El Gobierno nacional se encuentra en plena fase de estudio y deliberaciones para impulsar un nuevo esquema de alícuotas para los derechos de exportación que pagan los principales productos agroindustriales del país, pero no tiene previsto afectar los granos y porotos en estado primario.
Esto fue confirmado en el Senado de la Nación por el ministro de Economía, Martín Guzmán, ante una consulta directa del legislador entrerriano de Juntos por el Cambio y productor agropecuario Alfredo De Angeli.
“Quiero enmarcar la situación. Es de una intensidad y una dureza la situación mundial que se vive en el contexto de la guerra, que es muy importante tomar conciencia lo que ello conlleva para la Argentina. La guerra está presente en la Argentina y se manifiesta en los precios de todo lo que está asociado a lo que hoy en el mundo sufre las consecuencias de la guerra, como la energía y los commodities”, dijo Guzmán.
El ministro señaló que esto representa “una oportunidad” para la Argentina como exportadora neta de commodities, por una “dinámica más favorable en la balanza de pagos”, pero el impacto en el precio de los alimentos es significativo, lo cual se viene viendo con claridad en las últimas tres semanas.
“No hacer nada al respecto implica una situación en la cual este shock que se presenta en el mundo termina siendo regresivo en la Argentina. El gobierno cuenta con limitados instrumentos. Y siempre se busca llegar a acuerdos primeros a efectos de poder lograr que este shock que para la economía en su conjunto puede ser positivo, no resulte en una presión para los precios de los alimentos que dañe a millones de argentinos”, afirmó Guzmán.
El funcionario dijo que “las decisiones que se tomen tienen que ver con la naturaleza del problema que se enfrenta, entendiendo que se busca alcanzar equilibrios entre los incentivos a la producción y el impacto que hay en la inflación interna. Dicho todo lo anterior, no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos, el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y los demás granos”.
Lo que el Gobierno está analizando es una iniciativa elevada por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, al presidente Alberto Fernández, con quien se reunió en las primeras horas de este lunes.
El Gobierno había cerrado en forma transitoria el domingo Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para las exportaciones de harina y aceite de soja, entre otras posiciones arancelarias de la oleaginosa. Pero estos rubros no serían los únicos que se verán afectados, según diversas fuentes oficiales.
Fernández tomó la iniciativa que Domínguez le había acercado días atrás y se la giró al ministro de Economía, Martín Guzmán, y al titular de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quienes ahora analizan los distintos impactos que tendrían los cambios.
“No es un proyecto para aumentar las retenciones, lineal, como se está hablando”, dijo a este medio una fuente con conocimiento de la iniciativa. Y señaló que el Presidente, Domínguez, Guzmán y Kulfas coinciden en que no hay que “desalentar” las ventas al exterior, porque un objetivo paralelo es incrementar las exportaciones y el consecuente ingreso de divisas, pero en paralelo hay que evitar un “shock inflacionario”.
Según aseguran las fuentes consultadas, la iniciativa que es estudiada con hermetismo por el Presidente y los funcionarios, está en línea con el proyecto de ley de “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”. Esa iniciativa fue enviada por el Gobierno al Congreso en noviembre pasado y cuenta con el aval del Presidente y de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El texto fue elaborado en tándem con el denominado Consejo Agroindustrial Argentina (CAA).
Ese proyecto tiene una máxima: cuanto mayor valor agregado, menor alícuota. Ahora, en el Gobierno dicen que no se traicionará ese espíritu porque el mismo ya cuenta con el consenso político de quienes conducen la coalición Frente de Todos y también con el sector empresario que está incluido en el CAA. No obstante, remarcan que se está ante un escenario “extraordinario” por la disparada de los precios de los commodities en las últimas semanas y aseguran que las medidas que se tomen serán “transitorias”.
En el Gobierno señalan que el escenario internacional ha cambiado abruptamente con la invasión de Rusia a Ucrania, hecho que comenzó el 24 de febrero pasado. “Los precios del trigo, maíz y aceite de girasol están explotando y muchos países se están estockeando”, describió una fuente oficial a este medio.
¿Habrá suba de alícuotas o escalonamiento para las retenciones a algún sector?, preguntó este diario. “Es solo para un sector y es mínimo”, respondieron. Pero insistieron con que todo quedará atado a la discusión política y a la “búsqueda de consensos”.
El Gobierno no podría aumentar retenciones por vía de una resolución dado que el 31 de diciembre pasado cayeron las facultades que le habían sido delegadas con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Sí podría hacerlo el Presidente por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el cual no está descartado.
“Se están analizando opciones”, dicen en el Gobierno sobre el contenido de la norma. Y señalan también que no hay un objetivo de recaudación para financiar el gasto corriente sino para amortiguar la suba de precios internacionales en el mercado doméstico, dado que el traslado de lo que ocurre afuera a la mesa de los argentinos haría saltar la inflación.
Con lo que se recaude se financiaría, en parte, un fideicomiso para “generar certidumbre” y suavizar “la volatilidad de los precios” de la harina y el trigo (clave para la industria alimenticia y de panificados) y los valores del maíz, un insumo clave para los productores de cerdo y de pollo.
Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, fue consultado en la radio porteña Urbana Play este lunes. Allí aclaró que “no es posible de manera unilateral, por parte del (Poder) Ejecutivo aumentar las retenciones de maíz, girasol, poroto de soja, ya que debería ser por ley”, y precisó que, “en todo caso, está en discusión lo que tiene que ver con el diferencial en las retenciones a las exportaciones industrializadas”.
En este sentido, ahondó en que “hay un grupo de actividades que tienen un descuento, por decreto, que sirve para promover o fomentar exportaciones de valor agregado, que por estas horas podría estar en discusión”.