Todo cambio de gestión suele generar incógnitas en cuanto a qué medidas implementará quien asuma. Pero el que se avecina está generando, a partir de ciertos anuncios del recién electo presidente, interrogantes adicionales sobre cuál podría ser el impacto si llegaran a aplicarse de modo abrupto o de “shock”. Una de ellas, y teniendo en cuenta que Javier Milei ha planteado en reiteradas oportunidades un modelo de escasa intervención por parte del Estado, es qué sucederá cuando se eliminen los controles de precios.
Es que, desde hace un buen tiempo, están “congelados” -en realidad, se les autorizan subas mensuales por debajo de la inflación general- ciertos productos de consumo masivo, a través del programa Precios Justos, que también incluye una amplia variedad de rubros y se extendió a fines de 2022 a los combustibles. Por otra parte, las tarifas de servicios públicos continúan subsidiadas para un importante número de hogares y las prepagas tienen aumentos controlados e, incluso, de menor porcentaje para algunos afiliados.
El Estado también interviene en el tipo de cambio oficial y hay leyes que regulan los aumentos en otros sectores, como el de los alquileres, mercado que hoy tiene un índice de actualización automático, de acuerdo con una fórmula (y Milei ya adelantó que buscará derogar la normativa vigente, que establece esa metodología de ajuste).
Hay un cierto consenso en que, de eliminarse estos diversos controles de precios e intervenciones en ciertos mercados, se producirá una importante suba de la inflación en un primer momento, cuyo impacto en distintos sectores será variable según la velocidad con la que se produzca esa eliminación (aunque también lo será, plantean ciertos análisis, la efectividad de las medidas).
Precios de supermercados
El programa Precios Justos cumplió recientemente un año, ya que fue lanzado en noviembre de 2022, en reemplazo de Precios Cuidados, que nació en enero de 2014. El más reciente elevó considerablemente el número de productos de supermercado incluidos -pasó de menos de 500 a unos 1.800- y con el tiempo se fue extendiendo a otros tipos de comercios, como carnicerías, verdulerías y de cercanía; y diversos rubros, como indumentaria, calzado, hogar y construcción, motos y electrodomésticos, entre otros.
En sus comienzos, los artículos debían tener un valor congelado durante cuatro meses, pero, cuando empezó a acelerarse la inflación, se admitieron subas de un 5% mensual. Como ese porcentaje queda bastante por detrás de la evolución del IPC, las empresas han manifestado reticencia a participar y, en la práctica, son muy pocos los productos con la identificación de Precios Justos que se pueden encontrar en las góndolas.
De ahí que el economista Jorge Day, del Ieral (Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, de la Fundación Mediterránea), advierta que, según cuántos sean los productos del programa que tome el Indec para medir la inflación, si desaparecieran va a observarse un fuerte aumento en el rubro alimentos.
Pero como los precios, explica, funcionan como referencia de qué conviene producir y comprar, si subieran, crecería la producción y habría más variedad para elegir (y competencia). Aunque también plantea que dependerá de cuánto crezca la pobreza por efecto de las subas, ya que, si aumentara mucho, no habría mercado.
Combustibles
A fines de noviembre de 2022, los combustibles fueron incorporados a Precios Justos. En este caso, se acordaron con las petroleras topes de aumentos que oscilaban entre el 3,5 y el 4%. Sin embargo, con la devaluación posterior a las PASO presidenciales, las empresas aplicaron subas del 12,5% y el Gobierno nacional planteó el congelamiento hasta el 31 de octubre, a cambio de ciertos beneficios fiscales. Aunque los valores se mantuvieron estables, comenzó a caer el abastecimiento, que se tornó crítico en los días precios al vencimiento.
Los primeros días de noviembre, las expendedoras aumentaron un 10% los combustibles y los faltantes comenzaron a resolverse. Y, a fin de mes, volvieron aplicar una nueva suba, también del orden del 10%. Day indicó que el precio de los combustibles es bajo en dólares, aunque a los argentinos nos parezca alto, y que la evidencia de esto es que, en las estaciones de servicio de frontera, cruzan desde países vecinos sólo para cargar nafta o gasoil. Si se recuperaran, esto se trasladaría a los costos de un buen número de actividades, pero también se debería recuperar la producción, que viene a la baja porque no es rentable.
