El Plan Estratégico Vitivinícola 2030 se encuentra ya en la instancia de borrador final y el INTA está incorporando los aportes que han realizado los participantes del proceso. La Coviar tiene previsto presentar los resultados y el flamante documento antes de terminar el año. Ante esto, entidades de productores primarios se sumaron a las objeciones que ya han planteado desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, y desde Bodegas de Argentina.
Carlos Fiochetta, gerente de la Corporación Vitivinícola Argentina, detalló que el proceso de diseño del PEVI 2030 comenzó en 2018, cuando se encomendó, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la tarea de revisión del PEVI 2020. Luego, en 2019, se organizaron talleres en todas las zonas productivas y, este año, de modo virtual por la pandemia, se realizaron consultas específicas a más de 50 instituciones referentes del sector primario, bodegas, vinotecas, sommeliers, gobiernos municipales y provinciales, etc.
De esta manera, se elaboró un borrador, que fue enviado a quienes participaron de los talleres del año pasado y los foros de 2020, para que realizaran aportes. El INTA se encuentra en este momento procesando esta información, ya que el objetivo de la Coviar es tener el plan listo y presentarlo a fin de año.
Fiochetta prefirió no adelantar qué objetivos traza este nuevo documento, aunque destacó que se reforzó la participación y se buscó que el plan sea federal y diverso. Sí mencionó que surgió con mucha fuerza el concepto de sostenibilidad, no sólo económica sino también social y ambiental, que no estuvo presente como preocupación en el PEVI 2020.
La titular de Bodegas de Argentina, Patricia Freuler de Ortiz, manifestó -en una entrevista a Los Andes la semana pasada- su inquietud porque el plan ha seguido avanzando pese a que, a través de una nota pública, 296 bodegas, que concentran el 90% de las ventas, se mostraron en desacuerdo con que se avanzara en uno nuevo sin haber analizado los motivos del fracaso del anterior. De hecho, la entidad dejó de participar de la Coviar por estas diferencias.
Asimismo, Ortiz consideró que el momento no es oportuno para fijar el rumbo de la vitivinicultura, ya que se están produciendo varios cambios en la política mundial, que tendrán efecto en los mercados. En este sentido, opinó que el INTA es una institución valiosa, pero que no debería ser la que delinee un plan estratégico, ya que éste debe buscar, primero que nada, incrementar las ventas.
Esta semana, hicieron manifiesta su adhesión al reclamo que en su momento realizó el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, los representantes de la Federación de Viñateros de San Juan, de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza y de la Asociación Vitivinícola del Valle Calchaquí.
En el documento expresaron su rechazo al diseño del PEVI 2030, fundamentado en que el de 2020 no alcanzó los resultados que se propuso. La Coviar alteró su misión al pretender ser una expresión gremial de la vitivinicultura. La contribución obligatoria a la corporación ha devenido en un costo injustificado. Si bien resaltan el espíritu del plan estratégico, consideran que es innecesario diseñar uno nuevo y que la metodología de foros y talleres no es legítima para la validación de acciones.
Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros de San Juan, comentó que, apenas les llegó el borrador del PEVI 2030, escribieron una carta y luego se sumaron a esta conjunta. Es que, en comparación con el plan 2020, los objetivos están planteados pero no así las estrategias para alcanzarlos. Por ejemplo, mencionó que se ha fijado la meta de aumentar las exportaciones de vino, mosto, pasas y uva en fresco, sin explicitar de qué manera se planea lograrlo.
Garcés resaltó que el PEVI 2020 fracasó porque los tres objetivos principales eran aumentar el consumo interno, que, en 2003, cuando se creó la Coviar, rondaba los 33 litros per cápita y ahora es de 18 litros (tal vez 19, producto de la pandemia). También, que las exportaciones alcanzaran un total de 2 mil millones de dólares y son de 600 millones, menos de un tercio. Y, finalmente, que se integrara a los pequeños productores, pero en San Juan, en los últimos 3 años, se han perdido 3 mil hectáreas.
El titular de la federación sumó que vienen reclamando que se transparente la rendición de cuentas de la Coviar, algo que es obligación porque se trata de fondos públicos. Garcés reconoció que tenían la esperanza de que, al terminar el PEVI 2020, la entidad se disolviera y agregó que tienen una propuesta alternativa, de una comisión formadora de precios, integrada equitativamente por productores e industriales.
Gabriela Lizana, presidente de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza, explicó que, con las otras entidades firmantes del documento, trabajan en conjunto desde hace un tiempo, ya que integran CAME Unida, y decidieron explicitar su disconformidad con una situación que los invisibiliza, al tiempo que se les sigue cobrando un aporte obligatorio a la Coviar.
Lizana señaló que en el PEVI no está contemplada la integración rentable a la cadena por parte de los pequeños y medianos productores. Destacó que, de los ’90 a la actualidad, han desaparecido 13 mil productores vitivinícolas pero se mantiene la cantidad de hectáreas, lo que evidencia la concentración. También resaltó que no pueden seguir permitiendo que la uva no tenga valor al momento de la entrega y que se pague de junio a febrero.
Por estos motivos, se mostró en desacuerdo con contribuir a un plan estratégico que no incluya sus reclamos de dar transparencia al mercado y eliminar las condiciones de comercialización desleal. Asimismo, resaltó que ni siquiera han podido evaluar “con seriedad” los fracasos del PEVI 2020, por lo que difícilmente se pueda hablar de uno 2030.
Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, señaló que el plan no ha dejado de avanzar y que la Coviar, de la que se retiraron en 2014, “hace oídos sordos” a los que expresan su disconformidad. Añadió que el hecho de que se sigan sumando entidades, además de los 262 establecimientos -101 de los cuales se encuentran en el Este provincial- al rechazo del nuevo PEVI, es una ratificación de esta oposición al proceso. También manifestó su preocupación porque, pese a eso, los gobiernos provinciales y el nacional están avalando el trabajo.
Sobre las objeciones, Fiochetta respondió que este año se siguió reforzando el esquema de participación, para cumplir con el compromiso que expresaron en el desayuno de la Coviar, en marzo, de que iba a ser un proceso participativo, federal e inclusivo. Asimismo, destacó que se ha instado a que todos los sectores den su opinión y que se ha seguido invitando a los que han expresado su disidencia.
