Aunque en un primer momento fue resistido por diversas cámaras, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) es ahora visto como una oportunidad por el sector empresario mendocino, después de que se incorporaran varias modificaciones en el proyecto original, tanto en Diputados como en Senadores. Sin embargo, dudan de que vaya a traducirse en crecimiento local.
El RIGI está incluido en la Ley Bases que fue aprobada por el Senado el jueves y deberá volver a pasar por Diputados. Pero se entiende que este régimen -que favorece, con incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros, a aquellos proyectos de inversión de US$200 millones o más- ya es un hecho.
Sin embargo, desde las cámaras, si bien esperan equivocarse, consideraron poco probable que esto se traduzca en posibilidades de un incremento de actividad. Es que, en un primer momento, se había pensado que los incentivos fueran para todos los sectores de la economía, pero después se circunscribió a industria forestal, infraestructura, minería, energía y tecnología, y se sumaron turismo, petróleo y gas, y siderurgia.
Carlos Galván, vicepresidente de Camespe (Cámara Mendocina de Empresas de Servicios Petroleros), planteó que las grandes inversiones pueden llegar a la explotación no convencional, pero que los integrantes de la entidad se concentran en los hidrocarburos convencionales, que son la mayoría en Mendoza.
La expectativa de la cámara está puesta en las cuencas maduras -YPF lanzó un proceso de venta de varias, del que se están esperando novedades -, donde esperan que se presenten empresas de primera línea que “inviertan seriamente”, indicó Galván. Por otra parte, señaló que, hasta ahora, lo que hacen las compañías es, sobre todo, tratar de mejorar la producción de los pozos ya existentes, pero no avanzar en exploración.
Si bien entre las modificaciones que se incluyó en el RIGI figura que los proyectos deberán contratar proveedores nacionales para al menos el 20% de la inversión -”siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”-, el empresario recordó que, en los ‘90, se importaban los contenedores para los campamentos en el país, no sólo de la industria petrolera, sino también minera.
En este sentido, manifestó que espera que, ya que estos grandes desarrollos tendrán exenciones impositivas -pagarán 25% del impuesto a las Ganancias, en lugar de 35%- y beneficios en el comercio exterior -no pagan derechos de importación por tres años y se les garantiza el acceso a las divisas para exportar-, sirvan para traccionar las economías locales y se transforme en trabajo para las pymes. “No estamos desbordantes de alegría y vemos que, lo que se vaya a producir, no va a ser de un día para el otro”, lanzó.
Eduardo Sardi, vicepresidente de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza), recordó que Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) había planteado sus objeciones al RIGI porque entendía que se perjudicaba a la industria nacional.
Por eso, consideró positivo que se haya incluido que el 20% de esas inversiones deba ser provisto por pymes locales. Pero también señaló que hay dudas sobre qué proyectos podrían desarrollarse en Mendoza, por las actividades que quedaron incluidas en el RIGI. En petróleo, analizó, no hay demasiadas perspectivas, más allá de la explotación que está iniciando YPF en Vaca Muerta en Malargüe, que todavía es muy incipiente.
Y lo mismo sucede, indicó, con la minería, ya que en Mendoza se están enfocando los esfuerzos en promover la actividad, pero se debe avanzar en la etapa de exploración en casi la totalidad de los casos y pasará un tiempo antes de que esté todo listo para iniciar la de explotación. El régimen de promoción de grandes inversiones tiene un plazo de dos años para que los inversores se presenten, con posibilidad de que se extienda por un año más.
En cambio, Sardi resaltó que el beneficio para las empresas metalúrgicas mendocinas podría darse de modo indirecto. Varias que integran la cámara son proveedoras de servicios en Neuquén, en Vaca Muerta, donde hay potencial para que se incrementen las inversiones y, con eso, la demanda de prestadoras también aumentaría.
Asimismo, señaló que hay un par de proyectos mineros importantes en San Juan que están listos para empezar la explotación y que las compañías sanjuaninas tal vez no tengan la posibilidad de abastecer por completo, lo que también sería una oportunidad para las industrias mendocinas.
Sin embargo, en el Gobierno provincial considera que el RIGI puede ser positivo para Mendoza. “La sanción de la Ley Bases y, dentro de ella, del capítulo del régimen de fomento para las grandes inversiones es muy importante y es una buena noticia para la provincia y para la economía mendocina”, aseveró la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.
Destacó que, precisamente, se esperan y necesitan grandes inversiones en materia de energías renovables; en el upstream y en el downstream, es decir en la operación y en la generación de petróleo, y en su transporte; y en minería. Esto no sólo tiene un impacto directo, sino también indirecto en la cadena de valor de estas industrias.
“Vinculado a eso, también vemos con muy buenos ojos que se haya tomado el reclamo que hicieron en particular algunos gobernadores de las provincias mineras, entre ellos el Gobierno de Mendoza, respecto al aumento de la alícuota de regalías en el dictamen, que iba a un 5% y que luego, en la discusión y en el voto en el recinto, quedó en un 3%. Esto favorece no sólo las condiciones y la seguridad jurídica, sino también la credibilidad y las reglas a largo plazo para atraer esas inversiones que necesitamos”, evaluó la ministra.