Servicios públicos
Desde que se aplicó la segmentación tarifaria, el subsidio en las tarifas públicas dejó de ser para todos los hogares del país. Se debe recordar que, en diciembre de 2019, apenas asumió Alberto Fernández, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva estableció el congelamiento de las tarifas de electricidad y gas natural para todos los usuarios, con independencia de su capacidad adquisitiva. Y, con la pandemia, se fue prorrogando hasta que, en mayo de 2022, se propuso el esquema de diferenciación por nivel de ingresos.
La eliminación de los subsidios fue paulatina pero total para un segmento de altos ingresos, parcial para el de medianos -con un tope de consumo y, por encima de eso, tarifa plena- y se sostuvo plenamente para los hogares de bajos ingresos. Algunas estimaciones apuntan a que, de quitarse la bonificación por parte del Estado nacional, los usuarios del nivel más bajo pasarían a pagar un 120% más por la boleta de gas y un 169% por la luz (aunque el porcentaje es muy variable en función del consumo en ambos casos).
Con el transporte público, el costo del servicio se sostiene con 72% de aportes del Gobierno provincial, 13% de recaudación por tarifa y 15% de aportes del Estado Nacional (que adeudaba desde marzo y comenzaron a llegar hace unos días). El precio del boleto pasó de los $80 que costaba hasta fines de octubre a $120 y arrancó diciembre con una nueva suba, que lo llevó a $160 (y llegará a $200 el 1 de febrero). Pese a esto, desde el Ejecutivo provincial han afirmado que, de quitarse los subsidios, su valor rondaría los $750.
Prepagas
El aumento de las cuotas de medicina prepaga está regulado desde 2011, porque la ley 26.682 estableció, en su artículo 17, que “la Autoridad de Aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales”. La Superintendencia de Servicios de Salud es la que autoriza las subas y desde las prestadoras vienen insistiendo en que esto provoca un retraso en la actualización, que se agravó por el congelamiento en 2020 y que el sistema se está tornando insostenible.
En febrero de este año se implementó un esquema de aumentos que fija que los afiliados que perciban hasta seis salarios mínimos tendrán incrementos menores al resto. Para ello, cada mes deben completar una declaración jurada sobre sus ingresos. Y en setiembre, se definió que los valores no se iban a modificar durante 90 días, aunque también para quienes no tengan capacidad económica (no superen los $2 millones brutos mensuales).
Perspectivas
Day comentó que “lo sano es que no haya controles de precios. Que estén libres y la gente decida cuánto producir y qué consumir”. Sumó que los congelamientos o topes de aumentos distorsionan el mercado y terminan generando desabastecimiento, porque a las empresas no les conviene producir esos productos. También planteó que, cuanto más controlado está un sector, más dura es la salida de ese esquema.
“Pasar a una economía normal va a tener un costo”, indicó. El economista consideró que se va a producir un salto inflacionario cuando se liberen los precios, pero para retomar ritmos más normales después. Y expresó que la nueva gestión debería aplicar una política de shock de inmediato, aprovechando la diferencia de votos en el balotaje, que manifiesta el apoyo de la gente, en lugar de esperar y perder credibilidad.
Gustavo Reyes, también economista del Ieral, evaluó qué evolución podría tener la inflación el año próximo, tomando tres escenarios posibles: uno en el que no se realicen reformas sustanciales en el rumbo de la política económica, otro en el que los cambios queden “a mitad de camino” y un tercero en el que, luego de “un fuerte ajuste en los precios relativos durante la primera parte del año, y de las reformas imprescindibles para salir de la estanflación, en la segunda parte de 2024 la economía empezaría a recuperar los niveles de consumo de la mano de una mejora en el poder adquisitivo de los salarios”.
En este último escenario, la inflación promedio del año próximo terminaría cerca del 200% anual, pero con una sustancial baja en los últimos meses (en diciembre de 2024, punta a punta, podría alcanzar el 146% anual). Mientras que, en los otros dos, la suba de precios podría ubicarse cerca del 290% anual (tanto promedio como punta a punta) o, incluso, superar el 900%.
