Hasta ahora, todo son mínimos trascendidos. El martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó, entre las primeras medidas económicas que aplicará la nueva gestión, la eliminación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos y transporte. Y luego, en una entrevista, añadió que la fecha de implementación depende de las audiencias, pero indicó que podría ser en febrero o marzo. Lo cierto es que, en Mendoza, el 70% de los usuarios de luz y electricidad perciben algún tipo de subsidio.
La segmentación energética, que se definió en 2022, dividió a la población en tres niveles de ingresos: altos (N1), bajos (N2) y medios (N3). Los N1 fueron perdiendo el subsidio en forma paulatina y pagan tarifa plena: son el 25,2% de los hogares mendocinos en el caso de la electricidad y el 30% en el gas.
Sin embargo, los N3 tienen una parte subsidiada de ambos servicios. Para el servicio eléctrico, hasta un consumo de 800 kWh bimestrales (y pagan tarifa plena sólo por el excedente), mientras para el suministro de gas, los topes son variables según la categoría de usuario y la época del año. En Mendoza, el 18,1% de los hogares se encuentra en el nivel 3 con la luz y el 25% con el gas.
Por otra parte, el 56,7% de los usuarios de electricidad en la provincia está encuadrado en el N2, de bajos ingresos, y tienen el consumo subsidiado, y lo mismo sucede con el 45% de los hogares para el gas.
En la misma entrevista, Caputo deslizó que entienden que “no se puede eliminar el subsidio al 100% y por eso hemos decidido implementar una quita del 35%”. Asimismo, ha señalado que “el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte”, pero que eso se paga con inflación.
Sin embargo, hay otra cuestión a considerar, que es el impacto de la devaluación. Roberto Carnicer, especialista en Energía de la Universidad Austral, señaló que el precio del gas está fijado en dólares, por lo que si se pasa de $380 o $400 a $800, se duplica el valor. Pero indicó que no se sabe cómo se va a aplicar esta diferencia al sector residencial y de las centrales térmicas (que utilizan este fluido o gasoil para generar el 60% de la electricidad en el país). Además, resaltó que están atrasadas las tarifas de transporte y distribución.
