La literatura plantea que un modelo económico es una representación simplificada de la relación entre distintas variables que explican cómo opera la economía. A partir de esa conceptualización, las interpretaciones varían en función de los objetivos que se postulan y la eficiencia de las herramientas seleccionadas.
Mendoza, con una estructura productiva que combina agro e industria, a la cual se incorporó turismo y servicios, contabiliza las variables macroeconómicas necesarias para un desarrollo socioeconómico de características propias y sustentables.
Los datos vigentes de la provincia permiten identificar problemas cuyo origen se puede asociar a errores en la interpretación de eventos con impacto en escenarios futuros. La tasa de crecimiento promedio anual del Producto Bruto Geográfico a valores constantes y sin pandemia sanitaria para el período temporal 2005-2019 es del 1,5%. La serie histórica registra crecimientos significativos como un 7,7% en 2006 y una caída del 5,8% en 2016.
El indicador macroeconómico es sólo la representación numérica de un estado de situación que el ciudadano percibe de forma directa en su economía familiar. La reducción de las opciones de trabajo, la informalidad laboral, las escasas posibilidades de acceso a la vivienda familiar propia y el incremento de los precios de alimentos y servicios que deteriora el poder de compra de los salarios, es una realidad que se profundiza en el tiempo y empuja gradualmente a una porción de la sociedad mendocina a la pobreza.
En el período 2004-2015 la UCR y el PJ se alternaron en la administración de la provincia. No es el caso de la administración nacional, que hasta diciembre de 2015 estuvo en mano del PJ. En dicho segmento de tiempo (12 años) el PBG de Mendoza registró una tasa de crecimiento promedio anual del 2,5%. Desde 2016 y hasta 2019, tanto la administración provincial como la nacional fueron ejercidas por la línea política que representaban al PRO y la UCR, cuya concepción de la política económica evidenciaba una mirada diferente de lo realizado por el peronismo.
El ex gobernador J. Cobos (2003-2007) y sus funcionarios, interpretaron que acoplarse a la estrategia nacional en los temas económicos no era una alternativa, sino el único camino para superar la compleja situación provincial. Celso Jaque (2007-2011) y Francisco Pérez (2011-2015), incorporaron los objetivos provinciales a los nacionales en una progresiva integración regional en infraestructura vial, energética y productiva, sólo alterada por eventos específicos del contexto internacional.
El pragmatismo del peronismo en temas económicos tuvo aciertos y errores. Entre los primeros, se destaca potenciar la pauta salarial por sobre los niveles de precios de bienes y servicios. El uso excesivo de instrumentos financieros para financiar el gasto público, como respuesta a la restricción del financiamiento internacional, se puede asociar a un error.
En los inicios de 2016, la administración local comenzó a dar indicios de cambios en el diseño del modelo económico. Las decisiones se centraron en un incremento sostenido de la participación del sector privado en la definición de los objetivos de corto y mediano plazo del esquema productivo provincial. La irrupción y aplicación plena de premisas liberales, tuvieron como destino generar un clima propicio para la inversión privada. La misma apalancaría un nivel de actividad sostenible en el tiempo, que permitiría acceder a un beneficio socialmente compartido.
Las proyecciones del gobierno mendocino no se cumplieron. Las inversiones privadas en volúmenes sustanciales fueron escasas. Combinado con una deficiente asignación de recursos (nacional y subnacional) dinamizó el deterioro económico provincial. La realidad generó, a la administración de la provincia, la necesidad de enfrentar dos escenarios de forma simultánea: 1) La generación de recursos insuficientes para enfrentar las demandas futuras de pago de un endeudamiento creciente y 2) superar las restricciones propias de un modelo económico que no lograba poner en perspectiva un proceso de recuperación económica.
Desde un sector del empresariado local se postulan medidas que buscan reducir la presión tributaria, el número de empleados públicos y la paulatina eliminación de subsidios. Los argumentos que avalan dicha posición se sintetizan en una menor presencia del Estado en todas las dimensiones de la administración pública.
Las experiencias pasadas y presentes de un modelo económico mendocino de características similares al actualmente vigente, no lograron su objetivo y provocó un deterioro de la estructura social y productiva. En el propio territorio provincial desde 2016 conviven dos experiencias con similares objetivos de bienestar para la sociedad, pero con una participación del Estado diferente. El Departamento de San Rafael, con un gobierno municipal que interviene de forma directa en la solución de un problema que reduce las opciones de comercialización de la producción agrícola, como es el caso concreto de los pequeños productores del sur mendocino, y un gobierno provincial que abdica ante la presión de referentes del “mercado” que buscan priorizar y maximizar la rentabilidad de sus inversiones.
En síntesis, las acciones implementadas en ambos casos no son neutrales y quienes asumen responsabilidad en la administración de los bienes del Estado, tienen un rol central en el diseño y orientación del proceso de desarrollo económico de largo plazo. El interrogante entonces es cómo hacer para que Mendoza pueda definir y consolidar un modelo de desarrollo económico con visión estratégica.
*El autor es economista.
