Los primeros días de febrero, el Gobierno nacional adelantó el relanzamiento del programa Precios Justos, con subas del 3,2% durante cuatro meses, en lugar del 4% que debía seguir vigente hasta el último día de ese mes. Ahora, apunta a adelantar nuevamente la renovación, prevista para fines de junio, pero esta vez con un porcentaje superior, del 5%. Sin embargo, en Mendoza sólo se consiguen entre 25% y 30% de los productos de supermercado incluidos en esta iniciativa.
En ambos casos, el motivo del adelanto y la modificación del ajuste fue la suba de precios. En febrero, se buscó contener la inflación y, por estos días, asegurar el abastecimiento de estos productos con aumentos controlados, al reconocer que los costos de las empresas han tenido incrementos muy superiores al porcentaje de actualización mensual acordado.
Para entenderlo, hay 2.000 productos de supermercado que tienen precios congelados por 120 días, a partir de un acuerdo voluntario con empresas productoras y comercializadoras, pero sólo en marzo, según los datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), los alimentos y las bebidas no alcohólicas tuvieron una suba intermensual de 9,3%.
Y la inflación general alcanzó el 7,7%, lo que también deja muy atrasada la actualización del 3,2% mensual hasta junio para el resto de los rubros, como indumentaria, calzado, hogar, construcción, celulares, medicamentos, entre otros (15 en total).
La propuesta, que el Gobierno ya habría empezado a negociar con los privados, es que estos productos congelados tengan un aumento mensual de 3,8% en los próximos 90 días. Mientras que los otros artículos incluidos en Precios Justos podrían ajustarse un 3,2% a principios de mes y un 1,8% adicional alrededor del día 20, durante mayo, junio y julio.
En Mendoza
José Cortez, director de Fiscalización y Control de la provincia, señaló que, a fines del año pasado, cuando se lanzó Precios Justos -que vino a reemplazar a Precios Cuidados-, se relevó cómo se estaba implementando el programa en sucursales grandes de supermercados y se encontró que, de los casi 1.900 productos que se anunciaban para Mendoza, en el local que más había se llegaba a los 900, mientras en los restantes el número de artículos oscilaba en los 600 (poco menos de un tercio del número del listado).
Sobre esto, se debe tener en cuenta que, por tratarse de un programa de adhesión voluntaria, las cadenas incluyen productos de marcas propias y, como es de esperarse, sólo están disponibles en esos comercios. Un dato curioso: la app oficial permitía denunciar la no existencia de estos artículos de marca propia en cualquier supermercado. Además, en algunos negocios, cuando eran consultados por los inspectores sobre la ausencia de un determinado producto, les respondían que nunca los habían recibido.
Por otra parte, en más de una ocasión, Rubén David, del mayorista Oscar David, donde también tienen disponibles productos de precios controlados, ha comentado que les llega un cierto stock de estos artículos y, como su valor es inferior a la media, los compradores se inclinan por estas opciones y pronto desaparecen de las góndolas, sin que los comerciantes tengan posibilidad de reponerlos.
Cortez explicó que los supermercados, como saben que son objeto de controles periódicos, suelen cumplir con estos programas. Y coincidió en que, cuando un producto es incluido en una lista de valores congelados o que se ajustan por debajo de la inflación, no se puede aumentar la elaboración por eso, ya que las fábricas tienen programas de producción ya definidos.
De hecho, si un comercio pide a sus proveedores que le envíen más cantidades, es probable que le respondan que le van a enviar el volumen histórico. Esto genera que, cuando la demanda de un determinado artículo es muy grande, comience a haber faltantes en las góndolas; situación que se produce con frecuencia con los productos de Precios Justos y que ha llevado a que se fijen límites de venta -como máximo dos unidades- por cliente.
Es que, además, hay pequeños comerciantes que aprovechan para comprar estos artículos a valores más convenientes para sus negocios, como también gastronómicos que optan por abastecerse de ciertos insumos -como harina o aceite- en el canal minorista. Y, desde hace unos días, se ha sumado la avalancha de chilenos que vienen a Mendoza a hacer sus compras de supermercado.
Sin controles
Más allá de que los comercios eligen adherirse a este programa, un cambio a nivel nacional provocó que no se esté controlando en la provincia su aplicación. Cortez explicó que, cuando asumió Sergio Massa, el Ministerio de Economía de Nación emitió una resolución en la que establecía que el programa ya no estaba bajo la órbita del área de lealtad comercial (y, con ello, de Fiscalización y Control de la provincia), sino que pasó a Defensa del Consumidor.
Tampoco se podían aplicar sanciones, sino relevar el cumplimiento del compromiso por parte de las empresas e informar a la Secretaría de Comercio. También se estableció que las provincias y los municipios podían firmar acuerdos con Nación para verificar los precios.
Desde la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia detallaron que tienen competencia para recibir denuncias y que, hasta el momento no se ha registrado ninguna por incumplimiento del programa Precios Justos. Asimismo, plantearon que es importante tener en cuenta que la resolución de noviembre de 2022 tenía vigencia hasta febrero 2023 y no han recibido ninguna notificación de que se haya actualizado, por lo que están esperando que les envíen una copia del nuevo acuerdo.
