Detrás de la declaración de la Prestación Básica Obligatoria (BOP), el Gobierno Nacional y los servicios de comunicación sostienen una larga batalla tarifaria, que en agosto ha tenido un nuevo capítulo. Ahora, en un “nuevo round”, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) rechazará los aumentos en los servicios de telefonía, internet y televisión paga que las empresas comunicaron a sus usuarios y aplicarían a partir de agosto y setiembre.
Para el vicepresidente de Enacom, Gustavo López, “Lo que pretenden las empresas es un proyectado de un 60 a 70% de aumento en el año”, incrementos a los que calificó de “disparate”. En tanto que respecto a la posición de quienes promueven que el Estado subsidie la demanda y deje los precios liberados a la competencia indicó: “Subsidiar la demanda sería: cobren lo que quieran que el Estado lo paga. Nosotros decimos: cobren lo justo, lo razonable, que nosotros también ayudamos”.
En enero se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones. El Enacom había autorizado hasta el 1 de julio un ajuste en el valor de la tarifa en torno del 20%, pero las empresas prestadoras del servicio subieron sus precios un 32%, amparadas por medidas judiciales (cautelares) que frenaron la aplicación del DNU 690 y su reglamentación que categorizó a internet, la telefonía móvil y TV paga como servicios públicos esenciales.
Este vez, de acuerdo al artículo 3, de la resolución 862 firmada por el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, las compañías licenciatarias de los servicios de internet, telefonía fija, radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico y radioeléctrico y los licenciatarios por suscripción mediante vínculo satelital podrán incrementar sus precios hasta un 5% retroactivo al 1° de julio de 2021.
La resolución que fue publicada en el boletín oficial fijo un valor máximo (impuestos incluidos) de $ 25 por día para 50MB de datos móviles, el precio del segundo de voz en $ 0,38 y el valor máximo del SMS en $ 5 para servicios móviles en la modalidad “prepaga”. Mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) obligatoria, la cual establece precios accesibles a los servicios de telefonía celular, telefonía fija, Internet y televisión paga no fue alcanzada por esta resolución.
Recordemos que el Gobierno nacional ha buscado ponerle fin a la disputa de las tarifas de servicio que –por la medida cautelar- posee Telecom, DirecTV y Telecentro, entre otras firmas, quitándole la autonomía que poseen para la confección de sus precios al considerarlas una distorsión. Estas compañías venden sus servicios fuera de la línea que ha trazado el Enacom; contrariamente con lo que ocurre con las empresas de telefonía Movistar y Claro.
Internet o no internet
Gustavo López señaló que la declaración de internet como un servicio esencial para el público es una recomendación que han brindado las Nacionales Unidas, el funcionario puso como ejemplo la actualidad de Chile, porque el país trasandino “ya tiene media sanción el servicio público de internet”, mientras que al referirse a Colombia el funcionario señaló que se aprobó recientemente la declaración de servicio esencial.
“Nosotros creemos y lo sostenemos porque nos parece que como la luz, el gas y el agua, es un servicio esencial para la vida cotidiana. La declaración de servicio público nos permite pensar y discutir hacia adelante normas que garanticen el acceso. Todo lo demás estamos dispuestos a conversarlo siempre”, había explicado López.
“El Enacom ha escuchado poco a las empresas del sector, tiene un desconocimiento alto sobre los costos que manejamos y las necesidades de reinversión que tenemos. Si bien ha tomado algunas medidas para atenuar las asimetrías (por ejemplo: la prestación universal básica dependiendo de la cantidad de clientes, de la localidad y la posibilidad de ancho de banda), creemos que es insuficiente para ayudar a los pequeños prestadores de Intenet”, le había contado oportunamente a Los Andes el mendocino Rodolfo Bianchi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Pequeños proveedores de Internet (Cappi).
