Tras dos años sin aumentos en el Valor Agregado de Distribución (VAD), las empresas eléctricas de Mendoza solicitaron ajustes que promedian el 74% sobre ese ítem. Según indicó Raúl Faura, gerente técnico de Regulación del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), de aplicarse esa suba, los usuarios verían reflejado un incremento del 33% en sus facturas.
Pero ese reclamo de las distribuidoras, que se dio en el marco de la audiencia pública realizada ayer de manera virtual, difiere con los cálculos realizados por el EPRE. Faura indicó que el aumento promedio, para el 85% de los usuarios de la provincia, sería del 22%, si se actualizara el VAD conforme a los pedidos del ente. Luego de la audiencia, y de la presentación del informe, el gobernador Rodolfo Suárez será quien tenga la última palabra sobre la suba a aplicar.
Por otra parte, también quedaron pendientes, producto de la pandemia, incrementos en la tarifa por el costo de generación de energía. Esto no lo evalúa el EPRE porque es de incumbencia nacional pero, de acuerdo con lo proyectado por la secretaría de Energía de la Nación, acompañarán una inflación proyectada del 29% anual. Para ello, primero el presidente Fernández debe formalizar el descongelamiento de las tarifas.
El cálculo del EPRE
La tarifa tiene tres componentes: el VAD (es el que se discutió en la audiencia pública), los costos de abastecimiento (son los que define la Nación) e impuestos provinciales, nacionales y tasas municipales.
El primero de ellos tiene en cuenta costos de explotación y de costos de capital, entre otros. En el segundo componente se tienen en cuenta los costos de la compra de energía generada y el tercero se conforma por el IVA, la sobretasa provincial para la compensación de costos eléctricos y cargos como el de alumbrado público.
“En términos proporcionales, los costos de abastecimiento implican el 44% de la tarifa, el 25% son impuestos y el 31% al VAD. Ese componente se discutió en la audiencia y en este caso se ha encarecido desde la última revisión por la suba de los precios de las instalaciones eléctricas y no eléctricas, y los costos de instalación para determinar”, señaló Faura.
El funcionario del EPRE señaló que la última actualización que se otorgó a las empresas eléctricas fue en julio de 2019, con estudios que actualizaron los costos a diciembre de 2018, por lo que a la fecha las empresas ya tiene un año y medio de atraso.
Impacto en el bolsillo
De acuerdo con los cálculos del EPRE, el aumento promedio para la mayoría de los usuarios sería del 22% pero, si se estima el incremento por categorías, se ven algunas diferencias.
El impacto medio para los pequeños comercios e industrias sería del 27% y afectaría a 75.848 usuarios; para el “riego agrícola”, del 26% y alcanzaría a 8.762 usuarios. En tanto que para las grandes demandas se divide entre los 248 usuarios que están por debajo de los 300 kilovatios de potencia instalada (22% de aumento en la factura) y los 6.928 usuarios que superan esa capacidad (25%).
Para los usuarios residenciales, los incrementos se dividen igualmente por consumos.
Quienes consumen hasta 300 kilovatios hora bimestrales (hay 217.096 usuarios R1), registrarían una variación del 14,9% y por consumos de hasta 600 kWh (171.9330 usuarios R2), la variación sería del 22,2%. Por encima de esos 600 kWh, el incremento será de entre 23% y 26,6%. Finalmente, para las tarifas generales la variación será de 27% y para el alumbrado público el aumento alcanzará el 20%.
Si se traduce el impacto a pesos, los usuarios residenciales de la categoría inicial pasarían a pagar $70 más por mes (40% de los usuarios); para la categoría R2, el incremento en promedio significaría un pago extra de $306 (32% del total de usuarios) y para los residenciales T1 R3 (156 mil usuarios, o el 28% del total); el incremento medio sería de $690 por mes.
Obras y compensaciones
Junto con la adecuación del componente provincial dentro de la tarifa, se discutieron propuestas que parten de la Secretaría de Servicios Públicos. Una de ellas es destinar a obras las multas por mala calidad del servicio que se ejecutaban con devoluciones a usuarios. La otra se refiere a la “tarifa social” y habla de un incremento del cargo CCCE (Contribución para la Compensación de Costos Eléctricos) del 5% al 7,5% para cubrir el beneficio, excluyendo al riego agrícola.
Leonardo Yapur, en representación de la Secretaría de Servicios Públicos, explicó que, en el primer caso, la asignación de multas a obras se dará en el marco del plan por Emergencia Sanitaria y que significará una inversión por parte de las empresas de $289.883.286 mientras que el monto a compensar es de $234.498.991.
En cuanto al segundo punto, señaló que “la tarifa social implementada por el Gobierno nacional no se encuentra financiada por el Estado nacional”. Por ello la Provincia, para seguir atendiendo las necesidades de los hogares más vulnerables, aumentará el cargo CCCE al límite que permite la ley.
Planteos
Las empresas se quejan por los costos
De la audiencia participaron usuarios, miembros de organizaciones civiles y representantes de las empresas. Por parte de Edemsa, Andrés Carnevale señaló que no son ajenos “al esfuerzo que implica para los usuarios pagar la luz, en un contexto como el actual”, pero señaló que los impactos inflacionarios, los robos y las variaciones en el tipo de cambio, afectaron de la misma manera los costos de las distribuidoras.
Igualmente, Julio Gallego, de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, señaló que, por el congelamiento tarifario los nuevos valores podrían estar vigentes desde el 1 de enero de 2021 “con lo que se iniciaría el año con un nuevo atraso de seis meses”.
