En la provincia hay 80.463 inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep). El número representa el 6,5% de la población económicamente activa -entre 18 y 65 años-, que asciende a 1.237.393 personas. De todos modos, desde las organizaciones sociales que promovieron esta herramienta aseguran que habría el doble de trabajadores en este sector.
Quienes se desempeñan en la economía popular son vendedores ambulantes, feriantes o artesanas; cartoneras y recicladores; pequeños agricultores; trabajadoras sociocomunitarias y de la construcción. También, quienes trabajan en infraestructura social, mejoramiento ambiental y pequeños productores manufactureras, entre otros rubros.
Como el registro es voluntario -tiene como finalidad conocer el universo para poder generar políticas públicas y también permite a quienes se inscriben acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación-, no se puede tomar como un indicador directo del número de personas que trabajan de modo informal.
Lautaro Cruciani, secretario general del Movimiento Evita Mendoza, señala que, en todo el país, son aproximadamente 3,5 millones los registrados en el Renatep, pero que estiman que, en realidad, quienes trabajan en este sector deben ser el doble: unos 7 millones. Si se duplica también el número en Mendoza, significa que habría unas 160 mil personas trabajando en la economía popular.
Resalta, además, que el registro fue el resultado de una lucha de las organizaciones sociales por visibilizar estos sectores que tienen un trabajo que, en la mayoría de los casos, implica más carga física, pero excluye el derecho a cobrar un aguinaldo, tener vacaciones, contar con una obra social o acceder a cobertura por accidentes.
En Mendoza, los datos oficiales muestran que hay 80.463 inscriptos en el Renatep y 232.615 en el sector privado formal, según el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino). Sin embargo, hay otras provincias en la que los trabajadores registrados de la economía social superan a los que tienen un empleo en blanco, como Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
El economista Nicolás Aroma señaló que lo que se ve en los datos del Renatep -que abarcan desde julio del 2020 a febrero de 2022- es que la situación de Mendoza no es muy diferente de provincias con niveles de desarrollo socioeconómico similares, como Santa Fe y Córdoba. En tanto, la mayor cantidad de trabajadores de la economía popular se concentra en las provincias del Norte y la provincia de Buenos Aires.
Aroma, quien es asesor del PJ, indicó que el sector informal está creciendo cada vez más, dada la situación económica y las nuevas formas de producción y comercialización, que van impactando en el mercado laboral. Planteó que, además, la pandemia destruyó empleos privados registrados y que, si bien el trabajo se recuperó, esa recuperación se asoció a una menor calidad, tanto en Mendoza como en el país.
Pese a eso, resaltó que la provincia está teniendo dificultades para generar empleo privado formal y que es una de las pocas que todavía no alcanza los niveles prepandemia. Asimismo, indicó que el Renatep no muestra todo el universo de la informalidad, pero que es importante el registro para poder cuantificar el sector, evaluar su peso real y cómo se comporta, para poder focalizar mejor las políticas públicas.
José Vargas, economista de la consultora Evaluecon, coincidió en que el registro de los trabajadores de la economía popular permite apreciar una tendencia, pero que está claro que en la práctica los números son mucho más elevados, ya que se sabe que en el país la informalidad es alta.
Detalló que, si bien el trabajo informal venía creciendo de manera fuerte, hasta un año antes de la pandemia, el formal también crecía. El aislamiento tuvo un impacto mucho más fuerte en el sector informal, pero, cuando comenzaron a habilitarse nuevamente las actividades, el sector formal del mercado laboral no logró recuperarse del todo, mientras el no registrado creció de modo considerable.
Vargas explicó que este alto grado de informalidad en el país responde a diversas razones, como la inestabilidad, la falta de credibilidad, las idas y vueltas de las medidas económicas, los altos impuestos al empleo, las pocas perspectivas en materia económica, los altos niveles de inflación y las regulaciones. Además de que, después de la pandemia, muchas empresas no alcanzaron a recuperarse del todo.
Jóvenes y mujeres
El 57,8% de esta población inscripta en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular son mujeres y el 42,2% varones. En cuanto a la distribución etaria, el 64,3% tiene entre 18 y 35 años, y el promedio de edad es de 33 años.
De hecho, al comparar la composición de los universos de trabajadores del Renatep y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se advierte que la presencia de trabajadores de entre 18 y 24 años es significativamente mayor en el Renatep (27,1% versus 6,7% en SIPA). En líneas generales, el 64,4% de la población del Renatep tiene entre 18 y 35 años, mientras que el 59,6% de la población del SIPA, entre 25 y 45 años.
Con respecto al nivel educativo alcanzado por los trabajadores del Renatep, más de la mitad no completó los estudios obligatorios (61,1%) y en los casos en que sí lo hicieron, el 28,7% completó el nivel secundario y sólo el 10,2% declaró estudios superiores.
Cruciani planteó que, si se le pregunta a una persona de 30 años si ha tenido un trabajo registrado, la mayoría responde que no. “Los jóvenes de hoy son monotributistas o trabajan en total precariedad. Y muchos no tienen empleo”, lanzó. Y acotó que la dinámica económica actual excluye a trabajadores del sistema -aseguró que los de la economía popular serán más que los registrados-, y no valoriza otros tipos de trabajo, lo que explica que a esos trabajadores no se les otorga la remuneración ni los derechos que les corresponden.
En Mendoza, en líneas muy similares a la media nacional, el 31% de los trabajadores del Renatep pertenecen a la rama de Servicios Personales y Otros Oficios; 23% a Servicios Socio Comunitarios; 10% a Comercio Popular y Trabajos en Espacios Públicos; 9% a Agricultura Familiar y Campesina; 9% a Construcción e Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental; 4% a Recuperación, Reciclado y Servicios Ambientales; 3% a Industria Manufacturera; y 1% Transporte y Almacenamiento (el 10% es sin datos).
