Empresarios mendocinos se manifestaron en contra del proyecto que crearía un nuevo tributo sobre la “renta inesperada”, y rechazaron cualquier aumento de la presión tributaria que sirva para aumentar el gasto público sin reducir el déficit.
La protesta surgió luego de que el presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, anunciara el pasado lunes un paquete de medidas para paliar los efectos de la inflación. Entre ellas sobresalen la entrega de un bono a los sectores más vulnerables, y un proyecto para aplicar un impuesto sobre las empresas que tuvieron ganancias superiores a las de años anteriores, motivadas por el contexto internacional marcado por la Guerra entre Rusia y Ucrania.
La primera medida beneficiaría a más de 500 mil mendocinos (4,4% del total nacional); y aunque la segunda no gravaría a ninguna empresa mendocina, sí tendería a aumentar la presión tributaria de un país que “no resiste más aumentos”.
Ante esta situación, los empresarios mendocinos nucleados en la Unión Industrial de Mendoza (UIM), se sumaron a la protesta nacional: “Se trata, una vez más, de buscar financiar un Estado cada vez más grande sin desarrollo serio de la economía, con el consiguiente impacto en la inflación y en el desaliento de inversiones en un contexto de reglas cambiantes que, en este caso, rozan lo absurdo y ponen en alerta a la propiedad privada así como al trabajo genuino”, indicaron, junto al rechazo absoluto a las medidas anunciadas.
Mayor presión para aumentar el gasto
La presión tributaria, viene aumentando desde la última gestión y seguirá creciendo este año. Aún sin impuestos nuevos, se estima un crecimiento en la presión tributaria del 0,4% del PBI; y es en este marco es que se habla de un nuevo tributo, a la “renta extraordinaria” que no será para reducir el déficit, sino para aumentar el gasto.
El párrafo anterior corresponde al análisis que realizó Fundación Ideal en un informe sobre los últimos anuncios del Gobierno Nacional que, por un lado, aumentan el gasto, y por el otro la presión fiscal:
La primera medida, implica un aporte de $18.000 por única vez a monotributistas, jubilados y trabajadores de casas particulares e informales; es decir, “transferencias sociales” a 13,8 millones de trabajadores, con un costo fiscal general de $217.774 millones y de casi 2 mil millones de dólares. Esto equivale a un 0,34% del PBI. (de acuerdo a estimaciones realizadas por la consultora FMyA en base a datos del Indec y la Anses).
En segundo lugar, Guzmán, aseguró que “las medidas no afectarán al déficit ni al acuerdo con el FMI”; por lo que, de acuerdo con el informe de Ideal, esta información implica que se deberán generar nuevos recursos y por ello es que nace “un nuevo impuesto a la ganancias inesperada”.
En principio, el nuevo tributo alcanzará solo a un 2,3% de las empresas, estructuras grandes con ganancias superiores a los $1.000 millones anuales, sin importar el sector económico al que pertenezcan. “Sobre estas empresas habrá una alícuota de ganancias extra; que se suma al Impuesto a la Ganancias, que hoy determina una alícuota de 35% sobre las sociedades que tengan ingresos mayores a $ 50 millones (U$S 400 mil)”.
El aumento de la presión tributaria
Argentina va a contramano de la región. En los países de la OCDE la tendencia sobre el impuesto a las ganancias es hacia la baja, mientras que en el país, no sólo ha aumentado, sino que seguirá incrementando si se aprueba el proyecto de Guzmán.
La elevada carga tributaria sobre las empresas tiene distintas consecuencias, como bajos niveles de inversión (promedio 20% del PBI, entre las más bajas de América Latina); y bajo incentivo a la creación de empleo en blanco.
Asimismo, incentiva la búsqueda de residencia fiscal en el exterior (fuga de multinacionales, y récord de pedidos de residencia fiscal en Uruguay); y promueve altos niveles de informalidad.
“Seguir aumentando impuestos profundizará los problemas de crecimiento, inversión y empleo de la economía argentina”, concluye el informe de Ideal.
Las empresas a las que sí afectará
El economista Jorge Day, de Fundación Mediterránea, Ieral Mendoza, explicó que, de acuerdo con el planteo inicial, la renta extraordinaria estará vinculada con las ganancias que tuvieron los exportadores de la Región Pampeana.
“En Mendoza difícilmente haya empresas que hayan tenido aumentos extraordinarios en sus ganancias, porque no sucedió lo mismo con el ajo, el vino, el mosto, o la fruta mendocina que lo que ocurrió con los granos (subieron de forma extraordinaria desde el inicio de la guerra). En principio no debería afectar a Mendoza”, destacó.
No obstante, el especialista consideró que sí se aumenta la presión impositiva y sobre todo, que se incurre en una doble imposición, sobre un sector de la economía que ya paga impuestos bastante altos: Ganancias (impuesto progresivo) y retenciones. “Habrá que ver cómo se resuelve legalmente la situación de doble imposición”, agregó.
El sector petrolero es otro de los que ha visto aumentos extraordinarios en el mundo a causa del conflicto bélico. Sin embargo, Day señaló que, por fuera de la empresa estatal (YPF), las compañías que producen en la provincia son chicas, o bien le venden a YPF, no a los más de U$S 100 a los que cotiza el crudo en el mundo, sino a U$S 60 (barril criollo).
“El Gobierno tiene problemas, no le cierran las cuentas. Entonces coloca impuestos, no para achicar el déficit, sino para nuevos gastos. La presión impositiva es muy elevada (alrededor del 40% sobre el PBI), en muchos casos no se puede pagar, y promueve la informalidad”, cerró Day.