Sin duda que situaciones extraordinarias requieren enfoques distintos de los usuales; sin embargo ello no supone repetir errores cuyo fracaso fue evidente.
En este sentido, y tal como se había advertido desde distintos sectores industriales y comerciales al anunciarse meses atrás dichas restricciones, la medida adoptada no corrigió la situación que se pretendía resolver, y también generó consecuencias previsibles, tanto en cuanto a precios al consumidor como en términos de empleo.
En materia de precios, y desde la adopción de las restricciones, si bien algunos cortes de carne vacuna registraron leves bajas, el rubro “Carnes y derivados” del Índice de Precios al Consumidor, exhibió un crecimiento de precios en torno al 3% por mes, y del orden del 70-80% como acumulado en los últimos doce meses.
En materia de producción de carne vacuna y empleo, las restricciones no estimularon una mayor producción de carne volcada al mercado interno, sino que, por el contrario, la faena se redujo más de un 10% comparada con igual período del año 2020.
Ello se reflejó no sólo en el cierre temporario de varios frigoríficos con las consiguientes suspensiones de trabajadores y reducciones de ingresos personales, sino también en el impacto negativo sobre actividades relacionadas con toda la cadena productiva asociada. Sólo por dar un ejemplo, produjo una menor oferta y consiguiente suba de precios de derivados de la faena de carne, como sebos y grasa que se usan en otras industrias; también se redujo la contratación de toda la cadena logística que acompaña los procesos de exportación, desde los fletes internos, servicios portuarios y financieros, entre otros.
Cabe destacar que en el pasado el sector ha aumentado las exportaciones, ingresando divisas al país y cumpliendo a su vez con la demanda mundial sin afectar el consumo interno de carne en Argentina.
Todo ello permite ratificar que, lejos de corregir una situación cuyas causales últimas no están en el sector productor y comercial, la medida anunciada agudizará los efectos negativos demostrados hasta la fecha: desincentivos a producir más, suspensiones de empleo, pérdida de imagen como proveedor confiable ante los mercados externos, cesión de mercados a nuestros competidores y, sobre todo, una inflación cuya raíz no está en esta industria.
La Doctrina Social de la Iglesia sostiene que “…Para llevar a cabo su tarea, el Estado debe elaborar una oportuna legislación, pero también dirigir con circunspección las políticas económicas y sociales, sin ocasionar un menoscabo en las diversas actividades de mercado, cuyo desarrollo debe permanecer libre de superestructuras y constricciones autoritarias o, peor aún, totalitarias…”
Desde ACDE consideramos que reiterar estas medidas que han probado su fracaso, reducirá las posibilidades de crecimiento de la economía, y no permitirá reducir los niveles de pobreza e indigencia que asolan a millones de nuestros hermanos.
Confiamos que las autoridades respectivas habrán de saber ejercer la necesaria prudencia para revertir a la mayor brevedad las restricciones impuestas.
