El anuncio del Gobierno Nacional de que las empresas privadas deberían abonar un bono de $24.000 a sus empleados generó un marcado repudio de empresarios, y Mendoza no fue la excepción. Las 7 cámaras locales que se agrupan en la Mesa de la Producción y el Empleo de Mendoza, criticaron en un comunicado en conjunto que la aplicación es muy difícil (y en varios casos imposible) mientras que se vulnera la discusión paritaria entre empresarios y trabajadores.
Dicha mesa provincial está integrada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE); Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza (Acovi); Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM); Consejo Empresario Mendocino (CEM); Federación Económica de Mendoza (FEM); Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM); Unión Industrial de Mendoza (UIM). Por ende, el documento fue firmado por sus presidentes: Sergio Martini (ACDE), Fabián Ruggeri (Acovi), Andrés Zavattieri (AEM), Eduardo Pulenta (CEM), Alfredo Cecchi (FEM), Daniel Ariosto (UCIM) y Matías Díaz Telli (UIM).
“La Mesa de Producción y Empleo de Mendoza rechaza la sistemática intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en la ya difícil y compleja realidad de los sectores productivos del país, pretendiendo ser generosos con lo ajeno, distribuyendo lo que en muchos casos es inexistente, y evidenciando, una vez más, lo alejado que está el Estado Nacional de la realidad social y económica del entramado productivo”, inicia el comunicado.
Siguiendo esa línea, la medida planteada por el Poder Ejecutivo Nacional evidenciaría “un genuino y, a la vez, grave desconocimiento del estado real del sector privado y su desesperante situación”. Tan solo se pretendería “mensajes públicos” que no pueden cumplicar la mayoría de las empresas, alimentando una ficción de “buenos” contra “malos”.
“El Estado, si desea ser generoso, debería bajar drásticamente su peso sobre el sector privado, reducir inmediatamente el Impuesto al Valor Agregado a los productos de primera necesidad. También disminuir sustancialmente los impuestos al trabajo, es decir, los aportes patronales y laborales, con el único objetivo que esos fondos vayan al salario neto del trabajador y mejoren sus ingresos”, continúa el comunicado de la mesa.
Por otro lado, los empresarios afirmaron que la práctica de entregar bonos de fin de año es habitual para empresas que han logrado resultados razonables a pesar de la coyuntura, al personal que por su esfuerzo y compromiso lo merecen. “Si hay algo que el sector privado sabe es que nos debemos a nuestro personal”, afirmaron en el texto, a la vez que aseguraron que no es necesaria la intromisión del Estado para que el sector privado haga su trabajo. “La pregunta es otra ¿el Estado sabe qué es lo que tiene que hacer?”, concluyeron.
Paritarias y convenios
Consultado por el documento, Matías Diaz Telli, presidente de la UIM, agregó que otro daño del gobierno nacional es desmerecer las paritarias y los convencios de cada sector, tratando a todos por igual. “Muchos sectores de la indutria pagan bonos en base a las posibilidades, el año, el ciclo productivo o la época del año, y acá lo ignoran, no tienen en cuenta eso, como si todos facturaran lo mismo en diciembre”, criticó antes de comentar que las empresas deberían volver a sentarse con los gremios.
Una complicación que señaló Díaz Telli es que las empresas programan sus gastos con tiempo, y esta medida llegó de improvisto a casi a mediados de mes: “Una empresa seria y ordenada desde junio hasta diciembre va ahorrando para pagar el medio aguinaldo. Y llega a diciembre con la plata justa, no con $ 24.000 guardados por cada empleado. Si no los tiene, ¿de donde los saca? ¿De un préstamo?” A eso, se suma que no tienen todavía el decreto, sino solo el anuncio.
Por su parte, Daniel Ariosto, presidente de la UCIM, comenzó afirmando que “se debe recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores” y señaló que para eso están las negociaciones paritarias: “A través de ellas vamos llegando a acuerdos de ambas partes, tanto trabajadores como empleadores. No corresponde a través de un bono inconsulto, que nos sorprende pasadas ya dos semenas del inicio de diciembre, y de pronto nos encontraromos que obligatoriamente hay que pagar estos $24.000, aparte del aguinaldo”.
Mientras que algunas Pymes intentan sobrevivir, Ariosto cree que estas medidas son peligrosas porque alientan la informalidad. “Pensamos que una salida es poder deducir el 100% de este aporte de $ 24.000 de las contribuciones patronales que realizamos a través del formulario 931. Si se nos da esa opción, podría ser una solución, una salidada, para poder enfrentar esta erogación”, agregó el presidente de la UCIM.
Además de su participación en la Mesa de la Producción y el Empleo, la FEM manifestó en otro comunicado su rechazo con respecto al pago del bono de fin de año. Desde la entidad afirman no desconocer la “urgente necesidad de una recomposición salarial” en todos los sectores de nuestro país, cuyos ingresos reales se ven afectados por los efectos inflacionarios. Sin embargo, critican que la medida no fue consultada y tampoco consensuada con las entidades que representan al sector y una vez más se aplica con un desconocimiento total de la realidad del sector empresario pyme comercial y de servicios.
“En este sentido, nos referimos a la coyuntura económica actual, la inflación que se mantiene elevada a pesar del leve descenso de noviembre y a las políticas contractivas, factores todos ellos que han llevado a un estancamiento en el consumo que afecta directamente a las PYMES”, afirmaron. Además, las ventas de los últimos meses vienen en caída libre y hay rubros con bajas de 2 dígitos. “Ante lo expresado, rechazamos esta disposición del Gobierno nacional que de hacerse efectiva, dejaría al sector privado en dificultades para hacerle frente a esta nueva imposición estatal”, cerraron desde la FEM.
La CAC también se expresó contra el bono
En otro comunicado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su “profunda preocupación” ante la obligación de otorgar el bono de $24.000.
“La Entidad comprende las motivaciones de tal decisión y comparte el interés por recomponer el poder adquisitivo de los asalariados. Sin embargo, está convencida de que el ámbito de determinación de ajustes en las remuneraciones del sector privado deben ser las negociaciones paritarias, en donde los representantes de las empresas y de los trabajadores de las diversas ramas de la actividad económica puedan acordar modificaciones salariales consistentes con la situación y perspectivas de cada una de ellas”, comentó la cámara.
Si bien la CAC reconoció como “positivo” que las Pymes puedan deducir el 50% de anticipos al Impuestos a las Ganancias, advirtió que el bono debe pagarse en diciembre junto al pago del medio aguinaldo. Por todo lo anterior, considera que la medida “perturba la necesaria planificación empresarial y que, al aplicar el mismo aumento a sectores que registran realidades claramente heterogéneas, provoca múltiples distorsiones”. El pedido es que las remuneraciones se pacten en las negociaciones paritarias sectoriales, entenidendo que son la mejor herramienta para conciliar lo que quieren los trabajadores y las posibilidades de las empresas.
