El proyecto del Ejecutivo de modificación del código de procedimientos mineros fue aprobado ayer en Diputados. Como ya había sucedido en el plenario de comisiones, el foco de quienes votaron en contra estuvo en el rol prioritario de Impulsa Mendoza y en el cambio de funciones del Consejo de Minería. Desde el Senado expresaron que no se tratará en la sesión del próximo martes.
Con los 35 votos a favor -10 en contra, una ausencia y una abstención-, la propuesta de modificación del código vigente, que data de 1945, pasa ahora a comisiones en el Senado. A propuesta del diputado Jorge Difonso, de La Unión Mendocina, el voto fue nominal.
El titular de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Franco Ambrosini, de la UCR, señaló que el nuevo código “viene a ampliar la producción y la matriz productiva de la provincia” y que trabaja en tres puntos principales: la transparencia, el control y la seguridad jurídica, permitiendo el acceso a la información y el fortalecimiento de la policía minera. Asimismo, resaltó el diálogo que se generó con fuerzas vivas y organismos de la provincia.
Las objeciones de los legisladores se centraron, en un primer momento, en la celeridad con que se discutió el proyecto, que ingresó a Diputados el 5 de marzo. Cintia Gómez, de La Unión Mendocina, lanzó que estaban frente a una más de las “leyes exprés del señor gobernador (Alfredo) Cornejo” y resaltó que, a las 11.35, una hora antes de que comenzara la sesión, recién se pudo conocer el expediente definitivo -con las modificaciones que se hicieron luego de su paso por comisiones–, que se iba a tratar en el recinto.
La diputada también se refirió a la eliminación del órgano de contralor, para quedar todo en las manos de una sola persona. Este fue uno de los puntos de coincidencia de los reparos por parte de los representantes de entidades que brindaron su punto de vista en el plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), y de Economía, Energía, Minería e Industrias.
En un primer momento, se eliminaba el Consejo de Minería, integrado por cinco personas (el director de Minería, un abogado egresado de una universidad nacional, un representante de los productores mineros y dos profesionales: geólogo, ingeniero de minas u otro idóneo, o doctor en ciencias naturales). Después, se decidió sostenerlo, pero como un órgano consultivo y un tribunal de alzada de las decisiones de la Dirección de Minería. Sin embargo, quien otorgará los permisos de exploración y explotación será el director de esta repartición, con lo que buscan que haya mayor celeridad.
Alberto López, de la UCR, fue uno de los que refutó que se haya acelerado el tratamiento y recordó que el proyecto ingresó el 5 de marzo y se realizaron reuniones en comisiones, como también privadas, que permitieron a los legisladores asesorarse y revisar las dudas. “Este código creo que es un paso adelante. Venía Mendoza con una inercia sobre este tema y la población hoy espera otras respuestas, que demos un paso adelante en la producción y en la diversificación”, evaluó.
Quienes se opusieron al proyecto y plantearon incongruencias se refirieron también al rol prioritario de Impulsa Mendoza cuando un área queda vacante, para llamar a licitación luego e intervenir en el proceso licitatorio. La diputada Jimena Cogo, del bloque Juntos por la Libertad (PRO), recordó que es malargüina y quiere minería en su departamento, por lo que celebró la decisión del Gobierno provincial de hacer de esta actividad una política de Estado.
Pero manifestó su desacuerdo con que Impulsa Mendoza defina la concesión de los derechos de exploración y explotación, ya que los inversores pueden desconfiar de la intermediación de una empresa estatal, en un contexto nacional en el que se busca reducir la presencia del Estado en el sector privado. Consideró que con la normativa actual se puede avanzar y que prueba de eso son los cuatro proyectos de cobre en marcha. También señaló que el consejo asesor no ha inhibido acciones, sino que el desarrollo minero no fue prioritario hasta ahora.
Como contraparte, Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, que presentó propuestas de modificación del proyecto y fueron incorporadas, resaltó que habían insistido en la necesidad de garantizar la transparencia y que el código minero vigente no permite saber cuánto mineral extraen las empresas (la presentación de datos es optativa). Sumó que, con los cambios, cualquier ciudadano va a poder pedir información a la Dirección de Minería y al Consejo Minero. “Nuestra primera declaración pública fue ‘este proyecto es a medida de las multinacionales’. Hoy día, tenemos un proyecto a medida de Mendoza”, aseveró.
Gustavo Cairo, del bloque Juntos por la Libertad (PRO), indicó que, con el sistema actual de concesión, que fija que se debe adjudicar al primero que llega, más allá de la capacidad de producción, una empresa de agua mineral se ha quedado con 13 concesiones mineras para evitar que avancen los proyectos y puedan perjudicar la imagen de la marca. Impulsa Mendoza, planteó, evitará que se sigan dando estas situaciones y le otorgará más transparencia a los procesos licitatorios.
Bicameral de contralor ambiental
Este diario publicó que el artículo 4 de la ley 7722 establecía que: “La Policía Ambiental de Actividades Extractivas tendrá como función específica el control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia, debiendo informar todas las actividades desarrolladas semestralmente a la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y Seguimiento de Actividades Extractivas en todo el territorio de la Provincia de Mendoza”. Y al consultar a 3 senadores, un opositor y dos oficialistas, indicaron que no se había constituido.
Lo cierto es que la bicameral fue derogada, además de que la Policía Ambiental existe y depende de la Ley general de Ambiente y demás normas ambientales vigentes. Así es como desde el Gobierno entienden que reglamentar el artículo 4 de la 7722 devendría en abstracto, porque en nada cambiaría lo que hacen hoy los inspectores.
La policía minera, dependiente de la Dirección de Minería, tiene otras funciones, específicamente vinculadas al control técnico de la explotación, exploración, producción, etc. Los inspectores también actúan en caso de observar alguna cuestión ambiental de higiene y seguridad, entre otras. Este cuerpo es el que carece de regulación normativa provincial. Por eso se incorporó al nuevo Código Procesal Minero, como lo hicieron el resto de las provincias.
