuesta de Ad Hoc Bondholder Group tiene una quita del 42%, llevando la tasa del bono promedio al 3,6%. Es un alivio en el flujo de caja de 38.000 millones de dólares hasta 2030, pero un “esfuerzo adicional” por parte del Gobierno del 0,3% del PIB anual, distribuido a lo largo de los próximos diez años.
Reacciones
Operadores del mercado bursátil porteño consultados ayer por este diario indicaron que a esta altura la diferencia es más política que monetaria. Esto sería porque BlackRock, el fondo del magnate Larry Fink, quiere imponer su peso propio y el Gobierno pretende no dejar abierta la puerta a que los fondos buitre vuelvan a acechar en el futuro.
Ese optimismo se observó nuevamente ayer en el mercado después de que hablara Guzmán. Los bonos soberanos que forman parte de las negociaciones treparon hasta 3,6%. En el mes estos papeles acumulan subas del 11%, después de alzas de hasta el 45% en mayo.
Guzmán lo calificó a la negociación como un “proceso complejo, que lleva tiempo y requiere mucho diálogo”. Y confió en que habrá acuerdo. Trascendidos extraoficiales que llegaron al mercado indicaban que en los próximos días podría cerrarse el canje. Pero, ante la consulta de este diario, en Economía optaron por no hacer declaraciones al respecto.
En el Gobierno se mantienen optimistas y hasta tranquilos. Señalan ante cada consulta que el proceso formal de negociación lleva 66 días, cuando a otros países o a la propia Argentina, otras reestructuraciones le han demandado hasta un año.
El ministro acotó ayer que aún “hay trabajo por hacer y distancia para cubrir en términos económicos y también diferencias legales”. Mientras tanto, se acercan nuevos vencimiento que la Argentina ha decido no pagar, tal como hizo el 22 de mayo con los 503 millones de dólares de los bonos globales.
Entre el 28 y el 30 de junio hay vencimientos de 98 millones de dólares de los bonos Birard 2117 por 483 millones de dólares en tres papeles Discount 2033, emitidos bajo legislación extranjera. Ambos papeles forman parte del proceso de reestructuración que lleva adelante Guzmán con fecha límite el 24 de julio.
