Desde las cámaras empresarias vienen insistiendo desde hace un tiempo en la importancia de diversificar la matriz productiva y para varias esto implica favorecer el desarrollo de la industria minera. Sin embargo, en el marco de la discusión por la reforma del Código de Procedimientos Mineros, plantearon objeciones a la propuesta de eliminar el Consejo de Minería, como también a que la empresa estatal Impulsa Mendoza tenga prioridad en las áreas vacantes.
También deslizaron que el proyecto fue presentado por el Ejecutivo en la Cámara de Diputados sin haber convocado previamente a quienes podían aportar sugerencias e ideas. Y que, aunque se abrió esa posibilidad en el plenario de comisiones -de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), y de Economía, Energía, Minería e Industrias- este jueves, sólo tenían 15 minutos para dar opiniones. Y los legisladores sacarían un despacho la semana que viene, para que se trate lo antes posible.
Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), expresó que varias asociaciones pudieron ofrecer su punto de vista sobre el proyecto en comisiones, pero que el tiempo fue acotado. “No hubo un debate previo. No fuimos consultados y estos temas se tienen que analizar más profundamente, para que el envión que quiere dar el Gobierno sea eficaz”, planteó. Si bien resaltó que el sector está muy conforme con que, después de tantos años, se haya impulsado y se vuelva a poner en agenda la actividad minera, consideró que eso no quita que se puedan realizar aportes constructivos.
El común denominador de los planteos, explicó Rodríguez, fue la preocupación por la eliminación del Consejo de Minería, que integran dos geólogos, un abogado y un representante del sector empresario. Hoy, es ese ente el que tiene autoridad para conceder los derechos mineros. Sin embargo, si desaparece, esta función recaería sobre el director de Minería de la provincia.
El presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), Matías Díaz Telli, comentó que, al recibir el borrador del proyecto, junto con la invitación a participar del plenario, consultaron con especialistas en minería, abogados y geólogos. Resaltó el hecho de que se esté actualizando un código con más de 80 años, cuando en ese tiempo han cambiado sustancialmente los procedimientos, desde el descubrimiento que se hacía con mulas y hoy se puede hacer con drones, hasta los expedientes digitales.
En cuanto a la derogación de la ley que crea el Honorable Consejo de Minería, consideró que no sólo se debe conservar el espacio, sino con las atribuciones que tiene. Entendió que se pueden hacer algunas modificaciones, pero que es importante que conserve su rango de organismo científico y técnico, para dar certezas no sólo al Estado y los empresarios mineros, sino a toda la sociedad. Y que las decisiones se tomen con independencia de una posible arbitrariedad política.
Rodríguez destacó que, luego de la reunión, los legisladores se comprometieron a mantener ese órgano, lo que consideró muy positivo. Y de hecho es así. Sin embargo, Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, manifestó que están estudiando darle funciones al consejo, pero “sin perder la celeridad que necesitamos en los trámites”, con lo que se entiende que se conservaría, pero con otro objetivo.
Esta necesidad de acelerar los tiempos tiene que ver con números: en 40 días, el consejo ha sacado 20 expedientes y tiene más de 680 aún por tratar. De mantener ese ritmo, les tomaría unos cuatro años analizar los que ya tienen; sin contar con el ingreso de otros nuevos. Se debe recordar que los consejeros realizan su labor ad honorem.
El segundo planteo en el que hubo coincidencia fue en cuestionar la preferencia que tiene Impulsa Mendoza en las zonas libres o vacantes, para que queden bajo su administración y poder licitarlas o concesionarlas. Rodríguez explicó que pidieron que no se cambie el sistema vigente de concesión, a través de la prioridad temporal. Esto es, el primero que se presente, en igualdad de condiciones.
Aunque entendió que lo que persigue el Ejecutivo es que la minería avance y eliminar la especulación por parte de quien tiene una zona y no la trabaja, cuando podría acceder una empresa que sí lo haga, entendió que se debería buscar otra forma de sanear el padrón minero, sin que sea Impulsa Mendoza la que licite y concesione áreas.
