Esta semana, el Gobierno nacional derogó una norma que establecía que los colegios privados debían informar el valor de las cuotas a la Secretaría de Comercio, lo que se interpretó como un primer paso hacia la desregulación de los aranceles. Sin embargo, en Mendoza, desde mayo de 2023, en los establecimientos de gestión privada que reciben aporte del Estado se aplican subas bimestrales, calculadas a partir de una fórmula preestablecida.
El último aumento que se dio a conocer se aplicó en noviembre, pero hubo un nuevo ajuste en enero, del 18%, que no fue difundido, ya que los colegios privados pueden cobrar 10 cuotas al año, de marzo a diciembre. De ahí que cobren una matrícula, que suele equivaler a dos meses, para solventar los salarios de enero y febrero; meses en los que el Estado provincial transfiere el 100% del aporte, aunque el resto del año reciban distintos porcentajes de subsidio.
Este último incremento sólo afecta a aquellas familias que deben ponerse al día ya que, cuando abonen las cuotas pendientes, se les tomará este nuevo valor. Pero se debe tener en cuenta que el porcentaje de aumento que se aplique en marzo no será sobre el monto de noviembre y diciembre, sino sobre el actualizado en el primer mes de 2024.
Por otra parte, la fórmula de ajuste toma la variación de tres componentes: la evolución de salarios en función de un cargo testigo de docente con antigüedad (10 años); el Índice de Precios al Consumidor; y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Y es de esperar que sea notorio el efecto de la inflación de diciembre y enero.
María del Carmen Amat, vicepresidente del Consejo de Educación Católica de Mendoza (Consec), planteó que la situación financiera de los colegios privados que reciben aporte estatal es muy compleja y adelantó que hoy tienen una reunión, para analizar opciones. Para poner un ejemplo, indicó que ella es representante legal en uno de ellos y que hace unos años la erogación de sueldos no alcanzaba el 80% de los ingresos, mientras ahora supera el 100%. De ahí que no sólo no cierra el presupuesto, sino que no ha podido pintar ni realizar tareas de mantenimiento necesarias, sobre todo cuando se trata de establecimientos que tienen hasta 100 años de antigüedad.
Resaltó que la fórmula los benefició, porque les da una cierta previsibilidad, pero no se contemplan ciertos aspectos como los bonos extraordinarios -como el de $60 mil que se está discutiendo en paritarias- o la cláusula de garantía (que permite equiparar el salario local con el básico nacional). Estos pequeños desfasajes, al irse acumulando, llevan a que muchos colegios estén comprometidos; en especial, porque acumulan muchos años de atraso.
Amat detalló que hay escuelas que van a tener que pagar los sueldos de enero en cuotas, o tienen deudas con AFIP, o están con planes de pago para regularizar los aportes de obra social y jubilación. De ahí que algunos hayan optado, para afrontar esta situación, por pedir un aporte voluntario a las familias durante el verano, lo que tuvo respuestas muy variadas por parte de los padres.
Pese a este panorama, resaltó que la morosidad es baja, del orden del 5%, ya que, para poder pagar la matrícula es requisito estar al día. Y sumó que no ha habido una rotación importante, aunque la brecha entre los colegios con aporte estatal, que tienen el valor de la cuota controlada, y las que se solventan sólo a partir del pago mensual de las familias (y pueden ajustar como consideren conveniente) es muy grande, ya que va de los $25 mil en un caso a $125 mil en otro.
