Ante la sangría sostenida de reservas, el Gobierno de Alberto Fernández ha decidió pegarle un ajustazo al cepo cambiario restrictivo que ya existía, por lo que ahora será más caro y difícil acceder al codiciado billete verde, en lo que se configura como una nueva devaluación encubierta.
A partir de ahora, los gastos con tarjeta de crédito en el exterior forman parte del cupo mensual de 200 dólares. Por ello, el cupo total por ciudadano en el año será de 2.400 dólares, por todo concepto.
Estas medidas llegaron cuando las reservas brutas están en 42.495 millones, el nivel más bajo desde mayo y 1.290 millones por debajo del stock que había cuando Fernández asumió. Estimaciones privadas del mercado financiero indican que las reservas de libre disponibilidad son de apenas 3.690 millones de dólares.
En segundo lugar, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aplicará una retención del 35% a cuenta del pago de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para las operaciones de formación de activos externos (FAE) de personas humanas y las compras con tarjetas (débito y crédito) en moneda extranjera.
No habrá tope al consumo con tarjetas de débito y crédito y cuando los gastos mensuales superen el cupo, absorben el de los meses subsiguientes. Es decir, un turista podrá gastarse los 2.400 dólares en un viaje, pero luego deberá esperar hasta el próximo año para poder volver a consumir en moneda extranjera.
El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, reconoció en una rueda de prensa que el ajuste del cepo busca desalentar la demanda de moneda extranjera que realizan las personas humanas con fines de atesoramiento y gastos con tarjeta. Por este medio también, el Gobierno busca que el ahorrista se quede en pesos y consuma en el país.
Es un golpe duro para el ahorrista, porque encarece el billete. Y también lo es para el turismo emisivo. Según datos del Indec, unas 4 millones de personas residentes salen temporalmente por año del país para vacacionar, por trabajo o negocios, claramente cuando no hay restricciones sanitarias como las actuales por la pandemia.
Al igual que con el cepo establecido en 2011 por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, ahora el Gobierno establecerá quién puede comprar y quién no. Para ello, el Banco Central y las entidades financieras “perfeccionarán el control y monitoreo respecto de la capacidad económica y de ingresos requeridos para la apertura de nuevas cuentas en dólares”. Asimismo, se limitará el acceso de cotitulares de cuentas a la compra de dólares para FAE.
Ayer el dólar blue cerró en 131 pesos. Técnicamente, con las nuevas medidas, el dólar minorista lo empató. El analista económico Damián Di Pace, hizo los números. El dólar oficial cerró ayer en los 79,36 pesos. Con el impuesto PAIS (del 30%) ya alcanzó los 103,16 pesos. Ahora, hay que sumarle un 35% del Impuesto a las Ganancias, por lo que el valor real se ubica en los 130,93 pesos.
“Cuando este Gobierno asumió pagabas el dólar oficial a $62,75 en el Banco Nación. Hoy ese mismo dólar te sale $130 con los impuestos. Una suba de 107% en nueve meses”, cuestionó el analista financiero Christian Buteler. Y estimó que si el llamado dólar blue se ubica hoy en torno a los $150, seguiría siendo “barato”.
Insólitamente, Pesce dejó entrever en la conferencia de prensa que no tiene bien en claro cuál puede ser el resultado de estas medidas. Al ser consultado sobre si esto no generaría un incremento de la brecha entre el valor oficial y el blue, respondió: “Esperamos que esto reduzca la brecha en estas cotizaciones. En el blue, que es ilegal y donde acuden toda clase de delincuentes, no sabemos qué puede pasar”.
Freno al “liqui”
El Banco Central puso en marcha una estrategia de normalización financiera, que implicará la eliminación de la posibilidad de que los agentes financieros no residentes lleven adelante operaciones de liquidación de títulos valores contra moneda extranjera, a fin de regular la salida de divisas a través del mercado de capitales local.
Además, en vistas de impedir posibles elusiones a lo dispuesto, se limitará la posibilidad de liquidación local de operaciones con títulos valores realizadas íntegramente en el exterior.
Según la autoridad monetaria, las mencionadas decisiones restringirán la realización de maniobras especulativas llevadas adelante por fondos de inversión no residentes en el país y su impacto sobre la dinámica de los mercados financieros y de cambios.
Deudas corporativas
Debido a la escasez de reservas, el Banco Central también le impone un “esfuerzo” extra a las empresas que tienen pagar deudas contraídas en moneda extranjera para que salgan a renegociar sus pasivos.
La entidad rectora estableció los lineamientos bajo los cuales las empresas del sector privado deberán iniciar un proceso de renegociación de sus respectivos pasivos externos, que “permita acomodar su perfil” de vencimientos a las pautas requeridas para el normal funcionamiento del mercado de cambios.
Bajo este nuevo marco, se “invitó” a las empresas a mantener el proceso de desendeudamiento en moneda extranjera en curso, a un ritmo que resulte “compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria”.
Por ello, las empresas con vencimientos mensuales superiores a 1 millón de dólares, tendrán que incorporar un período de gracia para el trámite de las renegociaciones con los acreedores y podrán cancelar sólo hasta el 40% de los vencimientos de capital. Debido a las enormes dificultades para conseguir divisas, varias grandes compañías ya se habían largado a renegociar sus pasivos.
Por otro lado, se obligará a las grandes compañías a autofinanciarse sus ventas al exterior, ya sea con fondos propios o con crédito externo. El Banco Central comunicó oficialmente que se propone reducir la participación de esas firmas en las líneas de prefinanciación de exportaciones que ofrecen los bancos públicos y privados.
La iniciativa apunta a que aquellas grandes empresas con acceso a los mercados de crédito internacional, aprovechen las nuevas condiciones generadas por la normalización de la deuda soberana, liberando margen de financiaciones para el crédito local de pequeñas y medianas empresas exportadoras.