Sobre esto, Díaz Telli señaló que la UIM no está de acuerdo con que existan sociedades anónimas estatales, porque el derecho comercial que les da tipicidad tiene una lógica muy distinta a la del derecho público y administrativo que rige al Estado. En cuanto al planteo de celeridad, ilustró que, de ser ese el motivo, cada escuela debería ser una SA y desaparecer la DGE. En cambio, indicó que preferirían que la Dirección de Minería tenga más fuerza y equipamiento, y que se enfoque en eso el esfuerzo estatal.
Por otra parte, resaltó que la institucionalidad es lo que diferencia a Mendoza de muchas otras provincias del país. Y que el hecho de que se haya abierto el debate es destacable, aunque el Ejecutivo no tome todas las propuestas que se hicieron.
Lombardi expresó, luego del plenario del jueves, que están abiertos a escuchar propuestas, pero nadie trajo una alternativa. Añadió que están tomando modelos que en otras provincias se han utilizado y que darle prioridad a la empresa estatal permitirá terminar con el “negocio inmobiliario de las propiedades mineras” o el “traspaso del papelito”.
Desde el Ejecutivo, en tanto, sumaron que están recibiendo las sugerencias, tanto de la oposición, como de las asociaciones, y que el lunes mantendrán una reunión con los representantes de las cámaras empresarias para hablar sobre estos temas.
La creación de Impulsa Mendoza SA fue anunciada por el gobernador Rodolfo Suárez en el cuarto Foro de Inversiones y Negocios, un año atrás. La empresa estatal nació con el capital de Potasio Río Colorado, con el objetivo de promover las inversiones mineras y, en particular, financiar tareas de exploración. De hecho, participó en la de Hierro Indio.
Tiempos que corren
Aunque el Gobierno viene trabajando para que la minería se desarrolle con más fuerza en la provincia desde hace años, este mes se fueron precipitando con gran velocidad una serie de avances. Todo comenzó, al menos “hacia afuera”, con el discurso del gobernador Alfredo Cornejo en el quinto Foro de Inversiones y Negocios, que organizan el Ejecutivo y el Consejo Empresario Mendocino.
En ese ámbito, el jueves 29 de febrero, planteó que “el mundo necesita el cobre, y en Mendoza hay cobre y a montones”, resaltando que este mineral es esencial para la transición energética. También subrayó que “el 80% del cobre se saca en el mundo con reglas prohibitivas, como las que existen en Mendoza, y no hace falta en esta primera instancia ningún cambio a esa legislación”, para aclarar que no es necesario modificar la ley 7722 para poder avanzar.
En el mismo foro, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentó “Pilares” una “hoja de ruta” para la exploración y explotación del cobre en la provincia. Y horas después, una comitiva -presidida por Cornejo y Latorre- partía hacia Canadá para participar de una feria minera, con el objetivo de atraer inversiones al distrito minero Malargüe Occidental, con una superficie de 20 mil kilómetros cuadrados y unos 200 permisos mineros.
“Podríamos tener el Vaca Muerta del cobre en Mendoza con el potencial que tenemos”, expresó la ministra al volver de Canadá. Esto muestra un cambio de foco con respecto a la gestión anterior, que esperaba que la exploración por parte de YPF de la lengua norte de Vaca Muerta en Malargüe -de la que aún no se han difundido resultados- fuera el motor para el despegue de la actividad económica de la provincia.
Latorre ejemplificó lo que podría significar para la provincia avanzar en la exploración: “Si logramos que ocho empresas estén explorando en Mendoza, en el corto plazo podemos generar inversiones por 160 millones de dólares”.
El 5 de marzo, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que, en uno de sus anexos, modifica el Código de Procedimientos Mineros, con la intención de agilizar los plazos administrativos y mejorar las herramientas de control. “Enviamos a la Legislatura un proyecto para actualizar el Código Procesal Minero de Mendoza, que rige desde 1945, por lo que no se adapta a los nuevos procedimientos de protección ambiental, transparencia y criterios de desarrollo sostenible que requiere esta actividad”, anunció Cornejo.
