A fines de noviembre, la Fundación Nuestra Mendoza, Arturo Lafalla y Gustavo Gutiérrez presentaron un pedido de inconstitucionalidad por dos decretos que firmó el exgobernador Rodolfo Suárez vinculados con Edemsa. También solicitaban una medida cautelar para que la empresa no pudiera operar con el objeto ampliado que permitía la modificación del estatuto, que se había aprobado en octubre. Recién ayer se trasladó el pedido de esta precautoria al Gobierno provincial y a Fiscalía de Estado para que respondan.
El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, quien se sumó a esta causa como “amicus curiae”, planteó que “por primera vez, desde que ingresé a la Corte, he visto una tardanza de siete meses para el traslado del pedido de una precautoria”.
Ahora, detalló, han otorgado un plazo de dos días para que la Provincia y Fiscalía -una vez notificadas- manifiesten su postura ante el pedido de los accionantes. Pero resaltó que la precautoria se debería resolver en dos o tres días de interpuesta porque, precisamente, el objetivo es suspender una acción. En este caso en particular, como han transcurrido siete meses, la empresa ya ha emitido obligaciones negociables y está haciendo negocios permitidos por el nuevo estatuto.
Pérez Hualde destacó que la Ley Bases prevé que las concesiones de servicios públicos tengan como objeto exclusivo la prestación de ese servicio, mientras el Gobierno de Mendoza autorizó a Edemsa realizar un cambio de estatuto que le habilita a desarrollar otros negocios.
En cuanto a cómo sigue el proceso, detalló que han ordenado un plenario y que los jueces van interviniendo uno por uno, además de que está la feria judicial de por medio, por lo que consideró que probablemente transcurran varios meses más hasta que se resuelva la precautoria (ni siquiera la cuestión de fondo).
El año pasado, un decreto de Suárez autorizó reformas en el estatuto de Edemsa, en el marco de la negociación de una deuda de $140 mil millones que la Provincia tenía con la empresa por atrasos tarifarios. La distribuidora ahora puede desarrollar negocios de desarrollo de tecnología y know how, y proyectos y obras de transporte de electricidad y de generación de energías renovables.
También se le extendió la concesión por 20 años más -5 años antes de que terminara- y se le redujo en canon que la empresa paga por año, del 10% al 6%, que es el mínimo permitido por la ley. Como contraparte, Edemsa no puede reclamar ya esos ingresos no percibidos entre 2009 y 2022, por no haber podido actualizar las tarifas.
