El Gobierno nacional puso en vigencia este lunes la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), con el objetivo de acumular reservas en las arcas del Banco Central, a partir de un tipo de cambio diferencial temporal de $300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales. Además ratificó la ayuda al sector productivo afectado por la sequía.
La medida está vigente a partir de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 194/2023, incluyendo un tipo de cambio diferencial temporal de $300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales (”dólar agro”), que podría generar una liquidación de divisas estimada en alrededor de US$ 9.000 millones.
Se espera que el sector agroexportador sojero liquide US$ 5.000 millones hasta el 31 de mayo, fecha en la que vence el tipo de cambio diferencial para las exportaciones de esta cadena.
La nueva paridad llevaría a que la tonelada de soja se comercie en el mercado local a un valor cercano a los $105.000, lo que busca impulsar las ventas de granos. Además, se estima que podría haber entre 5 y 7 millones de toneladas de la campaña 2021/22 y la soja del primer tramo de la presente cosecha.
Por otro lado, las economías regionales podrían ubicarse en torno a los US$ 4.000 millones, teniendo en cuenta que el tipo de cambio diferencial estará vigente hasta el 31 de agosto. Esta suma supondría una mejora en la performance exportadora de entre el 25% y 30% respecto al promedio liquidado en campañas anteriores, gracias a los incentivos.
El ministro de Economía, Sergio Massa, explicó que las empresas que quieran participar del PIE deberán cumplir con las condiciones de participar del programa de precios, mantener los empleos y garantizar volumen y abastecimiento de los productos que se comprometen en el programa de precios. De no cumplir con estas condiciones, las empresas “serán dadas de baja” y no podrán acceder al tipo de cambio diferencial.
Dentro de los alcances del nuevo dólar para las exportaciones de soja y economías regionales, Massa también anunció beneficios fiscales para los productores afectados por la sequía, ahora oficial con el decreto 193/2023, también publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Entre los beneficios se mencionan “la prórroga del vencimiento de pago de impuestos, la deducción en el balance impositivo del impuesto a las ganancias de los beneficios derivados de las ventas de hacienda y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal”.
La medida fue respaldada por los mandatarios provinciales, quienes la consideraron una señal positiva en momentos muy difíciles por la sequía. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, afirmó que es fundamental acompañar a los productores para no perder competitividad y apoyar la producción nacional, para superar este momento y prepararse para la próxima siembra. Asimismo, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, manifestó su apoyo y afirmó que la medida “ayudará a sostener muchas fuentes de trabajo mejorando la competitividad y dándole previsibilidad a la producción afectada por la sequía”.
Desde el sector privado, tanto la cadena sojera como las cámaras que agrupan a producciones de economías regionales también apoyaron la creación del denominado dólar agro, al considerarlo como una “medida positiva”, tanto por el contexto de suba de costos para la producción, como así también para poder paliar los efectos de la sequía.
