El Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina, Julián Domínguez, se encuentra en la provincia de Mendoza, en el marco de los festejos vendimiales, y este viernes participó, junto al titular del INV de una reunión del Consejo Federal Agropecuario, en donde se habló, entre otros temas, del destino de los 40 millones de dólares que el BID destinó para pequeños productores vitivinícolas a través de un convenio con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y que administrará el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
En este contexto, fue que se le consultó al funcionario nacional por la llamada “puja bodeguera”, y es que más de una cámara sectorial esperaba tener cierto control sobre el manejo de los fondos.
“Son fondos y endeudamiento que asume el Estado, el sector público tiene que planificar y no se pueden asignar al libre arbitrio, existen normativas y procedimientos que cumplir y que también exigen los organismos internacionales”, señaló Domínguez.
El funcionario no se mostró nada complacido con las discusiones que se sostiene en Mendoza desde el año 2020 cuando fue elegido José Zuccardi como presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina, algo que provocó la ruptura de la entidad, con la salida del Bodegas de Argentina y del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este de la misma; y aseguró no querer ser parte de la pelea.
Por el contrario, el ministro señaló que “la unidad supone que cada asuma su parte de la responsabilidad y que dejen al Estado cumplir el rol que le corresponde, sin pedir cosas que no se pueden hacer. Los recursos del Estado los tienen que manejar los organismos estatales, con la participación de los sectores privados, pero con la transparencia que se exige”.
“Yo particularmente siento una altísima valoración por la Coviar, y por el plan vitivinícola que delineó el crecimiento del último año; y en este momento queremos asistir a la parte más débil del eslabón, que es el productor, que está en crisis sin la posibilidad de formar precios, y con los problemas que se generan por la cadena de pagos”, agregó Domínguez.
De acuerdo con el ministro, sería una irresponsabilidad no poner el acento en la protección del eslabón más débil y evitar ver que “hoy los hijos de los productores ya no quieren trabajar en el campo”.
Por otro lado, Dominguez le respondió a la presidenta de Bodegas de Argentina, Patricia Ortiz, quien señaló que no existía otro país en donde los productores vitivinícolas debieran pagar retenciones a la exportación. Pero, lejos de negarlo, le agradeció el aporte.
“Le agradecemos a todos los que aportan, pero en el año 2001, sin retenciones, estaban todos los productoes quebrados y hoy, el Banco Nación entrega créditos a tasas subsidiadas, las exportaciones que no superan los 500 mil dólares tienen un beneficio de la baja de retenciones y un reintegro de los derechos de exportación del 7%. Para el resto, estamos analizando todas las posibilidades en un contexto de país difícil (con el acuerdo con el FMI)”; explicó Domínguez.
La “Puja Bodeguera”: ni unos ni otros, el INV
Tal como adelantó Los Andes a principios de este mes, había una “puja bodeguera” por quien administraría los US$ 40 millones de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con destino a productores y bodegueros chicos. Un préstamo similar del BID había sido administrado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), pero finalmente el nuevo monto quedó a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
De acuerdo con lo publicado por este mismo medio días atrás, el gesto fue identificado por algunos como una muestra de que la Coviar perdió representatividad en el sector, en especial desde que Bodegas de Argentina (BdA) protestara por decisiones de la entidad y en marzo de 2021 conformara la “Mesa Nacional Vitivinícola”. Esa mesa, además de BdA, incluyó a entidades como la Asociación de Productores del Oasis Este Mendocino (Aproem), el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, la Asociación Vitivinícola del Valle Calchaquí y la Cámara de Bodegueros de San Juan.
